Caen 2 por el Aseguramiento de Dólares en Manzanillo

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    Lo anterior, en virtud derivado de las investigaciones realizadas por el Fiscal de la SIEDO, existen elementos que permiten presumir que Luis Antonio Benítez de la Cruz y Georgina Aurora Correa Reyes podrían estar relacionados con el aseguramiento de once millones 56 mil 220 dólares americanos, efectuado por personal ministerial de la SIEDO en coordinación con elementos de la Armada de México, el pasado 11 de septiembre en Manzanillo, Colima.

    De acuerdo con la indagatoria, los arraigados ingresaron, sin motivo aparente, a las bodegas de la empresa «Agronegocios y Fertilizantes Alfa, S.A. de C.V.», a bordo de un vehículo el pasado 9 de septiembre y de la misma forma al día siguiente, es decir, dos días antes de que se realiza el operativo de aseguramiento y la diligencia de cateo del día 12 del mismo mes y año, en las instalaciones de la empresa referida ubicada en la colonia San Miguel Xochimanga, Atizapán de Zaragoza, estado de México.

    Luis Antonio Benítez de la Cruz y Georgina Aurora Correa Reyes fueron puestos a disposición del Representante Social de la Federación el pasado 13 de octubre, por elementos policiales adscritos a la Coordinación General Técnica de la SIEDO, en respuesta a una orden de localización y presentación, y una vez que rindieron su declaración ministerial, se encontraron elementos suficientes para decretar su retención y solicitar su arraigo.  

    Por lo anterior, fueron trasladados e ingresados al Centro de Investigaciones Federales (CIF), de la Procuraduría General de la República, en donde cumplirán la medida precautoria autorizada por el Juez, a efecto de que el Fiscal de la Federación cuente con el tiempo constitucional para el desahogo de las diligencias ministeriales y de investigación necesarias para determinar la averiguación previa.

    El Gobierno Federal seguirá trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que las personas tengan la certeza de que cuentan con instituciones y programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.

     

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