Senadora del PT, María del Carmen Ojesto, propone en el Senado desaparición de poderes en Colima

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*También nombrar gobernador provisional.

Juan Carlos Flores|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Senadora del Partido del Trabajo (PT), María del Carmen Ojesto Martínez Porcayó, presentó una solicitud ante la cámara alta del Congreso de la Unión para desaparecer poderes en Colima y nombrar a un gobernador provisional dado el clima de violencia.

Publicado en la gaceta del Senado de la República, con fecha del 25 de abril del 2018, la legisladora expuso que el Estado de Colima “es inoperante para garantizar la seguridad en los ciudadanos”.

Además, aclaró que existe una “crisis humanitaria” en el estado por el clima de violencia derivado del funcionamiento inadecuado de los tres poderes de gobierno.

“El poder público del Estado de Colima conformado por Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ha quebrantado los principios del régimen federal, conjuran en contra de la sociedad y de la Constitución General de la República”, expuso.

El Estado alcanzó un récord histórico al contabilizar 731 asesinatos durante los primeros 11 meses de 2017, por lo que cerrará el año con un promedio superior a dos muertos por día, de acuerdo con los datos dados a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

“En lo que se refiere al periodo de 22 meses de gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, los números de víctimas de homicidio doloso ascienden a 1,307, cantidad superior a la registrada durante los sexenios completos anteriores. Las cifras más recientes indican que durante noviembre hubo en Colima 71 actos de privación de la vida, misma cantidad que el mes previo, sólo superados por junio, julio y enero, en que hubo 99, 97 y 87 casos, respectivamente”, dijo.

En el caso de Colima, “2017 se encuentra convertido en el año más violento de su historia reciente, cuando en los primeros once meses ya rebasó ampliamente las tasas registradas en años anteriores, dado que en 2016 fue de 71.22, en 2012 de 41.87 y en el resto de los años de las últimas dos décadas las tasas fueron menores de 26.10”.

Agregó que en Colima, “en muchas ocasiones matar a balazos ya no es suficiente. Los cadáveres hablan de las torturas más terribles y sádicas. A algunos, con extremada precisión, les han cortado la piel del pecho y el abdomen para sacarles el corazón todavía latiendo. A otros, les han quitado la piel del rostro, como si fuera una máscara. Decapitados, cuerpos en trozos, sin dedos, orejas, manos y pies. Las imágenes del horror llegan a los colimenses por WhatsApp o por páginas web de narcos, donde los sicarios han puesto videos. Colima, bañado por las aguas del Pacífico de México, es un paraíso natural y hasta hace menos de una década era un remanso de paz. Pero en 2017, el más violento en la historia reciente de México, Colima fue el Estado con más asesinatos per cápita”.

Declaró que “son tantos los muertos que las morgues han tenido que apilar tres cuerpos en las gavetas donde debería ir uno”.

Sostuvo que el mandatario colimense insiste en que las estadísticas que sitúan a Colima como el Estado más violento son “incorrectas (…) pero Colima tiene una población pequeña y por eso da una tasa muy alta si se toma en asesinatos por número de habitantes”, argumentó.

Además, dice que los asesinatos, “tienen una lógica regional, que tiene que ver con la instalación estratégica, el puerto de Manzanillo”.

Recordó que en el 2017, Manzanillo, Colima y Tecomán, los municipios más violento del Estado, formaron parte de la estrategia nacional de seguridad implementada por el gobierno federal, sin embargo, “los resultados que se obtuvieron para disminuir los homicidios dolosos fueron contrario a lo esperado”.

Argumentó que en su revisión de los manejos financieros y los procesos administrativos y organizacionales de las áreas de seguridad y justicia del gobierno estatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “evidenció lo que podría interpretarse como una ausencia de estrategia contra la inseguridad y la violencia”.

La ASF determinó que los objetivos y metas en materia de seguridad “no se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no cuenta con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y carece de una metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos”.

Mencionó que la incompetencia del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para establecer una estrategia de seguridad “ha provocado el colapso institucional del Estado de Colima y una crisis humanitaria de gran envergadura. El poder público del Estado de Colima conformado por Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ha quebrantado los principios del régimen federal, conjuran en contra de la sociedad y de la Constitución General de la República”.