Para ello, acordaron implementar acciones inmediatas y de largo alcance como la creación de Unidades Especializadas de Combate al Secuestro; la adopción de Protocolos de Operación, cuyas prioridades serán la atención de la víctima y la investigación de amplio espectro del delito, basada en el uso de la Plataforma México.
Asimismo, en este encuentro se establecieron las líneas a seguir en la capacitación, profesionalización y evaluación de los cuerpos policiacos, ministeriales y periciales.
El pleno de la Conferencia de Procuradores impulsará una reforma constitucional y legal que permita contar con un marco normativo acorde a la realidad delictiva que enfrentan como institución, para lo cual buscarán homologar los tipos penales y el castigo a los secuestradores, así como proporcionar herramientas al Sistema de Justicia que acaben con los espacios de impunidad en el ámbito estatal.
Subrayaron que estos acuerdos son fundamentales para atender la urgente tarea de garantizar seguridad y justicia para todos los mexicanos y en particular para combatir el lacerante delito del secuestro.
A continuación se transcriben los acuerdos suscritos:
Estrategia nacional e integral contra el delito de secuestro
Los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia asumimos plenamente los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Por ello, nos comprometemos a responder con eficacia y oportunidad al justo reclamo social de combatir el crimen organizado, y en particular el lacerante delito del secuestro.
Compartimos la necesidad de que los diferentes órdenes de gobierno consolidemos sistemas de colaboración efectivos para realizar una lucha frontal en contra de este ilícito, atendiendo a nuestras atribuciones legales y respectivas competencias.
Para profundizar el combate al secuestro, resulta necesario avanzar hacia el perfeccionamiento de los esquemas de combate a este ilícito. Con ese objetivo, los procuradores del país nos pronunciamos a favor de la necesaria adopción de una Estrategia Nacional e Integral contra el Delito de Secuestro, que oriente los esfuerzos institucionales para perfeccionar el marco normativo vigente, reforzar los mecanismos de colaboración y los programas operativos, y fortalecer los recursos humanos, la infraestructura y la plataforma tecnológica que requiere reforzar la lucha contra el secuestro a lo largo del territorio nacional.
La estrategia se sustenta en la constitución de Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, donde el trabajo policial y de inteligencia se vincule armónicamente con la actuación ministerial en uso de las herramientas jurídicas con que actualmente se cuenta. Para lograrlo es necesario contar con una visión integral donde el trabajo de gabinete, de análisis y operativo de la Policía, se transforme en prueba jurídica que permita al Ministerio Público obtener de la Autoridad Judicial, una sentencia condenatoria.
Por ello, las procuradurías generales de justicia nos comprometemos a integrar en cada Entidad Federativa la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Estas unidades se integrarán con base en los perfiles y los criterios generales para la selección, capacitación, desarrollo y evaluación de ministerios públicos, policías y peritos especializados en la materia de atención al secuestro definidos en el seno de la Conferencia. Asimismo, la operación de las unidades se sustentará en los protocolos comunes de actuación policial, ministerial y pericial, con una visión integral de atención al fenómeno del secuestro.
Aquellas entidades que actualmente cuenten con instancias especializadas en el combate al delito de secuestro, adoptarán los protocolos comunes e integrales de actuación policial, ministerial y pericial, y se comprometen a revisar sus procesos operativos para que sean acordes al contenido de esta estrategia.
En materia de capacitación, la Procuraduría General de la República ha formulado el programa tipo de capacitación del personal ministerial de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, y se compromete a conformar un directorio de expertos de las Procuradurías de Justicia de los Estados que pueden ser capacitadores de Agentes del Ministerio Público y Peritos, así como coadyuvar en los procesos de capacitación.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública capacitará al personal policial que sea evaluado, mediante un curso que tendrá una duración de cuarenta días.
Así también, se desarrollará una primera etapa de la capacitación en forma conjunta entre policías y ministerios públicos, con el fin de homologar el uso de las principales herramientas.
La capacitación del personal policial, ministerial y pericial se orientará a la certificación de cada uno de los participantes. El personal que conforman las Unidades Modelo será sujeto a las evaluaciones de forma anual.
La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República se comprometen a brindar el trabajo tutorial para instalar las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro que sean necesarias, con una duración estimada de tres meses.
Las procuradurías generales de justicia se comprometen a minimizar la rotación del personal designado para estas Unidades Especializadas, así como asignar incentivos adicionales al salario, tales como prestaciones de tipo social y recompensas económicas por el trabajo desempeñado en los casos que lo amerite, igualmente se diseñará un sistema para dar seguimiento al personal una vez que deje de laborar en las tareas de combate al delito de secuestro.
La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República definirán el inventario tecnológico e informático básico para la operación de las Unidades Especializadas, tomando en cuenta la propuesta presentada en esta Asamblea, mismo que las procuradurías estatales se comprometen a adquirir haciendo uso de los recursos que para ello se asignen.
La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a coadyuvar en la implementación del Módulo de Secuestro en la Plataforma México, en las Unidades Especializadas, así como apoyar la conexión de las bases de datos de las procuradurías de los estados que se consideren compatibles a dicha Plataforma, en un periodo de tres meses.
Las Procuradurías Generales de Justicia del país, así como la Procuraduría General de la República se comprometen a integrar en un periodo de 6 meses, un banco de voces de personas sujetas a investigación, así como de su personal que atiende el secuestro, al sistema automatizado de identificación biométrica por voz (avis). Este banco de información podrá ser utilizado por las Especializadas, apoyadas por las unidades de servicios periciales.
La Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y las Procuradurías Estatales se comprometen a sistematizar la información estadística en materia de secuestro. Específicamente, las procuradurías estatales de justicia aportarán información relativa a:
• Denuncias ciudadanas.
• Casos registrados.
• Casos resueltos, considerando personas liberadas y
desarticulación de bandas.
• Detenidos por secuestro.
• Personas consignadas.
Los responsables de integrar esta información serán la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial (UCIIP) y la Procuraduría General de la República a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, CENAPI, instancias que ingresarán la información al Módulo correspondiente de Plataforma México.
Se establece el compromiso de desarrollar campañas nacionales de difusión para la prevención del secuestro.
El Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acuerda presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para su recomendación, la Estrategia Nacional e Integral contra el Delito de Secuestro que hemos aprobado.
Protocolo de actuación operativa y jurídica para la atención al delito de secuestro
Las instancias de procuración de justicia participantes en esta Sesión Extraordinaria acordamos adoptar los principios de actuación para la labor policial y ministerial contenidos en el Protocolo de actuación operativa y jurídica para la atención al delito de secuestro, instrumento que define las bases procesales bajo las cuales se conducirán los funcionarios públicos adscritos a las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro en su actuación y la atención a la víctima del delito durante la Averiguación Previa.
La Secretaría de Seguridad Pública presentará en el término de quince días los manuales para el Manejo de Crisis y Negociación (genérico y específico), para la Entrevista, de los Centros de Denuncia y el de Información. Estos instrumentos normativos están vinculados a los criterios previstos en los Protocolos de actuación operativa y jurídica.
Análisis del marco normativo vigente en materia de secuestro
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se pronuncia por coadyuvar al cumplimiento del compromiso asumido por el Poder Legislativo en el punto 32 del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, correspondiente a impulsar una Ley General del Delito de Secuestro, y la reforma a la fracción vigésimo primera del artículo 73 constitucional.
Bases de Colaboración en Materia de Combate al Delito de Secuestro
Los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia suscribimos la actualización de las Bases de Colaboración en Materia de Combate al Delito de Secuestro, para continuar el perfeccionamiento de los mecanismos de colaboración, coordinación, capacitación e intercambio de información para la persecución eficaz del delito de secuestro, que conforman la Estrategia Nacional e Integral a la que nos hemos comprometido, para la consolidación de acciones en el ámbito de nuestras respectivas competencias, a fin de consolidar una cultura de prevención, denuncia y atención a la víctima en esta materia.