La Panga
Por: Mayahuel Hurtado Ortiz
Los últimos procesos electorales que se han realizado en distintos rincones del país, y hablo de las elecciones realizadas en 2015, la segunda elección a gobernador en Colima durante 2016 y los últimos procesos electorales en 2018, han dejado la evidencia que en el terreno electoral, aun queda mucho por trabajar para que la mujer cuente con igualdad de oportunidades para participar en política.
Y el primer punto a analizar es la cuota de equidad que el Instituto Nacional Electoral (INE) les exige a los partidos políticos, vimos pues con cierto dejo de tristeza, que las mujeres que participaron para gubernaturas en su mayoría, no provenían de partidos políticos que tuvieran posibilidades reales de triunfo y se perdieron oportunidades de que las mujeres dirigieran los rumbos de las diferentes entidades federativas, que al día de hoy en su gran mayoría, son lideradas por varones.
En el caso de las alcaldías ocurrió lo mismo, las candidatas mujeres no abanderaban proyectos con posibilidades reales de triunfo y en los casos de que se les garantiza el éxito, fueron municipios con bajo porcentaje de población, lo cual de inmediato frenaba aspiraciones en el futuro inmediato.
2015 fue un año crítico para candidaturas de alcaldías, diputaciones locales en diferentes puntos del país, la guerra sucia se hizo presente y recurrieron a los mecanismos más bajos para exponer la vida privada de las mujeres, denostar su imagen, generar noticias infundadas que se convirtieron en escándalos que influyeron en la decisión de los electores. Pero esto se acentuó, comenzaron las agresiones más fuertes a mujeres candidatas, generándose los primeros decesos para frenar sus aspiraciones. Decenas de mujeres fueron el blanco de agresiones.
2018 fue el año en el que más se recrudeció la violencia política contra las mujeres, y esto escaló a las mujeres que ocupaban en ese momento cargos públicos, hasta aquellas que aspiraban a convertirse en alcaldesas y diputadas, durante el mes de junio de ese año, el periódico El Economista, mostraba con datos duros que eran por lo menos 106 mujeres políticas, candidatas o precandidatas que habían sido agredidas desde el 8 de septiembre 2017 hasta el 12 de junio de 2018, según datos de la consultora de riesgos y análisis de políticas públicas, Etellekt:
“Del total de agresiones contra candidatas, 43 fueron actos de intimidación y amenazas, nueve atentados contra familiares, siete asesinatos, seis agresiones físicas, cuatro asaltos con violencia, tres secuestros y tres agresión con arma de fuego (ilesas)”, indicó la consultora.
De acuerdo con Etellekt de las 106 agresiones registradas, las anónimas son las más frecuentes (26 en total), seguido de las ejecutadas por comandos armados (20) y aquellas practicadas por grupos opositores (11). Guerrero es quien encabeza la lista de las entidades donde hay mayor riesgo para las mujeres que hacen política, seguido en segundo lugar de Puebla y tercero de Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz y Michoacán se ubicaron en el cuatro, quinto y sexto lugar respectivamente.
“De las 106 políticas y candidatas agredidas, 59% pertenecían al ámbito municipal, 29% al nivel estatal y un 12% al nivel federal”, señaló el estudio divulgado por la consultora” (…) hasta ahí el dato.
En los procesos electorales de 2018 se tuvo históricamente el 50 por ciento de mujeres que ocuparon un escaño en el Senado y una curul en el Congreso Federal, sin embargo quienes lideran los grupos de legisladores siguen siendo hombres, mismos que diseñan la agenda política y los temas que serán votados por quienes forman parte de una bancada. En pocas palabras amable lector, lectora, las mujeres aún no son las depositarias del control de las bancadas en las Cámaras.
En los últimos meses los escándalos centrados en la vida personal de las mujeres que figuran en política, han sido las constantes para inhibir su participación en los procesos del nada lejano 2021, esto sin dejar de mencionar las agresiones y atentados que algunas de ellas han sido victimas en diferentes puntos del país.
Estas circunstancias han generado que el INE arbitro de la elección, ponga una lupa y una marca especial para evitar la discriminación, la violencia política de género y las simulaciones al asignar cuotas de equidad, buscando procesos más equitativos y transparentes, lo cual podemos constatar a través del lanzamiento masivo de diferentes spots en radio, televisión e internet que buscan generar una concientización para que las mujeres puedan acceder a una participación en política libre de violencia y discriminación, garantizando que la representación de la mujer estará en todos y cada uno de los procesos electorales del 2021.
La lucha por garantizar procesos mas equitativos para la mujer aun sigue, esperemos que la ciudadanía no se deje llevar por la cultura de la calumnia y del mitote, y recuerde que se trata de una elección, no de una beatificación, es decir, votará por una candidata que en trabajo político como funcionaria, ha dado buenos resultados, y no que sea la clínica del rumor la que oriente su voto.
La vida privada, como su nombre lo indica, debe quedar ajena a la trayectoria política de una persona, se debe evaluar su trabajo en la función pública, porque esos son los elementos que se requieren para gobernar o legislar con eficacia y eficiencia; de lo contrario con el debido respeto, citaré las palabras que han marcado un antes y después de la participación de la mujer desde tiempos bíblicos “El que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra”. Y estoy segura de que nadie goza de esa divina circunstancia. Al tiempo.