TAREA PUBLICA
Por CARLOS OROZCO GALEANA
La movilidad de la población se ha vuelto un problema acucioso en los centros urbanos, particularmente en aquellos más capacitados para ofrecer condiciones para una vida más ordenada y benéfica para las familias.
Cientos de miles de mexicanos migran constantemente en busca de oportunidades en provincia, pero también huyendo de fenómenos naturales, por lo que su presencia estruja a los gobiernos estatales que no están preparados para ofrecer los servicios demandados.
Y es en el tema de transporte donde se encuentra un cuello de botella más. En Colima, hay decenas de miles de automotores que en circulación y con estos calores altísimos, constituyen un pequeño infierno a horas determinadas. Nuestras vías cada vez se erosionan más por el rodaje de unidades pesadas y cientos de miles de autos. Se sabe que en promedio, en cada familia, hay por lo menos dos o tres autos, es decir, uno por cada habitante adulto.
Coordinar el transporte en las ciudades es pues un reto para cualquier funcionario. Hay vicios e intereses que presionan cuando desde el gobierno se quieren introducir cambios. Hay resistencia a las acciones modernizadoras y también aprovechamiento de algunos a río revuelto.
Diario El Noticiero, atento a lo que pasa en nuestras comunidades y con un director que honra la labor reporteril, difundió que hay 17 empresas de taxis privados a nivel estatal, aunque solo una con autorización de prestar servicio. La Secretaría de Movilidad, Gisela Méndez, no tiene pelos en la lengua y es quien afirma lo anterior, pero sin embargo, la pregunta es por qué no se les detiene a esas unidades si se sabe que están en la ilegalidad.
Una pregunta más es ¿ quién protege a los pasajeros ante posibles conductas ilícitas de los prestadores de servicio de esas 16 empresas ? ¿ Qué no hay preocupación alguna ?
Estoy enterado que los transportistas organizados de Colima, han advertido a las autoridades de la posible presencia de la delincuencia organizada en ese servicio irregular, independientemente de la competencia desleal que representan para ellos. Esto es terrible, de verdad. ¿ Qué el gobierno estatal no dispone de algún plan para frenar ese servicio anormal ? ¿ Se ha olvidado que miles de familias colimenses dependen de la actividad transportista como para permitir que en Colima empresas foráneas compitan con las locales ilegalmente ?
Cierto que hay una necesidad de mejorar paulatinamente el transporte urbano. Todo tiene que modernizarse. Tienen que vencerse inercias, hacerse a un lado intereses facciosos en los gremios, pero también valorar que los esquemas de financiamiento de unidades nuevas no envíe a la ruina a sus concesionarios ante la falta de pasajeros en números adecuados.
Por lo que se ha visto, el gobernador Ignacio Peralta quiere mejorar el transporte urbano y por ello la secretaria Gisela sigue sus directrices. Lo que debe imperar en el sector, sin embargo, es el respeto hacia las organizaciones de transportistas ( por cierto a punto de dejar de ser priístas si las cosas siguen igual ). No puede rehuirse el diálogo y el buen entendimiento jamás.
Si no se actúa conforme a la ley, ya sea por negligencia o interés, se estaría mandando un mensaje pésimo que puede desembocar en problemas mayores. La secretaría Gisela Méndez, sabe que si hay empresas al margen de la ley, debe actuar e impedir que siga ocurriendo una competencia desleal y sobre todo impedir la inseguridad para los usuarios que son las personas más desprotegidas y muchas veces a merced de facinerosos.
Urge corregir anormalidades, actuar con responsabilidad y madurez armonizando las relaciones en ese sector, cuidando siempre de favorecer a los ciudadanos.