TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Uno de los temas candentes en nuestro país y a nivel regional sigue siendo el de la seguridad pública, acrecentado por la atención que en este momento le presta el gobierno de la república a aquellos lugares donde se asentaron carteles que han enfrentado a la policía y la milicia con cierta intensidad pero con magros resultados para ellos, como en Michoacán, Guerrero y Colima.
El 29 de marzo pasado estuvo en Colima el secretario Miguel Angel Osorio Chong para firmar un convenio de coordinación regional para combatir la inseguridad. “Vamos por todos los delincuentes”, dijo engallado este precandidato presidencial que contra viento y marea se sostiene como tal en medio del grupo de Videgaray.
Como suele ocurrir cuando una alta autoridad visita un estado, la mala suerte ocurre. Cuando llegó Chong, diez personas procedentes de quien sabe dónde, fueron ultimadas y sus cuerpos tirados en una barranca en una zona colindante con Colima. Estoy seguro que fue mera coincidencia su aparición un día antes de la llegada del secretario, pero ello da un ejemplo de cómo las cosas están descompuestas en Colima en materia de seguridad.
Los colimenses hemos asistido los últimos tiempos a un escenario sangriento. Los muertos siguen lastimando a México y a nuestro terruño, enlutando hogares, sacrificando sueños y conminándonos a hacer rectificaciones de fondo no solo en los aspectos de control sino por el lado de la educación y la moral. La política de seguridad en Colima debe ser eficaz aunque no sea tan sencillo aplicarla ahora para que los sea.
La evolución de ciertos fenómenos vinculados a la delincuencia organizada ha rebasado los esquemas de respuesta institucional. Es patente que en México ha adquirido una dimensión sin precedente, no solamente por las actividades vinculadas al narcotráfico sino por el desarrollo de una industria del crimen que incluye producción, venta y tráfico de drogas, secuestros, extorsiones y otros delitos graves, que en momentos y espacios determinados ha llevado a la pérdida del control territorial de autoridades.
En varias entidades del país, el crimen organizado ha incrementado su presencia. Estados donde escaseaban los homicidios, de pronto se han visto envueltos en un baño de sangre imparable, como Guanajuato. O en Colima, que le toca vivir hoy la desgracia de tener una inmigración en parte criminal los últimos tiempos.
Ahora mismo, esa alta criminalidad está ahuyentando inversiones, constatando esto el presidente del Consejo ciudadano para la Seguridad, Carlos Maldonado.
Para seguir progresando en sus acciones, los delincuentes hallaron un filón de oro en sectores marginados, baja educación, baja expectativas de empleo, tolerancia y complicidad de autoridades, potencial de negocio y lavado de dinero, baja cultura de la legalidad y tolerancia al delito por parte de la población, bajos niveles de organización y cohesión social.
Esto ha ocurrido en parte porque no se ha puesto énfasis en la naturaleza regional de las amenazas, y pareciera que los esfuerzos de cooperación en este nivel no han sido los suficientes. Hace unos dos años se firmó otro convenio aquí y otros más se han firmado en seis estados donde hubo alternancia y pues nomás nada bueno pasa en la lucha contra la inseguridad. La violencia sigue más fuerte.
El crimen organizado ha encontrado circunstancias agradables para sus actividades en vastas regiones y tiene ya raíces profundas e implicaciones graves, porque a la vez que el gobierno debe combatir a los criminales y evitar la migración delictiva, tiene que garantizar actividades comerciales, económicas, laborales y de convivencia.
Que no se olvide, por último, que a mayor seguridad más inversiones y a menor seguridad, declinación del desarrollo económico en perjuicio de todos.