TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
El Congreso local designó a Hugo Arturo Vergara Chávez como director general del Centro Estatal de Conciliación Laboral, cargo que ocupará por 6 años efectivos, contados a partir del día 26 de febrero del 2021. Los diputados corroboraron su capacidad y preparación para desempeñarlo adecuadamente.
En el Centro de Colima han designado a un profesionista íntegro y capaz. HAVM es un funcionario bien dotado para cumplir responsabilidades, área en la que ha efectuado múltiples estudios y en la que acumula experiencia, enriquecida además con un perfil académico que inspira confianza. Generalmente, un buen profesor universitario es un buen funcionario público.
Esperanza Hernández, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dijo al respecto que con la nueva entidad el gobierno estatal sienta bases en Colima con la operación de la nueva Reforma Laboral para resolver los conflictos de esta área a través de los CCL, que tratarán de llegar a acuerdos entre trabajadores y empleadores. “Se protegerá los derechos ya amparados por la Ley Federal del Trabajo y habrá una primera etapa obligatoria, es decir, que todas las personas que tengan un conflicto laboral tendrán que acudir al Centro de Conciliación donde habrá conciliadores especializados para tratar de llegar a un acuerdo. La presencia del empleador y del empleado será obligatoria, de lo contrario se contemplan las sanciones”, dijo la funcionaria.
De no llegar a un consenso a pesar de una audiencia, se va a una etapa judicial que ya no va a depender del Estado, sino de juzgados laborales, donde será requisito entregar el comprobante de que el tema fue presentado en el Centro de Conciliación y no hubo acuerdos. Este nuevo proceso, detalló Hernández Briceño, pretende que haya menos desgaste para el trabajador y la empresa, puesto que los derechos laborales son claros.
“Se busca que los tiempos se acorten, porque los derechos laborales existen ya, ahora es que se respeten y se llegue al mejor de los acuerdos para que no vayamos a procesos muy largos y cuando se resuelven ya ha pasado demasiado tiempo”, abundó.
Hasta ahí las razones institucionales sobre la creación de una estructura más del Estado en busca de impartir justicia pronta y expedienta en materia laboral, una de las áreas más olvidadas en los aparatos de gobierno. Ya sea por negligencia o apatía hacia las obligaciones, hoy la justicia en esa área es inexistente. Millones y millones de pesos se pierden por la falta de justicia expedita en los asuntos. Por un lado, los patrones han de pagar un costo alto por asesorías jurídicas y los trabajadores padecerán justicia tardía y un sinfín de sinsabores debido a la negligencia de sus supuestos defensores. En las controversias con los gobiernos, estos terminan por pagar millonadas de pesos al perder los juicios, mismos que increíblemente duran más de cinco años por lo menos. En resumen, se evitarán juicios laborales extensos, de muchos años, en los que prácticamente suman en la ruina a los trabajadores, muchas veces desprotegidos y abandonados en los juicios. Y agrego que no son pocos los trabajadores que mueren esperando la justicia de esos tribunales ante la tardanza en las sentencias. Me niego a creer que ese sea uno de los propósitos de las autoridades laborales.
Las Juntas de Conciliación en el país, no es ocioso repetirlo, son pues un paredón donde se fusilan los derechos. Lo digo de otro modo: lo que pasa ahí es una vergüenza en un sistema democrático, no en balde nuestros socios comerciales exigieron a México, para la firma del T Mec, el establecimiento de reformas para armonizar la difícil relación entre el capital y el trabajo. Y si se pregunta el lector el por qué de ese interés mexicano en el tema laboral, le diré porque cualquier anomalía que se produzca en aquella relación origina situaciones de competencia que desfavorece a los actores en cualquier convenio comercial y provoca relaciones desleales que afectan indirectamente el funcionamiento óptimo de las economías.
Los Centros laborales, por otra parte, serán dotados de personalidad propia, autonomía y recursos propios y por lo tanto con juntas de gobierno que vigilarán que no se desvíen sus funciones y sobre todo que no se carguen hacia ningún lado, haciendo valer la justicia. Es importante que solo sigan los juzgadores esta misma ruta y no hagan caso de ninguna línea política para torcer los asuntos.
Esperemos resultados pronto del funcionamiento de esos Centros conciliatorios para comprobar que su establecimiento ha sido una política congruente y eficaz en beneficio de las actividades laborales, clave que son para comprender el desarrollo económico y social.