Los exalcades de Tecomán y Villa de Álvarez, Saúl Magaña y Brenda Gutiérrez respectivamente, tienen propuestas de sanción así como otros exfuncionarios de estos gobiernos que van desde multas millonarias hasta la inhabilitación por varios años para ocupar puestos públicos.
En ese sentido, el coordinador de la bancada panista en el congreso explicó que ya está concluyendo la etapa de aportación de pruebas donde los implicados tuvieron oportunidad de defenderse de las acusaciones en su contra.
“Se está analizando la cuenta pública del 2011, se está concluyendo el análisis y ahí lo que estamos esperando cómo está concluyendo la etapa de presentación de pruebas y vamos a revisar si existen o no irregularidades, si se aplica sanción, esto en estricto apegado a derecho sin consideración política que no sea buscar que si los servidores públicos cometieron alguna irregularidad sean sancionados, o exonerarlos si prueban lo contrario”, dijo.
Señaló que han tenido comunicación con el líder de la bancada priísta, Martín Flores Castañeda, quien es integrante de la Comisión de Responsabilidades “Hemos tenido una comunicación cercana con Martín flores, no tendremos consideración para determinar faltas, es una convicción de PAN; no habrá negociación de ningún tipo para los servidores públicos, pero tampoco vamos a permitir que por razones de tipo político y que no hayan cometido faltas, reciban sanciones” adelantó.
Los exservidores públicos involucrados han recibido asesoría y la información de su expediente a través de la diputada Gabriela Benavides quien también es integrante de la Comisión de Responsabilidades.
“No queremos cacería de brujas o ocultamiento de información. Yo personalmente recibí a los exfuncionarios públicos y hemos brindado todas las facilidades e información para que atiendan el procedimiento”, concluyó.