REEMPLACAMIENTO
Por: Florencio Llamas Acosta*
El 13 de junio la fracción del PAN por conducto de la diputada local Norma Padilla presentó una iniciativa por la cual se proponen reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, y a la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima con el fin de eliminar el cobro por reemplacamiento, proponiendo que “la contribución por el derecho de dotación de placas de circuración (sic) se realizará por una única ocasión, y dichas placas vehiculares tendrán vigencia imperecedera;”, y que solo se podrá efectuar reemplacamientos o renovaciones de placas de circulación “a solicitud del interesado cuando cambie su estado de residencia, o por pérdida o destrucción de la placa”.
Esta iniciativa de carácter populista busca generar simpatías entre los electores que cuentan con vehículos y que tienen la posibilidad de beneficiarse al eliminar un impuesto por derecho de placas, además de ser una acción política contra el gobierno estatal, ya que frena la intención de la Secretaria de Movilidad de impulsar un programa de reemplacamiento y la obtención de ingresos por este concepto.
En esta disyuntiva de afectar los ingresos del gobierno estatal o apoyar la iniciativa que elimina el cobro del reemplacamiento para beneficiar a los propietarios de vehículos, las diversas fuerzas políticas se manifestaron con divergentes, de tal suerte que se manifestaron diferentes posturas al respecto por parte de los diputados.
Ante la propuesta legislativa presentada por la diputada blanquiazul, el 10 de agosto Gisela Méndez titular de la Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado se manifestó a favor del reemplacamiento que la ley autoriza al gobierno según se estipula en el Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado, en su capítulo lV que “permite que las placas de automóviles y autobuses sean renovadas a decisión de la autoridad, cada 4 años; mientras que para motocicletas, este canje es susceptible de aplicarse cada 2 años”. El principal argumento esgrimido fue la seguridad de sus habitantes y la conveniencia de tener un padrón actualizado y confiable de los vehículos.
Sin ponderar el efecto político de esta postura, la funcionaria estatal alentó que diversos grupos de la sociedad civil se manifestaran públicamente en contra un posible reemplacamiento y con ello legitimando la propuesta de los panistas de eliminar el reemplacamiento. De esta forma el grupo de Motoclubes Unidos de Colima y 100 por Colima se manifestaron en contra del reemplacamiento.
De esta forma la iniciativa de ley se politiza y forma parte del debate político convirtiéndose en un riesgo para la estabilidad política de la entidad, es por ello que el ejecutivo estatal la integra a su agenda política y para evitar que siga creciendo el descontento, el 6 de septiembre pasado Nacho Peralta le entró al quite a la titular de movilidad anunciando que en el 2017 no habría reemplacamiento, que habría un nuevo diseño de la placa y que cambiarlas sería opcional.
Sin lugar a dudas este hecho es un aprendizaje para los funcionarios estatales y actores políticos para que tomen en cuenta en decisiones técnicas también las variables políticas, pues de no ser así, por falta de sensibilidad política pueden fracasar programas gubernamentales o generar conflictos sociopolíticos innecesarios que erosionen la imagen del gobierno, ¿O usted cómo lo piensa?
*Maestro en Ciencia Política y Administración Pública. Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima.
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