Confirma ASF irregularidades en asignación de contratos del puerto de Manzanillo

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*foto de archivo

*Órgano interno de API demostró que el ex director Noval Nicolau incumplió obligaciones.

Juan Carlos Flores|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó las irregularidades realizadas en la pasada administración para otorgar un contrato millonario para la construcción de una terminal de hidrocarburos en Manzanillo.

La investigación, publicada en El Universal, reveló que la ASF confirmó que el director de la API Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, firmó el contrato número APIMAN01-035/18 con Logística de Fluidos y Gráneles, que no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 17 del reglamento de la Ley de Puertos, y otorgó una prórroga de 15 años al cesionario con número de contrato APIMAN01-020/07 sin cumplir la normativa.

La investigación del Órgano Interno de Control de la API Manzanillo demuestra que el ex director Noval Nicolau “incumplió en sus obligaciones como servidor público” y tampoco “atendió las instrucciones del Consejo de Administración de la API y fue omiso en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo y honradez”, descritas en el artículo 7, fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El hilo de la madeja de la supuesta red de corrupción salió a relucir tras detectar que este funcionario, junto con Ricardo Martínez Suárez, entonces director adjunto de Proyectos Prioritarios Marítimo-Portuarios, y Alejandro Hernández Cervantes, director general de Puertos de la SCT, procedieron a formalizar un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones el 21 de agosto de 2017 con Logística de Fluidos y Gráneles, el cual se registró bajo el número APIMAN01-035/18 el 27 de agosto de ese año, “a pesar de que la empresa no contaba con los permisos y las autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica y de las autoridades ambientales”.

La firma tampoco “presentó la acreditación de contar con recursos financieros materiales y humanos para realizar el proyecto, entregó un título de propiedad que no se encontraba a su nombre, no presentó título de concesión de la zona federal marítimo terrestre —competencia de la Secretaría del Medio Ambiente—, y no proporcionó copia certificada de la autorización en materia de impacto ambiental”.

El contrato contempla una concesión de superficie de agua de 159 mil 52.42 metros cuadrados, para construir y operar una terminal marítima especializada en almacenamiento de petrolíferos, para carga, descarga, manejo, almacenaje, alijo, estiba y acarreo de fluidos de cualquier tipo, sea granel agrícola, fertilizantes y carbón con vigencia de 20 años y la posibilidad de prorrogarse.

PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Nora Alba Borrego Balleza, titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la API Manzanillo, había señalado desde el 15 de octubre de 2018 en el ocio OIC 09/179/363/2018 “que hay elementos para indicar que los servidores públicos señalados cometieron presuntas irregularidades administrativas (…) debiendo ser revocado dicho contrato en cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Puertos”.

Incluso la comisaria pública propietaria y delegada del sector económico de la SFP, María del Rosario Elena Guerra, argumentó durante la Vigésima Cuarta Reunión Ordinaria del Consejo de Administración de la API Manzanillo del 7 de septiembre de 2018, que “el contrato se debía recuperar y revisar si se cumplía con todas las condiciones exigibles, aunque en esa fecha ya se había registrado el contrato ante la Dirección de Puertos sin el aval del Consejo de Administración”.

Aun así y a pesar de que se ordenó elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa, a efecto de ser presentado ante las autoridades sustanciales competentes, la autoridad investigadora —la Secretaría de la Función Pública— determinó mediante el expediente Acumulado 2019/APIMANZANILLO/DE7 procedente calificar como “no grave” la falta administrativa cometida por Ovidio Noval Nicolau, ex director de la API Manzanillo.

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