Sólo siete de las 84 autoridades involucradas durante 2008 en la violación a garantías fundamentales de personas, es decir 8 por ciento, aceptaron y cumplieron en su totalidad las disposiciones de la Comisión.
En la “lista negra” del organismo aparecen nueve gobernadores: Zeferino Torreblanca, de Guerrero; Ulises Ruiz, de Oaxaca; Emilio González, de Jalisco; Juan Manuel Oliva, de Guanajuato; Leonel Godoy, de Michoacán; Héctor Ortiz, de Tlaxcala; Jesús Aguilar Padilla, de Sinaloa; José Guadalupe Osuna, de Baja California, y Eduardo Bours, de Sonora, además de Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Y seis secretarios de Estado: Genaro García Luna, de Seguridad Pública; Guillermo Galván, de la Defensa Nacional; Francisco Saynes, de Marina; José Ángel Córdova, de Salud; Josefina Vázquez Mota, de Educación Pública, y Luis Téllez, de Comunicaciones y Transportes.
También está incluido el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, y de manera paradójica el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Colima, Enrique García.
En el listado se contemplan las autoridades que no aceptaron recomendaciones o que las aceptaron, pero no han ofrecido pruebas de cumplimiento o sus acciones han sido parciales o insatisfactorias.
De acuerdo a los datos del organismo, una de las tretas más comunes es aceptar de manera pública el veredicto de la Comisión, para luego incumplir lo recomendado. En este grupo están el Congreso de Guanajuato, la SSP-F y la Sedena.
En 18 casos, las autoridades de plano refutaron los lineamientos de la CNDH. Sorprende, en este rubro, la sistemática negativa de congresos estatales como los de Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Guanajuato.
Igual hubo rechazo total de los gobernadores de Sinaloa, Guerrero, Baja California y Sonora, del titular de Marina y de cinco presidentes municipales.
En suma, durante el año pasado 35 aceptaron las recomendaciones, pero sólo comprobaron cumplimiento parcial; seis las aceptaron, aunque sin pruebas de cumplimiento; dos tuvieron una respuesta insatisfactoria y 18 las rechazaron.
Siete sí cumplieron todas las disposiciones: la Secretaría de la Función Pública, los gobiernos de Aguascalientes y Estado de México y los ayuntamientos de Agua Dulce, Veracruz y Sinaloa de Leyva, Sinaloa.
La Comisionada del INM y el gobernador oaxaqueño, incluidos en lo general en la lista de incumplidos, sí aceptaron y cumplieron peticiones en uno de los casos en los que fueron señalados.
Los principales hechos violatorios que en mayor grado quedaron impunes fueron: ejercicio indebido de la función pública; detenciones arbitrarias; tortura; irregular integración de averiguación previa; trato cruel; cateos ilegales; violación a derechos migratorios; negativa a prestación del servicio de salud; violación al derecho a la vida; empleo arbitrario de la fuerza pública; retención ilegal; ataque a la propiedad privada y discriminación, entre otros.
En 14 de los 84 expedientes, las autoridades aún están a tiempo de responder la recomendación y en 2, aún pueden presentar pruebas de cumplimiento.