En su columna “A Propósito” que se publica en Diario de Colima y en www.aproposito2004.blogspot.com, el exgobernador vierte su punto de vista sobre algunos temas relacionados con la seguridad y la política local y nacional.
A PROPÓSITO:
SE HARTARON
Hace unos días publiqué en esta columna, que un importante funcionario público que tiene que ver con la seguridad de los colimenses, declaró que ya lo teníamos harto con las críticas sobre la inseguridad.
Lo debería de tener harto la inseguridad y no las críticas sobre la misma, pues los colimenses están hartos de tanta violencia e inseguridad en las calles, pero el miedo y el temor es mayor al deseo de expresar el hartazgo con tanta muerte y balacera.
El pasado 4 de septiembre Ecos de la Costa publicó: “Me están colmando el plato. Ya son muchas las cosas y vamos a deslindar en el ámbito legal lo que corresponda”, señaló el exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, al anunciar que prepara una denuncia penal por difamación, en contra de los directivos y del dueño del periódico DIARIO DE COLIMA, Héctor Sánchez de la Madrid.
Silverio Cavazos dijo que no se vale todo lo que han dicho de él y de su familia, aunque recordó que ha mantenido su compromiso con la ciudadanía, de no ser un exgobernador subido a los medios. “Ahora, ya hasta Mariano Trillo y otros más (me difaman), pero creo que se están equivocando, porque piensan que me voy a quedar callado toda la vida y no.
“Por eso, si bien la denuncia es por este caso del polarizado, de lo demás, también estoy haciendo un análisis para ver lo que voy a hacer y cuándo”. (Las negritas son mías).
Así es, Silverio Cavazos y algunos de sus amigos se hartaron pronto de lo que la gente dice y eso es peligroso: que “los poderosos se harten”, porque hay muchos oficiosos que les gusta quedar bien cuando eso sucede.
Después de los hechos violentos suscitados el 8 de septiembre, donde perdieron la vida 5 personas y resultaron heridas otras tres, todos ellos familia y vecinos de Villa de Álvarez, acribillados en un lote de carros usados denominado “El Gallo de Oro”, el procurador de Justicia del Estado no ofreció conferencia de prensa sobre este hecho, donde hubo delitos del fuero común, competencia de la Procuraduría Estatal.
Pero la semana pasada, todo el aparato oficial de la Procuraduría y los medios de comunicación oficiales, hicieron cola para anunciar con bombo y platillo, propios de las fiestas del Bicentenario de la Independencia, el más importante triunfo de los policías colimenses, “el descubrimiento” de un sembradío de dos plantas de marihuana en sus respectivas macetas, en una finca ubicada en el pueblo de Suchitlán.
Este éxito policiaco, en medio de más de 20 secuestros, 30 balaceras, 8 descuartizados y casi un centenar de muertos y heridos, así como 14 narcolaboratorios descubiertos y casi 200 toneladas de drogas decomisadas en el puerto, dimensiona el caso de Suchitlán.
Sin tener acreditado un supuesto delito federal, con declaración de dos mujeres detenidas y escondidas durante más de doce horas para que declararan ante autoridades no competentes, sin la presencia de sus abogados o defensores de oficio, a que tenían derecho, se arma todo un show mediático para dar a conocer “lo que supuestamente se sembró” y que hace evidente el trato y el uso que se da a los asuntos de la Procuración de Justicia, que días antes no mereció una conferencia de prensa el acribillamiento de ocho personas y este hecho de Suchitlán sí mereció la atención y difusión oficial de la Procuraduría de Justicia estatal, así como de los voceros oficiales que anteriormente justificaron y defendieron otras conductas.
Pero las autoridades federales habrán de dar su veredicto sobre este caso que, como siempre, dirán la verdad jurídica sobre los delitos que se hayan cometido. Mientras eso sucede, las autoridades policiacas locales ya dieron prueba de que “los poderosos ya se hartaron”.
El día 13 de septiembre en la colonia Oriental, según información que dio la Procuraduría Estatal, fue ejecutado Marco Antonio Casillas Valadez, dos sicarios que viajaban en una camioneta Nissan y que posteriormente, en el operativo implementado, se logró la captura de dos personas del sexo masculino que viajaban en una Cherokee, supuestamente los asesinos, pero que por razones obvias no se daban los nombres de los detenidos.
Cuando la Procuraduría del Estado da a conocer la captura de presuntos sicarios, de inmediato publica los nombres y las fotografías de los mismos; sin embargo, en este asesinato de la colonia Oriental, por “razones obvias” se ocultan los nombres y fotografías, supuestamente para proteger la averiguación. Sin embargo, en el caso de Suchitlán sin haber homicidios de por medio, ni sicarios detenidos, se da a conocer de manera amplia por “razones obvias” el nombre de un familiar del dueño de DIARIO DE COLIMA.
Las razones son más que obvias: pudo más el deseo de venganza. Es obvio que así fue.
Sobre el caso de la Oriental, ahora resultó lo obvio: el Procurador informó ayer que los detenidos no eran los sicarios que asesinaron a quien se llamó Marco Antonio Casillas Valadez, y si en un principio se dijo que fueron ellos, a bordo de una Nissan, ocho días después, la misma Procuraduría informa que no fueron ellos los asesinos y que fueron capturados en una camioneta Cherokee y que confesaron que eran amigos del ejecutado en la Oriental, pero que ellos habían asesinado a dos personas en el restaurante japonés de la plaza Litzy, sobre el Tercer Anillo.
El Procurador informó el día de ayer, que estos dos detenidos se llaman Ramiro Chávez Gaona y Gerardo Salas Cervantes, y que son miembros de “La Familia Michoacana”, y aunque originalmente dijo que habían asesinado al de la Oriental hace ocho días, ahora dijo que no fue así, sino que el pasado 27 de julio habían asesinado a dos personas: Óscar Mendoza Contreras y Arturo Sánchez Mendoza, en el restaurante japonés Suntoyaki, motivo por el que contaban con una orden de aprehensión por esos crímenes; o sea, fueron detenidos por otro crimen que no cometieron y confesaron otros dos que sí cometieron, y el Procurador informó que son miembros del cártel de “La Familia”.
No obstante que la propia Procuraduría del Estado, según publicó Ecos de la Costa el pasado 2 de septiembre, había detenido a Carlos Botello Pozos, sobrino de Ramiro Pozos del cártel de la Resistencia, a quien se atribuyeron las dos ejecuciones del restaurante japonés.
O sea, dos miembros del cártel de “La Familia”, según la Procuraduría Estatal, asesinaron a los del restaurante japonés, y dos miembros del cártel de la Resistencia también asesinaron a los del restaurante japonés. Dos cárteles enfrentados ejecutan a los mismos dos, en el mismo restaurante japonés.
¿Fueron cuatro los asesinos?
¿Los dos cárteles, “La Familia” y la “Resistencia”, hicieron una tregua para matar a los del restaurante japonés?
En el caso de Suchitlán, pregunto: ¿por qué puede más el deseo de venganza que la eficacia contra el crimen organizado?
¿Por qué en una semana donde hay diez asesinatos, se usó como distractor de la violencia el caso de Suchitlán? Por razones obvias.
También por razones obvias vale la pena preguntar a la Procuraduría, ahora que los poderosos se hartaron: ¿seguimos nosotros?
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