*Se quejan diputados del PRI y PAN de lo “acelerado” en su presentación y aprobación.
Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS
Colima.- Al concluir este día el primer año de ejercicio Constitucional de la Sexagésima Legislatura, el pleno del Congreso del Estado autorizó al Gobierno del Estado acceder a un financiamiento por 65 millones de pesos proveniente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Banobras (FISE), petición que recién el martes había solicitado la mandataria Indira Vizcaíno y al igual que otras iniciativas fueron aprobadas por los legisladores en Fast Track, sin análisis, ni estudios, y ni mucho menos discusión.
El diputado Armando Reyna Magaña (Morena) dio lectura al Dictamen por el que se autoriza al Estado de Colima a contratar financiamientos con las instituciones bancarias del Sistema Financiero Mexicano que ofrezcan las mejores condiciones, para ser utilizados en obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres e infraestructura básica del sector salud y educativo, y en acciones sociales que beneficien directamente a población en pobreza extrema, en los municipios, según expuso.Armando Reyna sostuvo que este crédito generará beneficios para los municipios y que no afectará las finanzas públicas ya que los montos para cubrir dicho financiamiento se generaran desde el Fondo de Aportaciones para InfraestructuraEl nuevo endeudamiento será pagadero a seis años, según el decreto que fue aprobado por los representantes populares.Por su parte, el diputado Héctor Magaña Lara, coordinador de la bancada del PRI en la Legislatura, expuso que el día martes llegó al Congreso esta petición del Gobierno del Estado y hoy, sin estudiarla ni conocerla, la someten a su aprobación. Demandó que se diera más tiempo para su discusión y análisis, así como haber sostenido reuniones con el área de finanzas del Gobierno Estatal para tener más información.Reconoció que el dictamen detalla de forma general las condiciones del financiamiento, sin embargo, insistió en que se les debe explicar de manera puntual sobre obras, colonias y rubros en los que se va a invertir, puesto que no tienen esa información y su voto en lo personal sería en contra. Lo que finalmente ocurrió.En tanto, el coordinador parlamentario del PAN, Crispín Guerra Cárdenas, en su intervención expreso que el dictamen referente al financiamiento, aparentemente “puede ser bueno”, sin embargo, carece de información sobre relación de proyectos, acciones, obras o municipios en los que ejercerá el recurso. Se pronunció, en lo personal, en contra del mismo.Tanto el priista como el panista “dejaron a conciencia de sus compañeros de bancada aprobar o no el dictamen mencionado.En su intervención la diputada coordinadora de Morena, Isamar Ramírez, La diputada explicó que este dictamen relativo a autorizar un financiamiento de 65 millones de pesos al Gobierno del Estado contempla obras y acciones para los 10 Ayuntamientos y para acciones del propio Gobierno del Estado.Recordó que este financiamiento establece que se deberá ejercer en obras públicas de infraestructura y en beneficio de los sectores más vulnerables de la población, como los que se encuentran en pobreza extrema, por lo que no encuentra ningún inconveniente aprobar el dictamen.También se pronunció a favor el diputado Ignacio Vizcaíno, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Legislatura, expresando que todos los entes públicos se encuentran en una situación de crisis financiera. Sostuvo que “el Poder Ejecutivo se encuentra a tiempo para poder detallar al Congreso el destino del financiamiento.EL CREDITO
El dictamen avalado por la bancada de Morena, y presentado por la Gobernadora Indira Vizcaíno, establece que los créditos que se celebren podrán contratarse hasta por un plazo de 6 años, contados a partir de la formalización y/o primera disposición correspondiente, sin rebasar en ningún caso del 01 de octubre de 2027. Cada instrumento deberá señalar el plazo máximo y la fecha de vencimiento.
El Estado deberá celebrar los créditos autorizados en el presente Decreto durante los ejercicios 2022 y/o 2023.
En su parte expositiva destaca que de conformidad a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, el gobierno estatal impulsará una nueva visión para el desarrollo y el bienestar, un cambio a favor del reconocimiento y la garantía de los derechos sociales, enfatizando el apoyo a los grupos vulnerables, como prioridad de la política pública en materia de salud, educación y desarrollo.
Asimismo, se indica en el documento que lo anterior se pretende mediante la mejora de la infraestructura social, educativa y sanitaria; así como la vivienda y la inclusión de las personas que han estado al margen del desarrollo. Además, será garante de derechos, ejercerá de manera eficiente el uso de los recursos, aplicando una visión de justicia distributiva como parte esencial de bienestar para mejorar la calidad de vida de las y los colimenses.
Añade la iniciativa que en el Estado de Colima, de acuerdo con el CONEVAL hasta el año 2020, 196 mil 045 personas se encontraban en situación de pobreza, lo que representa el 26.7% de la población total.
De este universo, 182 mil 393 estaban en pobreza moderada y 13 mil 652 en pobreza extrema, lo que en términos porcentuales representa 24.8% y 1.9% de la población total en la entidad, respectivamente.
En cuanto a la seguridad social, entre 2018 y 2020 la carencia por acceso a la seguridad social tuvo incidencia más alta en 2020 con 42.2% de la población. Asimismo, la falta de acceso a los servicios de salud se incrementó del 10.8% en 2018, al 19.0% en 2020.
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 y con datos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Colima, para 2021 el índice de pobreza en el estado es de 30.9%, del cual 28.5% se encuentra en pobreza moderada y 2.4% en pobreza extrema. En cuanto a la población vulnerable por carencia es de 35.2%, y vulnerabilidad por ingresos es de 5.4%.
De conformidad al artículo 33, inciso A, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, se destinarán a obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad.
El monto solicitado se encuentra dentro del Techo de Financiamiento Neto del Estado para el presente ejercicio fiscal, por lo que se cuenta con capacidad de pago del crédito. Sin perjuicio de ello, conforme al numeral Octavo de estos considerandos, la contratación de este financiamiento no afecta dicho Techo de Financiamiento, en virtud de estar respaldado por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
Señala que en una política responsable de endeudamiento público, el plazo para el pago del financiamiento que se solicita, es de hasta 6 años, por lo que será pagado en su totalidad antes de la conclusión de la presente administración estatal sin afectar los flujos futuros de las siguientes administraciones.
Añade la titular del Ejecutivo que la presente iniciativa de Decreto tiene por objeto autorizar al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a través de sus funcionarios facultados para contratar financiamiento con la o las instituciones del sistema financiero mexicano, que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, hasta por la cantidad de 65 millones de pesos y afectar como fuente de pago del o los créditos que se contraten y dispongan con base en este Decreto, el derecho y los ingresos de hasta el 25%, le correspondan al Estado del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
Las comisiones dictaminadoras de esta iniciativa destacan que la solicitud planteada a esta Soberanía se encuentra plenamente justificada.
El destino de los 65 millones de pesos que se contraten como deuda, deberá destinarse, incluido en su caso el Impuesto al Valor Agregado, a obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria, y de manera particular a obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad.
Finalmente se pasó a la votación donde el dictamen se aprobó con 22 votos; mientras que en contra solamente votaron Héctor Magaña Lara, del PRI, y Crispín Guerra Cárdenas, del PAN. A esta sesión no acudió la panista Fernanda Salazar.