Durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, el Legislador por Colima solicitó a las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del DF establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como instruir a los órganos de fiscalización a su cargo a realizar auditorías sobre la situación financiera de las haciendas públicas locales y del DF.
Además, exhortó a la Junta de Coordinación Política del Senado a tomar las medidas necesarias para que, a la brevedad, se establezcan las comisiones de trabajo, a fin de que la iniciativa preferente sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental, enviada el 1 de septiembre por el Ejecutivo Federal, sea discutida y votada por el Pleno en un plazo máximo de 30 días naturales, para cumplir con la Constitución.
“Durante los últimos 12 años, el Gobierno Federal ha emprendido importantes reformas en favor de la transparencia y rendición de cuentas: se promovieron diversas reformas a la Constitución y se emitieron nuevos ordenamientos como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Gracias a este nuevo andamiaje legal, se creó el IFAI, lo que permite que haya mayor orden y certeza en el ejercicio de los recursos públicos de la Federación.
“Sin embargo, estos avances han estado primordialmente concentrados en el orden federal, sin que se hayan logrado replicar satisfactoriamente en las entidades federativas y municipios. La falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas estatales es particularmente grave”, expuso.
Preciado Rodríguez indicó que en el documento “Índice de Competitividad Estatal 2010. La caja negra del gasto público”, el Instituto Mexicano de la Competitividad, refiriéndose a la situación en las entidades federativas, señalaba que en la actualidad “es imposible saber de qué tamaño es la burocracia estatal ni cuáles son sus salarios”.
En términos generales, el panorama es de una marcada opacidad, por lo cual los ciudadanos y autoridades fiscalizadoras desconocen el destino de los recursos públicos, ya sean obtenidos mediante participaciones federales, recaudación propia o endeudamiento, añadió.
Que los gobernantes locales no estén obligados a reportar cómo gastan sus recursos, ha llevado a varias autoridades a que contraten mayores montos de deuda y a exceder la capacidad de pago de sus Haciendas Públicas, indicó.
“De diciembre de 2008 a junio de 2012, el saldo de la deuda pública de largo plazo de las entidades federativas y municipios se incrementó en 99.1 por ciento, al pasar de 203 mil 70.2 millones de pesos a 404 mil 409.5 millones de pesos. Si se considera como porcentaje de las participaciones, el saldo de la deuda se incrementó de 50.7 por ciento en diciembre de 2008, a 80.1 por ciento en junio de 2012. A la fecha, el endeudamiento como porcentaje del PIB del país asciende a 2.7 por ciento”, detalló.
El endeudamiento irresponsable de los gobiernos es terriblemente injusto, apuntó, aunque gracias al manejo responsable del Gobierno Federal todavía no hay un riesgo a la estabilidad macroeconómica, pero el crecimiento de las deudas de las entidades federativas respecto a sus ingresos implica que para poder solventar sus obligaciones se afectará el bienestar de las generaciones futuras.
“Tarde o temprano, la deuda se tendrá que pagar y serán los ciudadanos los que se apretarán el cinturón, como pasa en la actualidad en varios países de la zona del euro: para que sus gobiernos puedan enfrentar sus obligaciones financieras han tenido que aumentar los impuestos y reducir su gasto público, lo que, en un contexto de elevado desempleo, disminuye el bienestar de su población”, refirió.
En este sentido, Preciado Rodríguez remarcó la importancia de la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.
“El objetivo de la iniciativa es asegurar que los recursos públicos no sean distraídos para otros fines y establecer los mecanismos adecuados de rendición de cuentas, de control y de auditoría”, explicó.
Confió en que, a la brevedad, se instalen las comisiones respectivas para que esta iniciativa preferente pueda ser dictaminada, pues con ella “la sociedad en general tendrá acceso a información fidedigna que permita hacer efectiva la rendición de cuentas en el manejo y aplicación de los recursos públicos”.
El punto de acuerdo del senador de Acción Nacional se consideró de urgente resolución y, luego de ser debatido en el Pleno, se aprobó en sus términos por unanimidad.