El Dictamen fue presentado en tribuna por el diputado Víctor Vázquez Cerda, documento que contempla además que el servicio de defensoría pública se otorgue preferentemente a las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos; los jubilados o pensionados, así como a sus cónyuges; los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos inferiores a los seis salarios mínimos diarios, entre otros grupos específicos de la población.
Incorpora también la asistencia jurídica en materia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, se redefine la estructura funcional de la Dirección General de la Defensoría Pública para mejorar el servicio y maximizar su desempeño y también la coordinación de asistencia judicial, la cual contará con una plantilla de defensores públicos y otra de asesores jurídicos.
Cabe destacar que dicha Ley establece que el servicio de defensoría, se prestará bajo los principios de legalidad, independencia funcional, confidencialidad, unidad de actuación, continuidad, diligencia, excelencia, solución de conflictos, igualdad procesal, diversidad cultural, probidad, honradez, profesionalismo, obligatoriedad y gratuidad.
La asesoría jurídica de las materias civil, familiar, administrativo, mercantil, agrario y de amparo será gratuita y las instrucciones predeterminadas que dicte el titular de la Dirección General de la Defensoría Pública del Estado, se harán únicamente con el propósito de lograr mayor eficacia en el acceso a la justicia y mejor organización del sistema de defensa.
En su intervención el Diputado Raymundo González Saldaña a nombre de los integrantes de la Fracción Parlamentaria del PAN, anunció que se abstenían en la votación, ya que de acuerdo al artículo 27 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en la fracción 19, se señala que debe de ser la Procuraduría Agraria la encargada de apoyar la defensoría legal de los campesinos, “en lo demás vemos que esta nueva ley que se propone, cuenta con mejores instrumentos para la adecuada asesoría jurídica, sobre todo para las personas de escasos recursos, lo cual implica que todas las personas tengan acceso a la justicia”.
En su intervención el Diputado Rigoberto Salazar Velasco manifestó que de acuerdo a la Ley Agraria, en el artículo 138, otorga facultades a Estados y municipios de coadyuvar para la defensa en materia agraria, como es el caso de los campesinos, ejidatarios o comuneros que tengan problemas.
“Posiblemente el término coadyuvante sea lo que esté generando alguna preocupación alguna polémica con los compañeros de la fracción de PAN, pero sin duda hay muchas bondades en esta ley porque va destinada la gente que no tiene recursos para pagar a un abogado”, puntualizó el legislador local.