AL DESNUDO
Por ÉDGAR RODRÍGUEZ H.
Especulaciones, rumores y declaraciones mal intencionadas que más que informar confunden y engañan a la población, tendrán que esperar en el baúl de las mentiras de quienes gustan de propiciar la confrontación, luego de que el mandatario estatal José Ignacio Peralta Sánchez tomara la acertada decisión de transparentar toda la información jurídica, histórica, financiera y técnica sobre el proceso de adquisición y avalúo de los terrenos para la permuta de la Vigésima Zona Militar de Colima.
Como ya había sucedido con otras acciones de gobierno, Peralta Sánchez ante varios representantes de la sociedad civil dio a conocer su decisión de transparentar todo el procedimiento de adquisición y avalúo de los terrenos para la permuta de la Vigésima Zona Militar de Colima. Y con ello, evita que sus adversarios políticos enturbien el ambiente en pleno proceso electoral, como ya se venía vislumbrando.
A partir de ahora, para aclarar cualquier duda sobre el tema, toda la información estará a la disposición de los ciudadanos, incluyendo para para todos aquellos que gustan de buscarle tres pies al gato basando sus dichos y escritos en lo que creen y no en el resultado de una investigación seria.
Además, se creará una “Comisión Especial” integrada por representantes de la sociedad civil, organizaciones de profesionistas, urbanistas, ingenieros, historiadores, entre otros, que a decir de JIPS, luego de una consulta de participación ciudadana, decidirá qué hacer con esos destinos y los proyectos. “Todos los colimenses tendrán la oportunidad de opinar qué hacer con estos terrenos”.
Sobre la forma y procedimiento para llevar a cabo la reubicación de la sede militar, el secretario de Desarrollo Urbano, Jesús Sánchez Romo, detalló lo siguiente:
Como parte de un Programa Nacional de Reubicación de Instalaciones Federales, la Sedena presentó el proyecto al Gobierno del Estado de reubicación. Ellos seleccionaron incluso el terreno a donde deseaban reubicarse acorde a sus necesidades.
Dicho terreno de 63 hectáreas, era propiedad de una familia, que comenzó a adquirir parcelas desde hace 23 años y quienes vendieron a Gobierno del Estado.
Para la compra, se hizo un avalúo del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), organismo nacional que encargado de hacer avalúos para el Gobierno Federal, quienes determinaron que el predio tenía un costo de 61 millones de pesos, no obstante, Gobierno del Estado pagó sólo 58 millones, 3 por debajo del valor del avalúo.
Y en cuanto al terreno de la actual zona militar, de 14.8 hectáreas, el Gobierno del Estado realizó un avalúo ante el Indaabin, cuyo valor fue de 398.8 millones de pesos, mientras que las construcciones que actualmente existen tienen un costo de 75.45 millones de pesos según avalúo comercial, pero construirlas de nuevo tendría un costo para la Sedena de 134.2 millones de pesos.
Por ello, se acordó con la Sedena pagar 493 millones 500 mil pesos por el terreno y lo que está edificado, pero con una aportación de la propia Sedena del 48%.
Es decir, de los 58 millones de pesos del predio en donde se reubicará la zona militar y los 493.5 millones del predio y construcción donde están actualmente, el Gobierno del Estado sólo pagará alrededor de 310 millones de pesos y en cambio se quedará con un terreno y construcciones valuadas en más de 470 millones de pesos.
Gana la Sedena con nuevas instalaciones, gana el Gobierno del Estado con un activo de mayor precio al recurso que se destinó y gana la sociedad civil pues ellos definirán el destino que se le dará al terreno de la Calzada Galván, donde actualmente se ubica la 20 Zona Militar.