Al respecto, el diputado del PRI, Rigoberto Salazar Preciado, presidente de la Comisión de Gobierno Interno, adelantó que esta iniciativa de Ley pretende mejorar los servicios de asesoría jurídica con mayor acceso para la población, además tendrán derecho a la asesoría tanto demandados como actores en el proceso, dependiendo éstos últimos, de la cuantía del asunto.
Salazar Velasco agregó que se busca superar desigualdades sociales, preservar los derechos humanos, consolidar el estado de derecho y el principio constitucional de acceso a la justicia, se podrá brindar asesoría jurídica a aquellas personas que por su condición socio-económica no tengan los recursos para pagar un abogado particular.
Sostuvo que el documento incorpora la asistencia jurídica en materia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, se redefine la estructura funcional de la Dirección General de la Defensoría Pública para mejorar el servicio y maximizar su desempeño.
Y también contempla la coordinación de asistencia judicial, la cual contará con una plantilla de defensores públicos y otra de asesores jurídicos, en tanto que la coordinación se encargará de supervisar el desempeño de los defensores públicos en el ejercicio de su función, a fin de que el servicio sea oportuno, diligente, eficaz y de manera continua, sin interrupciones; vigilando en todo momento que los defensores públicos presten sus servicios de forma obligatoria y gratuita.
El diputado Salazar Velasco informó que el dictamen fue elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, presidida por el Diputado José Manuel Romero Coello, la cual se encargó de analizarla detalladamente.