TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Gran revuelo ha causado en Colima la solicitud crediticia del gobierno estatal para contratar deuda por 750 millones de pesos y terminar la construcción del C5, mejorar la infraestructura en salud y remodelar palacio de gobierno, trámite que se finiquitó anteayer con su autorización a manos de 15 diputados de los 25 que integran el Congreso. El debate proseguirá al igual que diversas controversias en tribunales. La deuda pública de Colima a octubre de 2019 ascendía a 2 mil 696 millones de pesos, a la que hay que sumar aquella cantidad.
Aprobada esa gestión financiera por una comisión legislativa previa y luego por un Pleno reducido por diez ausencias (inexplicables), va a contracorriente de la sentencia del presidente Amlo y de los compromisos de los congresos dominados por Morena en las entidades, de que no habrían de aprobarse solicitudes crediticias “porque los gobernadores sucumbirían a la tentación de desviar los créditos para fines electorales” y otros distintos a los especificados en sus solicitudes. Amlo, chucha cuerera, los conoce requetebién. Ante tal recomendación, con mil y un argumentos, el gobernador IPS ejecutó el trámite respectivo con el cabildeo especial de Rogelio Rueda y demás diputados contrarios a Morena.
La deuda pública es un aspecto muy importante en las finanzas de todo gobierno. Se encuentra normado por el artículo 73, fracción VIII de la Constitución Federal, que concede la facultad al Congreso de la Unión para establecer las bases para los empréstitos que puede celebrar el Poder Ejecutivo. En las entidades, guardando las proporciones, hay la misma regla.
La finalidad principal de la figura de la deuda pública es que se celebren empréstitos para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, un beneficio en el nivel de vida de la sociedad, o la construcción de infraestructura de gran tamaño y costo. Ambos supuestos alimentan la solicitud de IPS. Este tipo de deuda ha de brindar mayor liquidez a la hacienda pública y permitir el mejoramiento de la situación de la población en el mediano y el largo plazos, es decir, aumentar la productividad, la competitividad, el desarrollo social y económico.
¿Pero qué cree usted? En Palacio Nacional, sede del poder presidencial, no creen en los reyes magos; le dan “soplidos al jocoque” como dicen en los pueblos cuando existe el temor o la desconfianza de que las cosas quizás no saldrán como se espera. Amlo ha sido especialmente crítico ante políticas financieras de las entidades porque no asumen el riesgo de endeudamiento que conllevan cuando el destino de los créditos se desvía hacia otros fines.
Van datos: En un periodo de diez años que abarca desde 2001 hasta 2011, la deuda pública de todas las entidades federativas aumentó, en promedio, un 314.3%; mientras que tan sólo en el estado de Colima, el incremento de la deuda fue de 642.3%. La mayoría de entidades son buenas para recibir recursos, pero también para no cobrar impuestos por conveniencia política de gobernadores que no quieren lastimar la economía de sus electores. Y menos en estos tiempos de pandemia.
Las entidades federativas gastaron más del doble de recursos en el servicio de la deuda contraída en inversión productiva, durante 2017. Erogaron 142 mil millones de pesos en intereses y comisiones de la deuda pública ese año. El reporte indica que lo gastado en pago de deuda en 2017 fue 9% del gasto total; se trata de la proporción más alta en 21 años y, por primera vez desde 1996, este rubro superó lo que se invirtió en obra pública, en el que se destinaron 62 mil millones de pesos (4% del total). Por cierto, de su gasto total, Colima en el 2017 apenas invirtió un 3.0 en obra pública. O sea, casi nada. Y las obras escasearon y escasean.
Antes de la aprobación del famoso crédito, uno de los diputados, de Tecomán, dijo que la administración que sigue es la que debería contratarla y no la actual de Ignacio Peralta “porque no está comprometida la seguridad ni la salud”, aunque el dirigente esta”tal de Morena dijo que sí se justifica la deuda pero solo en materia de salud.
Es evidente que el tema, aparte de consistir en la aprobación o no de una suma millonaria, está salpicado de politiquería. Los morenos saben que se están jugando su suerte ante los electores si actúan en forma irresponsable. También lo saben sus opuestos. Las redes sociales les han advertido que cada conducta de los diputados está siendo analizada por grupos interesados y ciudadanos y que no les perdonarán una decisión desvinculada de los intereses sociales.
Aprobado el crédito, el reto básico será el de fortalecer la rendición de cuentas en el gasto que se haga, en el que por un lado se logren castigos más efectivos contra quien cometa desvíos de recursos, y por el otro, se logre mayor efectividad en el ejercicio de los recursos. Estos supuestos son por ahora una utopía.
La situación nacional no está para que prosperen chapucerías. La 4T ha insistido en que no se aceptarán malas cuentas de servidores públicos por encumbrados que estén. Pero eso estará por verse una vez que salgan del cargo 15 gobernadores el año próximo a los que les dará mucho trabajo borrar las huellas de sus latrocinios. Y entonces sí, vamos a comprobar de qué está hecho nuestro presidente. Si todo ha sido discurso para las tribunas o si hay la voluntad de sanear la vida pública afrontando las consecuencias que sean. Para bien de México, que sea lo segundo.