TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Cuando usamos la noción de rescate, identificamos una acción que permitirá resarcir una anomalía para regresar luego a la normalidad. Es cuando se piensa, con datos duros a la mano o con una apreciación correcta de la realidad, que un problema es difícil de resolver y que urge un esfuerzo superior para lograrlo.
A un rescate, precisamente, es a lo que se comprometió Indira Vizcaíno tras criticar la basificación de trabajadores de última hora que el gobernador IPS instrumentó para dejar bien encajados en la 4T a empleados entre los que hay numerosos amigos, amigas, familiares y compadres que lo acompañaron en su travesía, sabiendo aún que heredará una carga financiera más al gobierno de la entidad.
“Si a mitad del año ya no hay dinero para nómina, es irresponsable pensar que se tienen que estar generando nóminas obligatorias en un gobierno financieramente quebrado”, dijo muy convencida la gobernadora electa, quien se comprometió a lograr un equilibrio en las finanzas públicas en un entorno de deuda de más de 8 mil millones de pesos, visto esto nada más “por encimita”.
Esa operación oficial constituye un reto muy particular para Indira. Puede tomar dos caminos: condescender, hacerse de la vista gorda ante un hecho reversible que causará más daño a las finanzas estatales, y / o atacar jurídicamente ese despropósito para generar la confianza en las instituciones y reconstruir de poco a poco un Estado de Derecho convertido en una piltrafa los últimos seis años. Es probable que entre los basificados haya personas que lo merezcan, pero seguro que las hay donde ese trámite no tendría que proceder por la antiguedad mínima de muchos que llegaron a laborar al sexenio actual y que se quieren ya quedar porque sintieron el calorcito sabroso de la nómina. Algunos dirán: ¡ ni los militares me arrancan de este escritorio !
Hay un dato que arroja la entrevista de Indira Vizcaíno a un diario local referente al apoyo que dará el presidente Amlo al nuevo gobierno. Dijo que de hecho ya lo está dando para el pago de nómina, y agregó que hará “un balance” para identificar lo que se hará para lograr el equilibrio económico, lo que incluirá una política austera y el mejoramiento de la recaudación.
Seguramente, Indira no ignora que el gobernador Ignacio Peralta, dejará el cargo con varios asuntos abiertos y un cúmulo de observaciones de la cuenta pública 2020 por parte de la AuditorÍa Superior de la Federación, según refirió en agosto pasado el periodista Darío Celís en El Financiero, quien anunció demandas de varios proveedores del gobierno de Colima que no quedaron contentos con los adeudos, así como “una serie de investigaciones que escudriñan las cuentas bancarias personales de varios personajes que se prestaron a encubrir diversas operaciones de compraventa que se hicieron durante su administración y que siguen en la mayor secrecía.”
Al margen de lo que pueda averiguar la ASF, la verdad es que el nuevo gobierno entrará en un berenjenal nomás al iniciar. Le tocará hacer una revisión exhaustiva de la nómina para detectar duplicidades, movimientos extraños, o darle mate o continuidad a los programas estatales. El gobierno no puede soportar carga excesiva de personal a no ser que desee aumentar impuestos para darle cabida a un incremento.
¿ Por qué no pensar en que la nueva legislatura pudiera elaborar algo parecido a una ley de autonomía financiera como la exhibida el 15 del presente mes por la presidenta de la comunidad de Madrid para proteger la política fiscal. En esas latitudes han puesto manos a la obra, se quiere saber en qué se gasta el dinero de los impuestos recaudados y que se garantice transparencia, a diferencia de en nuestro estado donde nadie nunca sabe “donde queda la bolita”. Y en Colima, los ciudadanos también queremos saber en qué se gasta y cómo el dinero de los contribuyentes.
Porque aquí, los gobernantes han hecho lo que han querido con nuestro dinero, y no han rendido cuentas claras en lo general ( con algunas honrosa excepción). Esto es histórico. Nadie los ha puesto en razón, se han sentido dueños únicos de la hacienda pública. Manejan las finanzas a su antojo protegidos por legisladores genuflexos a más no poder, que no quieren causarle molestias al señor, al virrey de turno, y porque hay una sociedad acostumbrada a que los gobiernos “roben, pero que hagan algo”.
Pero no debe ser así, debe ponerse un alto a los latrocinios. Indira llega al poder con la confianza de haber ganado claramente una elección, pero peligrará esa relación con los ciudadanos si evade sus demandas de aclarar el estado de quiebra en que está Colima. Ni tarda ni perezosa, ha de dejar satisfecha a toda esa gente de “nuestra Colima” que pide una acción oficial que permita no solo resolver los problemas económicos y enfilar a un rumbo nuevo, sino recuperar lo sustraído, si es que se dañó a la hacienda estatal o averiguar si se comprometieron bienes públicos, que son de todos, mediante el tráfico de influencias. URGE UNA RECUPERACIÓN MORAL.
No hay mejor manera que entrar con el pie derecho a una responsabilidad como la que asume Indira. En Colima hay una sociedad muy despierta por lo que habría pesar y muchos problemas para el poder constituido si se simulan situaciones respecto a la necesaria investigación de las estropeadas finanzas públicas.
Como abogada, Indira sabe que es un reto mayor fortalecer el Estado de Derecho, para lo que se requiere el reconocimiento de la primacía de los valores éticos del Derecho, con la consiguiente voluntad de someterse a ellos, y un conjunto de técnicas que hagan práctica incuestionable esa sumisión.