TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Por: J. Daniel Miranda Medrano
Dentro del esquema de gobiernos divididos que se instauró en Colima después de las pasadas elecciones ordinaria y extraordinaria, un asunto más en el que van a tener que dialogar y concertar el ejecutivo y el legislativo, es el tema del Acceso a la Información, la Transparencia y la Rendición de Cuentas.
Precisamente en febrero pasado y una vez que asumió la gubernatura del estado, Ignacio Peralta Sánchez envió una iniciativa con proyecto de decreto para que el Congreso estatal analice y en su caso promulgue la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.
El asunto adquiere especial relevancia en virtud de que es un mandato originado en la pasada reforma a la Constitución General de la Republica, promulgada el 4 de mayo de 2015, y que en su artículo quinto transitorio refiere la necesidad de que las Legislaturas de los estados adecuen su normatividad a las nuevas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a al Información Pública. También especifica este artículo que una vez transcurrido este periodo (que ya se va a cumplir), el INAI será competente para conocer de los medios de impugnación que se presenten de conformidad con esta Ley General.
El tema de la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental es relativamente novedoso en el país y cada vez va teniendo más importancia. Inicia con la reforma política de 1977 estableciéndose como una garantía constitucional del Estado. Recobra importancia en 2002 cuando surge por primera vez una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que da origen al IFAI, siguió con la reforma de 2007 que establece el derecho de réplica y continuó en 2015 cuando el IFAI se transforma en el Instituto Nacional de la materia, lo que a su vez da origen a que una Ley General sustituya a un ordenamiento federal.
La nueva normatividad amplia los derechos de los ciudadanos y amplían el número de instituciones y organismos que están obligados a transparentar su acciones y archivos. Una vez que se actualice esta normatividad las novedades serán de una gran importancia para la gobernabilidad democrática y el empoderamiento de los ciudadanos colimenses.
Una de las características que señalamos es que va a aumentar el número de sujetos obligados; es decir, la cantidad de instituciones, organismos u agrupaciones que deberán de transparentar y hacer pública la información que manejan. Algunos son: los partidos políticos (como ejercen los recursos presupuestales, gastos, numero de militantes), sindicatos (Directorios, contratos convenios etc.) y personas de derecho público y privado que puedan ejercer actos de autoridad como los notarios públicos.
También se van a ampliar las facultades del INFOCOL, y las formas y mecanismos para que cualquier persona pueda acceder a la información de su interés, además de promover una amplia difusión de actividades que promuevan la cultura de la transparencia.
De esta forma, el gobernador cumple con respecto a este asunto y se encuentra ahora en poder de los diputados para la analicen y proceden en consecuencia, con la seguridad de que pronto tendremos un ordenamiento que coloque a Colima a la par del desarrollo democrático del país.
Finalmente, le comento al lector que si ya llegamos a una etapa consolidada donde ya elegimos democráticamente a nuestros gobernantes, es tiempo de pasar a fortalecer ahora la transparencia y la rendición de cuentas de los mismos.
Twitter: @jdanie17