Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La queja presentada por periodistas contra la presidenta del Consejo del Instituto Electoral del Estado (IEE), Felícitas Valladares Anguiano, será resuelta este mes, aseguró el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Sabino Flores Arias.
Felícitas Valladares utilizó la fuerza pública para desalojar a varios reporteros del edificio del IEE en marzo del año pasado cuando, a invitación del entonces candidato panista Jorge Luis Preciado, daban cobertura a una denuncia interpuesta.
Los periodistas ingresaron al edificio con el permiso de los vigilantes, según la queja interpuesta, pero luego Valladares Anguiano ordenó el desalojo con el uso de la fuerza.
El presidente de la CDHEC precisó que la investigación del hecho está terminada, y están en la etapa de análisis de los derechos humanos que denunciaron su violación como es la libertad de expresión.
Puntualizó que el hecho es que los periodistas acudieron a las instalaciones del IEE para investigar un acontecimiento en Oficialía de Partes del organismo electoral, pero la presidenta pedía que desalojaran la sala, que no estaba autorizado que estuvieran en el lugar.
Dijo que el derecho humano que están analizando es el derecho a la libertad de expresión, “la búsqueda de la noticia, la investigación de la misma, para posteriormente proceder a su difusión”.
“Nos encontramos en el final del análisis, y a la brevedad estaremos resolviendo en definitiva esa queja en particular, en este momento parte del procedimiento no nos permite prejuzgar sobre el mismo pero no debe concluir este mes sin que esté resuelto este expediente de queja en un sentido o en otro”.
Insistió que están haciendo el análisis a detalle, a conciencia, no solamente en los artículos de 6 y 7 de la Constitución que salvaguardan el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa, sino la declaración universal de los derechos humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humano.
Abundó que están haciendo un estudio minucioso y puntual para que la determinación esté fundada y con argumentos sólidos, puesto que es un caso relevante porque está en juego los derechos de la libertad de expresión y libertad de prensa, que permiten el derecho fundamental a la información de los ciudadanos.