*La SCJN consideró inconstitucional la reforma del exgobernador de Veracruz.
Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- El Congreso de Colima aprobó el pasado miércoles una reforma al Código Penal para penalizar la alteración del orden público y castigar afirmaciones falsas a través de los medios de comunicación.
Esta reforma es muy similar a la que propuso el gobierno de Javier Duarte en Veracruz en 2011 que fue declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio de 2013.
La enmienda del exgobernador veracruzano, quien se encuentra prófugo por malversación de fondos públicos, fue al artículo 373 del Código Penal de ese estado que establece que:
“A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.
En Colima, el código penal fue reformado el artículo 266 BIS, a propuesta de la diputada del PVEM Martha Meza, en donde se le impondrá hasta 4 años de cárcel y multa de 500 unidades de salario a:
“I. Quién con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto;
- Quién con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, ataques con armas de fuego y sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producido”.
La SCJN resolvió por 10 votos contra uno que el artículo 373 del código veracruzano es “violatorio de derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente por lo que se refiere a la libertad de expresión, derecho a la información, legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal”, refirió la Suprema Corte a través de un comunicado.
Asimismo, el Pleno, a cargo del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, consideró la medida legislativa propuesta por el gobernador Javier Duarte como “desproporcionada”, y que “no cumplió con el requisito de necesidad, lo que contraviene los artículos 6º y 7º de la Constitución Federal”.
Además de la constitución, también viola la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de acuerdo a la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH en 2011