Insúa busca privilegiar a funcionarios al promover amparo al artículo 233 Bis: León Alam

0

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, denunció que el alcalde capitalino Héctor Insúa García, busca privilegiar a funcionarios al promover amparo al artículo 233 Bis del Código Penal local.

El citado artículo emana del decreto 139 promovido por el diputado Riult Rivera, con el fin de dar defensa airada al dinero de los trabajadores, prohibiendo y castigando de manera contundente el desvío de cuotas y aportaciones de trabajadores.

“Háblese de cuotas sindicales, háblese de aportaciones civiles del Estado y de cualquier otra aportación a financieras o aportaciones a sindicatos que trabajadores hagan, seguros de vida, fondos de ahorro de trabajadores, fondo mutualista; todos estos fondos que son producto de descuento a quincenas de trabajadores”.

León Alam señaló que el edil Insúa secuestró dichas aportaciones por más de un año y actualmente es obligado a pagar.

“Quiere impunidad, quiere que la justicia federal sancione al gobierno estatal con la cancelación del Decreto, echarlo para atrás para que no exista el artículo 233 Bis y él reciba ese dinero producto de retenciones y utilizarlo para otros asuntos para lo que no fue previsto”.

El dirigente gremial, mostró la demanda de amparo que fue promovido por el alcalde capitalino desde el viernes anterior, ante el Juzgado de Distrito.

En el documento se destaca el reclamo hacia la acción legal que se sigue en el Ministerio Público por la investigación 162/2017, por el delito de Desvío de Cuotas o Aportaciones.

También es contra el Congreso del Estado por la aprobación del decreto 139 y contra el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez por la promulgación y posterior publicación de la norma.

León Alam expuso que el desvío es de alrededor de 25 millones de pesos y si se amplía la denuncia simplemente por Pensiones, el Ayuntamiento de Colima debe 71 millones de pesos.

“Tenemos la auditoría y los documentos que presentamos ante la PGJE, porque incluso con el amparo sigue abierta la posibilidad de aportar las pruebas necesarias”.

Expresó que esta situación afecta a cerca de 800 trabajadores, entre pensionados, jubilados, padres y madres de familia.