Por: Ángel Durán.
El esparcimiento es un derecho y además necesario, para el desarrollo integral de la personalidad, de cualquier ser humano. Por ello el Estado, tiene la obligación y el deber social de contar con espacios asequibles para todos los estratos sociales, a fin de que pueda haber una sana convivencia en toda comunidad.
En la capital colimense, contamos con el Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez, un lugar muy bonito, prácticamente en el centro de la ciudad. En él, las familias colimenses se daban cita cada fin de semana.
El costo era muy económico hasta que se concesionó a la iniciativa privada. supuestamente para mejorar las condiciones de sus instalaciones e incrementar el número de áreas para visitar.
Desde su traslado a la iniciativa privada, que fue muy criticado socialmente, sobre todo porque no se consultó a la población, aduciendo que por el alto costo que representaba su mantenimiento y ya se decía desde aquel entonces que Colima estaba en números rojos, se privatizaría el servicio y aunque aumentaría en mucho el costo de ingreso, se regalarían entradas a la población. Esa fue la justificación. ¿Se estará cumpliendo?
Una vez privatizado el servicio, hubo quejas de maltrato de animales, áreas sin atención y sin darles uso, las albercas no se usaron -aunque esa parte parece que quedó a cargo de gobierno del Estado- en fin, no hubo una mejora en el servicio, ni tampoco en quienes más acudían a ese lugar de esparcimiento.
Es tiempo que el gobierno del Estado, revise el contrato de concesión, así como si se están cumpliendo las condiciones pactadas en el cuidado del predio, pero, sobre todo, si el servicio ha beneficiado a la población.
Este tipo de lugares públicos, son importantes para la convivencia social y por eso, el Estado tiene el deber de darle seguimiento cuando ha privatizado el servicio.
Si no se está cumpliendo con el contrato de concesión por el particular y más, si no se están respetando los compromisos adquiridos para beneficiar a quien menos tienen, el contrato debe rescindirse y el gobierno del Estado tiene que hacerse cargo de su operación.
El parque regional, como se le conoce socialmente, es muy popular entre las y los colimenses y tiene que seguir así, sobre todo, para que las familias lo disfruten cuando menos los fines de semana.
Operarlo adecuadamente y bajo el principio de sustentabilidad, no debe ser difícil para el gobierno, sobre todo porque es un lugar necesario e indispensable para cumplir un fin de interés social, que es la convivencia de las familias colimenses.