Por: Mario Acevedo Manzano
Está en duda la equidad y proporcionalidad de la distribución de los ingresos fiscales por el sometimiento del Poder Legislativo al Poder ejecutivo en materia fiscal, de hecho en la aprobación anual de las leyes fiscales siempre prevalece el criterio del gobierno federal y le dejan a los Diputados y Senadores algunos pequeños cambios irrelevantes para taparle el ojo al Macho de que es el Poder Legislativo quien fija la política fiscal cuando en realidad es el gobierno federal quien se lleva la tajada del León en la distribución de los recursos fiscales. Lo hemos dicho muchas veces y se lo repito estimado lector, el gobierno federal tiene de rodillas a todas las entidades federativas, excepto a la CDMX, por la sencilla razón de que el 95 % de los ingresos de cada una de las entidades federativas proviene de lo que entrega la Federación y la recaudación estatal apenas alcanza el 5% con la excepción en la CDMX cuando de un aproximado a los 200 mil millones de pesos que recibe de ingresos, un 50% son ingresos propios y la Federación aporta la otra mitad, además, ¿Cómo es posible que la Federación se quede con el 80% de todos los ingresos fiscales y reparta entre todos los Estados el 20%, de entrada causa indignación esa mala distribución del pastel fiscal y además, haga un uso discrecional de la distribución como queda demostrado en la controversia Corral-Peña Nieto.
El avance democrático de los mexicanos le han quitado Poder político al Presidencialismo mexicano, como es: la intervención del Gobierno en la recolección y conteo de los votos en los cambios de Gobierno, la fijación de la política monetaria con la autonomía del Banco de México, las estadísticas históricas con la autonomía del Inegi, la descentración de la política social y educativa, la obligación de hacer pública la información gubernamental y muchos más temas en donde el Presidente ya no puede meter las manos, sin embargo, se le ha dejado el Poder del Dinero público y por esta vía trata de someter a los gobiernos estatales, recordemos, el Gobierno federal es un mal administrador de los recursos públicos por el aumento de la deuda pública que alcanza hasta 46 puntos del PIB.
Desde el Congreso federal los legisladores deben de impulsar una nueva reforma fiscal federalista en donde las entidades federativas tengan un mayor acceso a los recursos fiscales que recaudan en su territorio y hacer cumplir el mandato constitucional de un reparto equitativo y proporcional de la riqueza pública.
Las condiciones políticas, económicas y sociales actuales de Colima y del país no son las mismas de la década de los setentas cuando se aprobó la actual ley federal de coordinación fiscal se debe hacer una auténtica reforma fiscal en donde las entidades de la republica puedan administrar los recursos fiscales que se recaudan en su territorio, para de esta forma, propiciar un verdadero desarrollo regional, en específico, es necesario que las entidades de la republica hagan uso de los impuestos recaudados por el gobierno federal en su territorio y de esta forma distribuirlos, o sea, de todo lo recaudado en el Estado de Colima la federación debe regresar una parte suficiente para hacer obra pública necesaria para lograr un desarrollo económico estable y competir con otras entidades en la atracción de inversión privada en territorio estatal. Lo anterior nos lleva a establecer nuevos convenios de coordinación fiscal Estados-Federación en donde cada entidad convenga con el gobierno federal nuevas condiciones de distribución y recaudación de impuestos federales, estatales y municipales.
En el Convenio actual que las entidades federativas tienen con la Federación es una abdicación de la soberanía estatal a favor del gobierno federal para que únicamente este, recaude impuestos en cada territorio estatal, el formato de convenio es marco de referencia en todas las entidades del país, cuando, cada entidad debe convenir con el gobierno federal lo que a cada una convenga a sus intereses, repetimos fue es su tiempo el Presidencialismo avasallador el que impuso de rodillas ante el gobierno federal a los gobiernos estatales, fue valido hace cuarenta años, ahora con un Congreso Federal con representación nacional independiente del poder ejecutivo, bien se puede reformar la ley federal de coordinación fiscal para hacerla más equitativa en la distribución de los recursos fiscales, lo interesante de esto es si los diputados federales que representan a las entidades en el congreso federal se atreven a quitarle el poder del dinero al presidente de la república o continua el gasto publico concentrado en el gobierno federal. Por lo pronto se debería cambiar de inmediato el coeficiente de distribución de 80 y 20 a un 50 y 50 cuando menos para de esta forma cada entidad pueda tener recursos suficientes para fomentar el desarrollo económico regional.
Se hacen muchas falacias en el tema de las finanzas públicas, una de ellas es que, los gobiernos estatales no tienen capacidad para administra honestamente el gasto público, otra es que, la política fiscal es una manera de distribuir la riqueza y que el gobierno federal debe concentrar los recursos para de: las regiones que más recauden, pasar dinero a las que menos recauden, falsas las dos, con los actuales sistemas de fiscalización, verificación y transparencia del gasto público ningún gobernador puede meter las manos para hacer mal uso de los recursos fiscales y si la política fiscal es una manera de redistribuir la riqueza, está por verse, el mapa nacional de regiones ricas y pobres es el mismo en los últimos 50 años.
Por lo anterior resulta interesante la propuesta del Dip, Fed. Virgilio Mendoza Amezcua de reformar algunos artículos de la Ley Federal de Coordinación Fiscal para que el municipio de Manzanillo obtenga más recursos para asegurar su viabilidad como centro turístico y portuario, está muy bien lo que va hacer el diputado Virgilio, pero, mejor sería transformar por completo la Ley fiscal federal para que los ingresos fiscales se distribuyan con mayor equidad en el territorio en donde se generan los impuestos.