A 220 kilómetros al sur de la capital jalisciense, en este pequeño poblado corazón del conflicto de límites territoriales con el estado de Colima, Elodia Ramos Flores, indígena nahua de 71 años de edad, se pregunta: “¿Quién es Omama?”
Como Elodia, el resto de los 80 pobladores de Las Pesadas sufren por falta de agua corriente para lavar, asearse o beber, por el dispensario médico sin medicinas ni doctor, por la ausencia de un cura en la pequeña iglesia y por el cierre de la única escuela bilingüe que enseña náhuatl y español en Jalisco.
A cambio la mujer, habitante de toda la vida de Las Pesadas, mira a su alrededor y ve policías municipales de Minatitlán, Colima, otros uniformados de la Policía Estatal y patrullas sin rotular de la Policía Judicial con empistolados vestidos de civil, también de esa entidad federativa. Suspira y sin dirigirse al reportero, intermedia a través de su compadre, otro nahua como todos los que viven aquí: “Yo siempre he sido de Jalisco”.
Sustenta su dicho con una credencial electoral. El documento federal señala su nombre, edad y dice al calce: “Las Pesadas sin número, localidad de Las Pesadas, Cuautitlán de García Barragán, Jalisco”.
El ejemplo cunde y varios lugareños comienzan a sacar su credencial de elector para confirmar que aunque viven en una comunidad que las autoridades colimenses tienen sitiada con gente armada por considerarla como su territorio, ellos se afirman jaliscienses así sea del último confín del estado.
De poco vale su pretensión. La falta de servicios públicos, de salud y escolares es una represalia directa de las autoridades de Minatitlán, Colima, que proveía esas prestaciones, luego que los lugareños decidieron empadronarse en Cuautitlán para ostentarse como habitantes de lo que en Colima consideran un estado invasor. Ostentación vana, además, porque de Jalisco no reciben nada.
En la capital de Colima tampoco el gobernador Silverio Cavazos parece muy preocupado por el estado de tensión que hay en el lugar desde que el lunes 27 de julio 150 nahuas del Ejido de Ayotitlán llegaron a Las Pesadas para ejecutar la sentencia definitiva dictada por el magistrado del Tribunal Agrario del Décimo Tercer Distrito (expediente 52/95), que les permite tomar posesión de 40 hectáreas y recuperar una parte de sus tierras ancestrales, lo que fue impedido por la policía colimense que desde entonces reforzó su presencia en el lugar ante el plantón permanente que dejaron los indígenas tras su llegada.
Cavazos, recién terminadas sus vacaciones, reaparece en público para la presentación del libro Caracterización multivariante del perfil del joven colimense, editado por la Universidad de Colima. Al término del acto realizado en la Pinacoteca Estatal, Cavazos minimiza la situación y señala en entrevista que no se trata de una nueva edición de las periódicas tensiones que se dan con Jalisco en un problema de indefinición territorial que tiene 89 años en litigio.
“Es un incidente menor, hemos platicado con el gobernador de Jalisco (Emilio González Márquez) cuando se trata realmente de incidentes mayores; yo estoy seguro que él no tiene nada que ver en esto, ni las autoridades de Jalisco, porque no es un tema de autoridades con autoridades, es un tema de un vival que está asesorando malamente a un grupo de ejidatarios y pretende a través de actos de facto llevar a cabo acciones delincuenciales que por supuesto no vamos a permitir”, dice.
Elodia, quien tiene que caminar hasta 12 kilómetros para ir por agua a uno de los pocos manantiales que no han sido contaminados por las mineras Peña Colorada o Monclova que explotan los ricos yacimientos ferrosos en la zona y en sus procesos echan a perder las cuencas naturales del vital líquido, regresa al plantón para ofrecer una jarra de agua a los nahuas que conforman el grupo de resistencia.
“Aunque no lo quieran en Colima somos de Jalisco, aunque no quieran en Jalisco tampoco”, sintetiza la vieja indígena, mientras llena los dos vasos que son compartidos con fruición motivada por la canícula que hace sudar a chorros.
Las Pesadas y el fierro
Se le llama Las Pesadas porque las piedras aquí tienen una composición hasta del 90 por ciento de fierro. De ser un regalo de la naturaleza que podría traducirse en riqueza para quienes ahí viven, se ha convertido en fuente de la discordia entre Jalisco y Colima, en la que se arrastran los derechos humanos y la calidad de vida de los nahuas, además de una evidente devastación natural.
Esteban Guzmán, encargado de la Comisión Permanente por la defensa de los límites del Ejido Ayotitlán y secretario general del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco A.C., quien está a cargo del plantón que se renueva con relevos cada 24 horas, devela que los fuertes intereses económicos en torno a la minería han logrado que el estado de indefinición territorial continúe de forma permanente. Y dice que es hora que los nahuas del ejido de Ayotitlán, al que pertenece Las Pesadas, recuperen lo que desde tiempos inmemoriales es de ellos.
“Ese es el objetivo, ya estamos en negociaciones con Peña Colorada para que comiencen a pagarnos el daño que hacen con su explotación a toda esta zona, ellos obtienen cientos de millones de dólares cada año por vender lo que está en nuestras tierras. Es justo que paguen el daño ambiental”, afirma.
Esa es el fondo del problema, la riqueza natural. En diciembre de 2007, cuando el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y los gobernadores Cavazos y González Márquez se reunieron en el vecino poblado de Plan de Méndez, a unos 25 kilómetros de Las Pesadas también dentro de la zona de conflicto, se acordó que la federación proveería seguridad y servicios públicos, lo que fue cumplido apenas unos cuantos meses antes de retirarse y permitió que de inmediato retomaran el control las autoridades colimenses.
Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno de Jalisco, reconoció entonces que los intereses económicos eran la fuente de la discordia y que ello se notaba en la beligerancia de Colima para estar en posesión de la zona, para continuar obteniendo parte de la tributación de los grandes grupos mineros como Peña Colorada, de capital italiano y argentino, o la reciente Minera Monclova que vino a cambiar la razón social hace cuatro meses a Minera del Norte, que tiene décadas asentada en la región y es de capital regiomontano.
El gobernador Cavazos niega que el interés de Colima vaya más allá de la defensa de lo que considera su territorio.
–¿Qué tanto trasfondo hay de los intereses económicos mineros como origen y permanencia del conflicto?
–Yo creo que eso se lo tendría que preguntar al gobierno de Jalisco para ver cuáles fueron los fines que tuvieron cuando interpusieron esta controversia constitucional. Nosotros seguiremos siendo muy respetuosos de la ley y por supuesto defendiendo a cabalidad nuestro territorio.
La controversia constitucional que promovió Jalisco en 1995, y que fue retirada de la Suprema Corte de Justicia a petición de Colima, fue retomada por el Senado de la República hace cuatro años. Ahí permanece en un limbo jurídico ya que los legisladores no han aprobado siquiera una ley reglamentaria que les permita intervenir en los temas de conflictos territoriales.
En tanto, los nahuas con la sentencia agraria en la mano y la disposición de permanecer plantados en Las Pesadas hasta que sea necesario, comienzan “en paz y apegados a derecho” a intentar retomar su territorio ancestral, con la vigilancia permanente de policías de Colima y sin el apoyo del estado de Jalisco, aunque se sigan sintiendo jaliscienses.