TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
La noticia de que el gobierno estatal y organismos públicos adeudan, a noviembre pasado más de 760 millones de pesos correspondientes a aportaciones y descuentos no enterados (Diario de Colima, 18 de marzo), no puede ser más preocupante respecto al trámite para resolver en definitiva, algún día, la crisis de las pensiones en nuestra entidad que impacta negativamente a la clase trabajadora que tiene en esa institución, el IPECOL, a un referente clave frente a sus aspiraciones económicas y familiares.
En ese conjunto de órganos deudores, están el Dif, Incode, y el Instituto para el registro del territorio, Ayuntamiento de Colima, la Fiscalía y otros ayuntamientos como Tecomán, Armería, Ixtlahuacán, Ciapacov y Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
Estamos en presencia, como se desprende de ese catálogo de entidades públicas, de una verdadera tragedia financiera que ha ido hacia adelante sin que alguna acción oficial le ponga atención o freno. Todo mundo pasa por la dirección de las dependencias y son pocos los directivos que actúan con responsabilidad ante obligaciones como esas. Y no importa que los trabajadores sean afectados en sus derechos, ya que los créditos se restringen en automático y aún los patrimonios personales que administra Ipecol no pueden ser canalizados a los supuestos beneficiarios – acreedores- ahorradores.
Sépase que la naturaleza jurídica de la pensión es la de un ahorro del trabajador que se convierte en una prestación social que depende de los aportes que éste realiza durante determinado tiempo en una entidad. Aquél confía en ese haber para hacer frente a gastos inesperados y de pronto está frente a la falta de liquidez del órgano pensionario. Como que no se vale. En ninguno de los casos, se puede negar a alguien algo que ha adquirido, pues se trata de aportes que ya han pasado a ser parte de su derecho patrimonial, que a su vez se constituye en patrimonio autónomo o afecto a un fin.
Pero por lo visto, es fuerte la idea de que Colima es una entidad en situación casi de quiebra financiera por errores y desfalcos perpetrados por malos gobernantes que no se dedicaron a trabajar organizada y honestamente en favor de Colima y aún se atreven a hacerse presentes en actos públicos con homólogos suyos como si realmente alguien estuviera esperando algo bueno de ellos en los tiempos por venir. Aparte de eso, no ha habido obras de infraestructura, solo unas cuantas pequeñas e intrascendentes ejecutadas sin el mínimo de transparencia; hay deudas por todos lados, atoramientos en apoyos para los sectores productivos, presupuestos escasos, ausencia de pagos totales a trabajadores, etc. “Nuestra Colima” está acongojada.
Es difícil saber cómo se fraguó esa desatención a lo largo del tiempo, cómo casi mil millones de pesos no llegaron a su destino. Junto a los exgobernadores, deberían investigar a los anteriores directores del hoy Ipecol para que expliquen qué es lo que hicieron durante su desempeño y adjudicarles responsabilidades administrativas aun cuando ellos solo recibieron órdenes. Pudieron haberles dicho a los mandatarios: para esas triquiñuelas no cuenten con nosotros, pero se abstuvieron y prefirieron seguir en la chamba.
Hay instituciones oficiales que pueden indagar la situación, sin embargo, todo está controlado para que jamás se sepa cómo se llegó a ese deterioro financiero. Los gobernantes, ante la timidez y el entreguismo de los diputados, tienen control para convertir los haberes de las instituciones en caja chica. En los últimos regímenes ha habido desvíos presupuestales hacia fines distintos a los que debían ser atendidos. Eso pasó en los sectores de salud y educación primordialmente, donde hay ambientes de gran pena porque se usaron fondos de ahí para resolver otros problemas y se les destinó al gasto corriente.
Por ello, están en su derecho los trabajadores y sus dirigentes al insistir en la devolución de lo que les pertenece. No hay otra forma de lograrlo ante el autismo de ex gobernantes y de cierta parte de la clase política que olvidó obligaciones básicas como la de cuidar el patrimonio de miles de servidores públicos.
Toca a los trabajadores exigir con determinación la devolución de sus recursos. No se sabe cómo el gobierno podría restituirles su patrimonio en un plazo corto, pero esa dificultad no lo exime de responsabilidades.
Sus representantes no deben quitar el dedo del renglón, tienen que presionar para obtener respuestas satisfactorias a sus demandas pues de no hacerlo será difícil que satisfagan las expectativas de los trabajadores. Y por último, ante negativas a sus peticiones, podrían llevar el caso a otras instancias jurídicas. Lo peor es quedarse con los brazos cruzados.
Los recursos para el pago de pensiones tienen que ser restituidos. El Estado no puede constituirse en violador de las normas que él mismo establece. Han de trabajar sus gobernantes para dejar a salvo la imagen de irresponsabilidad que algunos de ellos han originado con sus actos ilegales y / o tardíos.