TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
A raíz de los sismos de septiembre ha quedado al descubierto un sinfín de realidades que, analizadas en conjunto, ofrecen pautas para hacer lo necesario y protegernos de los efectos nocivos de fenómenos naturales, aunque vale aclarar, como lo planteó Andrés Openheimer, que estos suelen dañar más a las regiones que tienen más pobreza como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Y desde luego, añadido está el problema de la corrupción en el área de construcción y del entramado jurídico que le da sostén.
La nueva realidad post sismos es importante para que el Estado cree políticas nuevas, ordenadoras del desarrollo, equitativas y justicieras. Openheimer citó en un programa con Radio Fórmula, cómo en Japón, que sufre más terremotos y de mayores índices que México, registra cifras mínimas en pérdida de personas, hasta dejar en cero la estadística en varios eventos cruciales de más de 7.5 grados. Qué pasa allí?
Pasa que hay una cultura de respeto a la ley, y de cuidado de las personas, nada más. El Estado japonés garantiza la protección de su población, la tiene convertida en la razón de su existencia como ente político. Construye tecnologías de prevención y promueve una cultura de protección. Seguro que como tiene una economía pujante, hace que se usen materiales ligeros y macizos para evitar daños mayores ante sismos. Y vigila que a los compradores de casas habitación no los timen las constructoras.
Pero Japón tiene un índice alto en capital humano, una medición favorable en cuanto a la calidad de las personas al aventajar a muchas naciones por el nivel educativo. México ocupa, según el World Economic Forum de 2017, el lugar 69 entre 130 naciones, porque solo aprovecha el 61 por ciento del talento y potencial de su capital humano, ignorando al 39 por ciento restante debido a la deficiente calidad de su educación y al bajo nivel de escolaridad de la población y a la tasa de participación laboral de apenas 59.7 por ciento. En tanto, Noruega y Finlandia, primero y segundo lugar del ranking, aprovechan el potencial humano en un 77 por ciento.
Es momento de replantear la recuperación de México a partir de la creación de oportunidades educativas, de trabajo, salud, vivienda, de regiones olvidadas, que aparecen en el mapa de México solo cuando hay desastres. Las tomas televisivas de la situación de varios municipios dañados por los sismos septembrinos evidencian pobreza, falta de empleo, carencia de satisfactores básicos para una vida digna que hoy está perturbada al máximo, y si a eso adicionamos los problemas de violencia, impunidad, migración, malos gobiernos, etc, tenemos un dictamen fatal.
México no puede depender de solo dos tercios de su territorio, el norte y el occidente, y olvidar el sureste. Competimos mal así. En las discusiones del TLC se cuestiona justamente los bajos salarios y se duda de que los gobiernos mexicanos tengan en su agenda, con claridad, lo que se debe hacer en cuestión de promoción del desarrollo con un criterio de justicia e igualdad. Lo que pasa es que se gobierna al gusto de las élites y a los que menos tienen les tocan migajas o boronas del pastel llamado México. Los canijos banqueros y empresarios tienen muy gordas sus carteras. Y por cierto no tienen llenadera.
Ha de valorarse el alto costo de nuestra democracia, la necesidad de reorientar los presupuestos hacia áreas que permitan consolidar una opción de igualdad. No es posible que los varones de la alta burocracia – SCJN, INE, TEPJF y otros más de la casta privilegiada – y la clase política alta se apropien de recursos en forma abusiva, depredadora, asignándose salarios y prestaciones millonarios. Un alto hay que ponerle a ese despropósito, pero solo la presión de la sociedad puede lograrlo.
Igualmente, el país debe procesar un incremento en el gasto educativo en relación al Pib, que es de apenas un 5.3 por ciento. ¿ Por qué no pensar en un 7% al menos para entrar a una fase de recuperación sostenida? Muchos mexicanos no quieren dádivas, sino oportunidades de trabajar, producir y hacer que prosperen sus familias. Hay que llevar buena educación a todas las clases sociales y crear incentivos para impulsar una cultura de responsabilidad y participación. Por último, no es alentador que en el presupuesto del 2018, haya una disminución notable de recursos para programas destinados a las regiones pobres.