TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Los últimos años se han multiplicado los hechos violentos en cárceles mexicanas dejando saldos sangrientos, lastimando mucho a las familias y puesto en entredicho la noción de la rehabilitación social, lema que identifica los esfuerzos del Estado por devolver a la sociedad, ya convertidas hacia el bien, a personas que delinquieron.
Me remonto al no tan lejos 2012, último año del gobierno calderonista cuando se potenció el incremento en las incidencias, al llegar hasta 640 registros de diversas irregularidades dentro de los penales según indicaron cifras de la Secretaría de Gobernación, entregadas a Diario El Universal.
El concepto de “incidencias” agrupa las distintas anomalías registradas en los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), como motines, riñas, homicidios, intentos de fugas y evasiones consumadas, suicidios, huelgas de hambre, agresiones a terceros y autoagresiones, entre otras.
La avalancha de conflictos en los penales federales no ha podido ser controlada con los cambios de gobierno. En 2013, el primer año de Peña Nieto, se incrementó a mil 62, y para 2014 se elevó aún más, a mil 261. Académicos estudiosos del asunto carcelario han dicho que los problemas fundamentales en los centros penitenciarios federales y estatales se debe a la sobrepoblación y al hacinamiento por el que atraviesan. “La incidencia aumenta con la cantidad de presos, y se exacerba o se aumenta más que proporcionalmente cuando los reos están hacinados”, expuso la Segob.
Esta sobrepoblación en los penales federales se debe a que a raíz de la llamada “guerra contra el narcotráfico” comenzaron a construirse más cárceles, debido a la cantidad de personas que eran detenidas y recluidas; la gran mayoría de éstas iba a prisión preventiva por delitos de posesión de narcóticos con fines de venta, es decir, eran presos sin condena que saturaban los reclusorios del país.
En Colima, por supuesto, se vive situación similar. Faltan espacios dignos que ayuden a la rehabilitación del individuo. El gobernador Ignacio Peralta tiene identificado el problema y habló el pasado martes de una inversión necesaria aproximada de 1,500 millones para construir un centro penitenciario nuevo, aparejada “con la realización de una reforma de estándares que permitan cumplir con protocolos”.
Quienes hemos vivido en Colima sabemos que hay problemas en los reclusorios, ya no caben los presos y además están mezclados quienes pagan por delitos pequeños con reos de alta peligrosidad que, a la larga, pueden influir en potenciar conductas ilegales de los que están próximos a ellos, más grave si se trata de jóvenes.
Yo reconozco el alto grado de profesionalismo de quienes como funcionarios, supervisores o vigilantes están inmersos en el manejo de las cárceles. Han tenido aciertos al por mayor para evitar actos peligrosos como motines, fugas o riñas a su interior. Cierto que donde hay mucha gente presa no faltan problemas, pero estos se controlan y resuelven con mano enérgica. Un dato importante es que allí muchos reos estudian su educación básica y logran hasta licenciaturas estudiando en línea. Ojalá que este dato último sea real.
Una vez identificado el problema carcelario y esclarecido que nuestras cárceles no ofrecen la seguridad requerida, es exigible al gobernador que haga una gestión puntualísima. En estos tiempos no es fácil conseguir tales cantidades de dinero – 1,500 millones de pesos – pero siempre será importante dignificar la vida de quienes pagan con su libertad sus conductas ilícitas.
Peralta Sánchez expuso además que puede haber distintos tipos de financiamiento de la obra, no solo el proveniente del gobierno. A ver quién o quienes se animan.