Eso ocurre en todo el país y también en nuestro estado, esto es abuso de poder.
Así le ocurrió anteayer a Héctor Espinosa Valdovinos, hijo de de nuestro compañero columnista Héctor Espinosa Flores, quien fue interceptado cercas de las oficinas de la Procuraduría General de la Republica y de la Procuraduría General de Justicia en el tramo donde construyen el mercado de abastos, por dos agentes policíacos en un vehiculo Tsuru blanco sin placas, que después de perseguirlo sin justificación y amenazarlo con una arma apuntándola a la cabeza, lo esposaron por razones que ellos solos saben hasta ahora, para que después de un forcejeo por razones naturales del joven al pensar que era un secuestro luego lo dejaron ir, después de que los agentes hablaron a las oficinas centrales, lógico lo soltaron sin ninguna disculpa.
Este es un abuso de poder, impune que posiblemente quedara solo en las líneas de los periódicos y en los archivos, estas arbitrariedades deberían estar ya desterradas, y mal se ven las autoridades policíacas en su buena “coordinadas para estos abusos” porque a pesar de que fueron varias patrullas al lugar de los hechos por un pitazo de que posiblemente era secuestro, tampoco le informaron al joven de cual corporación eran los agentes policíacos y menos aun de quienes se trataban porque el afectado siempre les requirió que se identificaran, pero la identificación de uno de ellos fue la pistola apuntándole en la cara, lo cual quiere decir que si era agente policiaco.
Este abuso de autoridad como cualquier otro debería ser investigado y tratado con la importancia que merece, lo cierto es que son ya varios los incidentes, porque así les llaman, pequeño incidente, pero que se hace demasiado grande si esto le ocurriera al hijo de un alto funcionario.
En otro tema relativo a delitos contra periodistas o posiblemente relacionado al anterior tema ya que si analizamos en otra línea posible de investigación, lo que le no pudo ser por error simplemente lo que le ocurrió al hijo del periodista Héctor Espinosa puede estar también relacionado a su quehacer periodístico, porque lo que le paso a su hijo debería considerarse también como una llamadita de atención por alguna critica publica que se sintió agredido algún jefecito o jefezote.
Bueno, en temas de agresiones o delitos contra periodistas la Procuraduría General de la República (PGR) creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, en el Diario Oficial de la Federación se publica la creación de esta Fiscalía, que dependerá de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, autorizan a personal adscrito en las delegaciones inclusive para asesorar jurídicamente y en forma gratuita los asuntos que se ventilen en los estados.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, sugirió en conferencia magistral en el foro Crimen organizado y abuso de poder “Retos y futuros de la libertad de expresión en México”, refirió que el círculo perverso en el que se ven atrapados los profesionales de la información, van desde la amenazas hasta los homicidios, “las estaciones intermedias son la violencia, el miedo, la incertidumbre, la duda y en ocasiones la autocensura”. Mencionó tambien que el avance democrático de un país se mide, entre otros aspectos, en función de la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y las libertades de expresión y de prensa, de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana.
Sostuvo que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos en torno a los abusos de poder y demás actos violentos contra periodistas y sancionar a quienes los llevan a cabo sea el funcionario que sea.
De igual forma sugirió la creación de un grupo de élite “debidamente preparado y sensible que proporcione capacitación a los servidores públicos en los ámbitos federal y local y en especial a los cuerpos policíacos que tienen la responsabilidad de efectuar las investigaciones en esa materia”.
Como puede apreciarse en los delitos contra el ejercicio de la libertad de expresión, “hay un común denominador: las autoridades no dan con el móvil y no logran aprender a los responsables, eso viene creando una impunidad institucionalizada” y un abuso de poder desmedido.
Los operativos para desviar y parar vehículos constantemente y ala hora que se les antoje retardando las llegadas a los centros de trabajo o escuelas por la Dirección de Transito en Villa de Álvarez, en la ciudad capital, en Manzanillo de parte de los Ayuntamientos y por el Gobierno del Estado, violan los postulados de la Constitución General de la Republica, son acciones que se consideran como abuso de autoridad, pero que los implementan por falta de recursos económicos, pero no para prevenir y menos para proporcionar alguna información benéfica para los conductores.
Pero de poco pueden servir las denuncias públicas de estos abusos si el gobierno es insensible a las quejas de la ciudadanía y si los responsables de estas áreas no se modernizan y capacitan a su personal, y por el contrario se encuentran abiertamente como impulsores de estas irregularidades, aunque los recursos de las ganancias de esos operativos no son siempre para los Ayuntamientos sino para los responsables de montarlos con el repudio de los ciudadanos.