Ventana Política
Por: Guillermo Montelón Nava
Los escándalos que rodean a Guadalupe Taddei y sus colaboradores exhiben una crisis de credibilidad del árbitro electoral. Es una consecuencia más de la podredumbre que ha propiciado la 4T, a tal grado, de haber alcanzado a la marina y al ejército, por lo que ahora tenemos que las elecciones de 2027 podrían convertirse en la primera gran prueba de una democracia más vulnerable, por los daños causados al INE.
La crisis en el INE, no solo coloca bajo sospecha la honestidad de quienes administran miles de millones de pesos destinados a garantizar elecciones libres, sino que pone al organismo frente a las consecuencias de un proceso de debilitamiento institucional que comenzó desde el nombramiento de ella logrado en tómbola, pasando por reformas a la Ley electoral y a La Constitución, minando su independencia frente al poder político.
Lo verdaderamente escandaloso es que una institución encargada de vigilar la legalidad de los procesos electorales tenga que enfrentar cuestionamientos tan graves sobre la conducta de sus propios dirigentes. Y peor cuando esta red de corrupción se extendió a los órganos electorales locales.
Pero sería un error reducir esta crisis a la conducta personal de Guadalupe Taddei o de algunos funcionarios de su confianza. El problema tiene raíces políticas más profundas y debe analizarse dentro de la estrategia que Morena ha impulsado desde su llegada al poder: debilitar los contrapesos institucionales, concentrar facultades en el Ejecutivo y reducir los espacios de autonomía que durante décadas fueron construidos para impedir que un solo partido pudiera controlar las decisiones fundamentales del Estado mexicano.
El INE no nació por generosidad de los gobiernos ni por concesión de los partidos. Es resultado de una prolongada lucha ciudadana contra el autoritarismo electoral, las elecciones cuestionadas y la intervención gubernamental en los procesos democráticos. Su autonomía representa una conquista histórica que permitió avanzar desde un sistema casi dictatorial hacia otro, donde la competencia política debe desarrollarse bajo reglas claras, autoridades independientes y un alto grado de ciudadanía.
Sin embargo, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el instituto fue objeto de una persistente confrontación política, acompañada de propuestas de reformas, recortes presupuestales y descalificaciones públicas contra sus consejeros. Se trató de hacerlo vulnerable frente del gobierno y su mayoría legislativa. Estas son las consecuencias.
Uno de los episodios más cuestionables fue la modificación de las reglas que permitió a Guadalupe Taddei realizar determinados nombramientos directivos sin el consenso que anteriormente se requería dentro del Consejo General. Aquella concentración de facultades, respaldada por la mayoría oficialista, debilitó el principio de colegialidad y abrió interrogantes sobre los mecanismos de control interno. Precisamente ahora, cuando se investigan las relaciones de algunos de esos colaboradores con empresas proveedoras, adquiere especial relevancia revisar cómo fueron designados y bajo qué criterios ejercieron sus responsabilidades.
La crisis del INE tampoco puede separarse del desmantelamiento de otros organismos autónomos y de las transformaciones impulsadas sobre el Poder Judicial, los mecanismos de transparencia y los órganos reguladores. El argumento oficial ha sido combatir privilegios, eliminar gastos innecesarios y democratizar instituciones. Sus críticos, sin embargo, advierten que el resultado es una creciente concentración de poder y la desaparición o debilitamiento de controles capaces de incomodar al gobierno.
Y aquí aparece una contradicción política difícil de ignorar: quienes durante años denunciaron la corrupción de los gobiernos anteriores y prometieron una regeneración de la vida pública enfrentan ahora cuestionamientos sobre prácticas que dijeron combatir. La transformación prometida pierde legitimidad cuando la lealtad política parece adquirir mayor importancia que la capacidad profesional, la independencia de criterio y la rendición de cuentas.
La renuncia de Guadalupe Taddei, formalizada el 26 de octubre ante la Cámara de Diputados, confirma la dimensión política de la crisis, pero de ninguna manera significa que el problema esté resuelto. Su salida no sustituye las investigaciones ni libera de responsabilidad a quienes pudieran haber participado en las irregularidades denunciadas. Tampoco garantiza que el próximo titular del INE vaya a recuperar la autonomía y credibilidad institucional.
Ahora Morena y sus aliados tendrán una responsabilidad histórica en la designación de quien sustituya a Taddei. Si utilizan su fuerza legislativa para colocar a una figura políticamente subordinada, en lugar de privilegiar la independencia y solvencia profesional, habrán desperdiciado una oportunidad para fortalecer la democracia. El problema no consiste solamente en cambiar a una persona, sino en impedir que la presidencia del organismo se convierta en una extensión de los intereses partidistas.
Lo que México requiere no es un árbitro electoral complaciente con el gobierno ni una institución utilizada como instrumento de confrontación política. Necesita un INE profesional, autónomo, transparente y capaz de investigar y sancionar las irregularidades sin importar quién las cometa.
La democracia no desaparece necesariamente mediante un golpe de Estado. También puede morir lentamente cuando se destruyen sus contrapesos, se debilitan sus instituciones y se coloca la lealtad política por encima de la legalidad. Ojo ciudadanos.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
