Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Por mayoría, los diputados del congreso del estado aprobaron propuestas de sanción contra el exgobernador Mario Anguiano y 5 de sus exfuncionarios al concluir la auditoría especial al crédito adquirido con el banco Interacciones por 638 millones de pesos.
La comisión de Hacienda del congreso encontró evidencia suficiente -como desviación de fondos, autorización sin comprobación de gasto de recursos- derivado del informa del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) para proponer sanciones al exmandatario y parte de su gabinete.
Las sanciones consisten en: al exgobernador Mario Anguiano Moreno, el exsecretario de Gobierno Rafael Gutiérrez Villalobos; la exsecretaria de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos Fernández; Adriana Elizabeth Vargas Valle, actual directora de Egresos y Jorge Anguiano Olmos, exdirector de Presupuesto, se les impone en conjunto una sanción económica directa y en partes iguales y subsidiaria para cada uno de ellos, hasta por la cantidad de 638 millones de pesos equivalentes a los daños ocasionados.
Se inhabilitan para ocupar cargos públicos a Mario Anguiano por 14 años; Rafael Gutiérrez por 6 años; Blanca Isabel, Adriana Elizabeth Vargas y Jorge Anguiano, por 10 años.
En otra sanción, a Mario Anguiano Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Ávalos Fernández, se les impone en conjunto una sanción económica directa y en partes iguales y subsidiarias para cada uno de ellos, hasta por la cantidad de 69 millones sesenta y seis mil, noventa y siete pesos correspondientes a los perjuicios determinados.
A Ricardo Miguel Arteaga González, excoordinador de la Dirección General de Egresos, se le impone sanción económica directa hasta por 12 millones 500 mil pesos correspondiente al daño ocasionado por realizar la cancelación del registro contable en el sistema informático de contabilidad gubernamental “SAP” además de inhabilitación de 6 años para ocupar cargos públicos.
“Las citadas sanciones tienen por objeto resarcir los daños y perjuicios causados a la hacienda pública del Estado y suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones legales, tomando en consideración la gravedad de la responsabilidad en que incurrieron, al vulnerar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanan”, establece el dictamen.
Además, el congreso del estado denunciará penalmente a estos exfuncionarios ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que proceda conforme a derecho.
La bancada del PRI junto con los diputados del PVEM, Nueva Alianza y Partido del Trabajo votaron en contra alegando que estaba viciado el proceso; además el legislador priista Santiago Chávez intentó, en vano, regresar el dictamen al Osafig pero su propuesta fue desechada.
Diputados que rechazaron, aseguran que el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda no se apega a la legalidad, entre otras cosas, porque no se adhiere a la reforma constitucional del 2011 en materia de Derechos Humanos, lo cual lo hace vulnerable y se corren riesgos jurídicos que de comprobarse culpabilidad representan resquicios que pudieran echar abajo el proceso generando impunidad sin que se haga justicia