La anulación de la elección de Colima
Por: Rogelio Guedea
El Tribunal Federal Electoral declaró ayer la nulidad de la elección para gobernador de Colima. Luego de un exhausto debate, en el que destacó la participación del magistrado Constancio Carrasco Daza (por haber sido más filosófica que jurídica y más que legalista fue una disertación sobre la justicia y los derechos humanos), se declaró nula la elección y se solicitó se convocara a elecciones extraordinarias.
La razón principal fue el intervencionismo del Estado a través de dos figuras de peso del gabinete estatal: el procurador de Justicia, Marcos Santana, y, sobre todo, del secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar, responsable directo de que esta elección se fuera de bruces. El magistrado Carrasco Daza fue extremadamente certero en señalar que durante los procesos electorales se debe reforzar el principio de neutralidad sobre todo en aquellos casos en donde la actuación de un funcionario público tiene un impacto significativo en la población, esto en clara referencia a la intervención que tuviera el procurador de Justicia, que hizo declaraciones que atentaban contra el principio de presunción de inocencia (lo que provocaba una amenaza para la población siendo que su función es coactiva) y, también, en clara referencia al secretario de Desarrollo Social, que utilizó los programas sociales para favorecer a candidatos de un partido específico, en este caso del PRI, atropellando con ello el principio constitucional que prohíbe acciones de esta naturaleza.
Haber anulado la elección de gobernador de Colima una vez más, también debido al intervencionismo del Estado, tiene implicaciones sobradamente graves para nuestra localidad porque, como ya lo he dicho, eso significa que se ha sistemáticamente violado la voluntad popular en aras de mantener en el poder los intereses de una minoría, en este caso una minoría identificada con el PRI, partido que ha impedido (a través precisamente del uso del poder del Estado), la alternancia política que tanto ansía la población.
Esta es, pues, una oportunidad para que el clamor popular sea respetado y para que Colima, por fin, salga de su atasco democrático e inicie un rumbo distinto, de verdadero cambio y enfocado a devolverle a la sociedad su perdido estado de bienestar.
Las elecciones extraordinarias tienen que darnos, sin duda, constancia de esto, pues ya el Tribunal Federal Electoral ha puesto la primera piedra para ello. Que a nadie, ya, le quepa la menor duda.
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