TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
La Ley General de Víctimas con la que los senadores se congratulan en las redes sociales es una simulación y una traición al compromiso que hizo Peña Nieto, acusó en diciembre pasado Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, denuncia que retomó Regeneración, órgano difusor del partido Morena.
La activista indicó que luego de hacer un análisis sobre el dictamen elaborado por la Cámara de Senadores, notó que “las reformas a esta ley son una simulación ya que no se obliga a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a atender y reparar el daño de las víctimas que acuden a ella por falta de atención o respuesta de las comisiones estatales”.
Citó Alto al Secuestro que la Ley dice en su artículo 79 que “podrá” otorgar medidas de atención inmediata, por ejemplo atención médica o psicológica, pero sin darles acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral. Destacó que el uso de la palabra “podrá”, le da la opción de no cumplirlo, lo que les exonera de la obligación de atender a las víctimas ignoradas por los estados.
Además, en el artículo 67 se establece que el límite para la reparación del daño es de un millón 110 mil 208 pesos; sin embargo, solo se contempla a las víctimas de delitos pero no a las de violaciones a los derechos humanos.
Mientras que el artículo 68 señala que para que las víctimas de delitos puedan ser indemnizadas, el responsable debe tener antes una sentencia definitiva. Lo que advierte la organización es que basta la sola existencia del delito o la recomendación de algún organismo nacional o internacional de protección a derechos humanos, para que se aplique el beneficio.
Este plazo formal constituye un veremos. Los juicios en México son retardados por hábiles abogados que a veces cuentan con la complicidad de funcionarios judiciales para alargar los juicios o trampear el proceso cada que es posible. Obtener una sentencia a favor puede resultar para las víctimas un plazo larguísimo. La PGR anteayer pidió perdón a tres mujeres indígenas que presuntamente habían secuestrado a seis agentes policíacos. “Nos chingamos al Estado”, dijo una de ellas.
Miranda de Wallace destacó que a tres años de la promulgación de la Ley General de Víctimas, únicamente 17 estados tienen Comisión Ejecutiva Estatal: Nuevo León, Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, Durango, Jalisco, Tlaxcala, Quintana Roo, Colima, Tabasco, Yucatán y Campeche ¿ Servirán de algo estas comisiones ? De estas, solo seis tienen fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. Se trata de Nuevo León, San Luis P, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala y Yucatán, cita Regeneración.
“Además, en esos 17 estados apenas hay 264 abogados “victimales”. Si se toma en cuenta que en 2016 se denunciaron 561 mil 418 delitos en estos estados, en promedio cada asesor tendría que atender 2 mil 126 casos, más los que se vayan acumulando, “lo cual es humanamente imposible. “A pesar de todas estas carencias, en el dictamen de reforma a esta Ley no se establece ninguna sanción para los Estados que incumplen, es decir, es letra muerta“, alertó la organización”, remató Miranda de Wallace.
Se olvida que una víctima es una persona que fue sometida a una fuerza que la dañó en su integridad y que han de pasar muchos años para que, quizás, supere esos eventos violatorios a su persona.