ALCALDES EN CAPILLA

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AL DESNUDO

Por: Édgar Rodríguez H.

Una de las herencias que dejo la legislatura pasada de la cámara de diputados; fue la aprobación de una ley de responsabilidades de los servidores públicos que es la pieza toral del sistema nacional anticorrupción que entró en vigencia en 2017 y que ya se está aplicando aquí en el estado de Colima; pero lamentablemente tiene como principal obstáculo el propio desconocimiento de las autoridades electas y que son las que, irónicamente, en primera instancia, son las obligadas en cumplir.

Este esquema de combate a la corrupción se basa en la idea de fortalecer y profesionalizar los entes de control interno de los organismos, e instituciones obligadas a rendir cuantas por el simple hecho de manejar recursos públicos; y que a diferencia con el anterior esquema, ya no solamente deben esperar a que los órganos de auditoria y fiscalización sean quienes les revise su actuar un año después del ejercicio fiscal en observación; sino que se debe de ir desahogando cualquier indicio, revisión o sanción desde los mismos órganos de control interno y solo los casos de faltas graves serán los que tendrán que ser estudiados por los órganos de auditoria estatales o federales según sea el caso.

Para el caso de Colima, habría que destacar que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) que preside Indira García Pérez, se ha convertido en un eslabón muy importante en el procedimiento de la lucha contra la corrupción en el estado; ya que con este nuevo esquema nacional anti corrupción, su trabajo ha quedado prácticamente reducido a la revisión y fiscalización de los entes obligados en el manejo administrativo de los recursos públicos mediante procesos de investigación y sustanciación de las revisiones que realizan, obteniendo con ellos carpetas de investigación que de no quedar sustentadas por el ente auditado, pasa a una segunda instancia que es la de la denuncia penal ante la fiscalía anticorrupción de la fiscalía estatal y en paralelo ante el tribunal de justicia administrativa que es quien finalmente determina bajo un juicio si se sanciona o no.

EL trabajo que ha venido desempeñando Indira García al frente de OSAFIG, ha sido el de cambiar la percepción punitiva de consignas políticas de este órgano; ya que por mucho tiempo este organismo funcionaba como un brazo ejecutor del mandatario en turno para afectar carreras políticas de adversarios, para presionar a partidos políticos en las decisiones que se tomasen en el congreso local o para respaldar posturas políticas y decisiones administrativas a cambio de sacar cuentas publicas sin mayores señalamientos.

Tarea difícil es la que ha venido realizado la Auditora Superior García Pérez, de poder en tan solo el año y 8 meses que lleva al frente de este organismo, cambiar esa imagen negativa para convertirla en una institución referente a nivel nacional sobre los avances que se llevan en la entidad con la implementación del nuevo sistema nacional anticorrupción.

OSAFIG en los pasados días hizo un anuncio en donde reafirmo el compromiso de ese organismo en transparentar la labor de fiscalización que viene realizando, para ello presento la plataforma digital en la que cualquier ciudadano puede ingresar a la página web de OSAFIG y darse cuenta sobre los avances de investigación, sustanciación y denuncias penales que se han realizado sobre los entes obligados que manejan recursos públicos; esta plataforma es única en el país ya que ningún otro instituto de fiscalización lo viene implementando lo que le ha valido a Indira García ser reconocida a nivel federal por su labor dando diversas charlas y capacitaciones en diferentes estados de la república.

Otra de las acciones que anuncio la auditora estatal fueron las denuncias penales que presento ante la fiscalía estatal anti corrupción del ejercicio fiscal 2017, las cuales dejan claro que no existe trato preferencial con algún ente obligado, ya que las denuncias están contemplando diversos órdenes de gobierno de distinta índole partidista, lo que evidencia un trabajo objetivo de OSAFIG en su investigación y sustanciación de las posibles faltas graves.

De estas denuncias, como ya se veía venir, es la del Ayuntamiento de Colima, que presidió en ese entonces por el hoy regidor Héctor Insua, quien dejo un desastre financiero en el municipio que gobernó y que pudiera estar relacionada con las denuncias que hicieran trabajadores del ayuntamiento durante el proceso electoral del año pasado, del derroche del que fue objeto la hacienda municipal por parte del nativo de Jalisco, quien se daba gusto despachándose con la cuchara grande al gozar de una partida presupuestal secreta en la que cobraran jugosos cheques sin comprobar el destino del dinero.

De igual manera hay dos denuncias para el Ayuntamiento de Manzanillo; una tiene que ver con lo manifestado por la actual alcaldesa del puerto Griselda Martínez, quien asegura de la existencia de una tarjeta de crédito la cual hace cargos y cobros referenciados al municipio, sin saber hasta el día de hoy a nombre de quien está dicha tarjeta.

Otra de las denuncias que presento OSAFIG es a la extinta dirección de pensiones, la cual fue una auditoria especial que se realizó con el fin de esclarecer la situación económica real de dicha dirección para de ahí emigrar al nuevo sistema estatal de pensiones; en esta denuncia pudiera despejarse la duda sobre donde quedaron esos 900 millones de pesos que hace falta de las aportaciones de los trabajadores. Hay que recordar que, durante los sexenios de Silverio Cavazos y Mario Anguiano, la dirección de pensiones era controlada por el hoy líder del sindicato de los trabajadores al servicio del gobierno del estado Martin Flores Castañeda, quien hasta el momento no ha podido explicar fehacientemente su enriquecimiento.

Sin duda la labor del OSAFIG, terminara por pisar callos, pero que se debe de realizar por el bien del servicio público, actuar con esa entereza, responsabilidad, profesionalismo y objetividad, difícilmente se veía con quienes antecedieron a Indira García; pues para muestra está en la recién certificación nacional que obtuvo OSAFIG para poder capacitar y profesionalizar a los órganos de control interno de los entes obligados; lo que le da una certidumbre y confianza tanto a los entes auditados.