TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana.
Con mi solidaridad a la familia Valdez Ramírez – Alcázar por el deceso de Don Carlos, quien entregó su vida al periodismo con vocación verdadera, responsabilidad y fuerza. Descansa en paz estimado tocayo, cumpliste tu misión.
“Tenía que ocurrir lo que tenía que ocurrir” pudiera ser la frase lapidaria para el final de un sexenio que deja lastimados y decepcionados a más de 120 mil colimenses que, en la elección del 2015, expresaron su confianza en las promesas tricolores que se ofrecían. Pero la verdad sea dicha, ese número de agraviados parece muy corto. Esa confianza, recuérdese, se refrendó en dos rondas electorales, como para demostrar que se tenía fe en que Colima quedaría en las mejores manos.
Resuenan aún en el Jardín Libertad las palabras del gobernador Ignacio Peralta, quien en su toma de posesión dijo que con él se “acababa la fiesta”, aunque omitió decir que empezaba la suya. Dijo también, si mal no recuerdo, que llegaba al poder para resolver problemas no para administrarlos. Sin comentarios.
El asunto a glosar hoy es de tipo económico- político. En esta quincena, más de 3,300 trabajadores del gobierno estatal se quedaron sin recibir su pago y la misma situación perjudicial abarca a pensionados y jubilados, a organismos descentralizados y órganos autónomos, que tampoco recibirán recursos para su nómina. Caos total, caos de espanto, paro de labores, bloqueos y otras acciones para forzar a una resolución.
Como era de esperarse, brincó rápido el dirigente Martin Flores, que trae un puñal entre los dientes contra lo que huela a Pri, que tanto le dio. Falta que se manifiesten y se sumen al movimiento pensionados y jubilados. Razones de sobra hay para que ese dirigente adopte una postura de reclamo pues con el salario de los trabajadores no puede jugarse. Ellos no tienen culpa de la insolvencia financiera ni que los manejos presupuestales se hayan salido de control para otros pagos y no se agende el de los trabajadores. Ciertamente, el gobernador, como dice, ha cumplido con el pago de la totalidad de créditos antes de la finalización de su administración de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera. Bravo, aplausos. Pero tiene responsabilidad por no haber dispuesto esos pagos inevitables a la plantilla laboral. Es como si en una casa el jefe del hogar pagara créditos por la compra de un televisor o un refrigerador pero se quedara sin dinero para la leche de los pequeños. Martín Flores advirtió que “ninguna acción de presión se puede descartar”, puesto que “los trabajadores no son los responsables de la falta de previsión de las autoridades para cumplir la obligación salarial”, por lo cual “el gobernador debe dar la cara a los trabajadores”.
“Sé de las repercusiones que esto genera, sé que la gente tiene compromisos de pago que no esperan, de todo tipo, pero realmente hemos explorado todas y cada una de las opciones posibles y la única manera de poder cumplir con el pago de ésta y las quincenas siguientes es si el Gobierno Federal autoriza recursos extraordinarios para el Estado”, dijo por su parte el gobernado que se trasladará a la ciudad de México mañana en busca de comprensión del poderoso centro.
Pienso que este problema es muy serio, con repercusiones no solo económicas sino de tipo moral; implica para miles de personas un agobio injusto e innecesario que se suma al de la pandemia. Ha de buscarse un arreglo pronto, echar mano de los contactos adecuados para evitar más insatisfacciones y la alteración del clima social que ante un cambio de gobierno tiene que ser favorable, esperanzador. Con todo y el desprestigio que se carga, la legislatura local podría aportar algo.
La gobernadora Indira, que tiene vara alta con López Obrador, podría intervenir de alguna forma en la resolución del tema y mandar un mensaje rotundo de que en su gobierno habrá capacidad y sensibilidad para enfrentar o evitar problemas como ése, aunque ya fijó su posición en el sentido de que el gobernador es responsable del quebranto. Ella puede ganarse de un golpe la voluntad de la plantilla laboral y la de funcionarios que laboran en los distintos organismos descentralizados y autónomos y la de los ciudadanos en general pues la economía local podría sufrir un quebranto antela falta de circulación de los ingresos de ese sector.
Por el bien de Colima tiene que resolverse este episodio atroz, recuperarse en el siguiente gobierno la confianza alterada de los ciudadanos en sus gobernantes. Y de esta manera, lograrse un buen comienzo en las actividades, demostrarse que la noción de la esperanza no es una ficción, una ocurrencia, sino un concepto dinámico, creíble, que se abre paso a la transformación verdadera de la sociedad en todos los órdenes.
Indira ha expuesto su posición frente al conflicto, la cual me parece razonable. No le toca asistir a ese baile, cierto, pero puede aportar cosas importantes como la de apoyar de algún modo a un gobernador en tinieblas que terminó naufragando en la tempestad del poder. . .