VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
La vinculación obligatoria de las líneas celulares con los datos personales abre un nuevo frente entre la seguridad pública, la privacidad y la creciente desconfianza hacia la 4T.
Este gobierno amenaza nuestra privacidad con un argumento aparentemente irrebatible porque si se trata de combatir a la delincuencia, todo sacrificio parece válido. Bajo esa lógica se ha impuesto en México la vinculación obligatoria de las líneas de telefonía móvil con la identidad de sus usuarios. El discurso oficial sostiene que cada número debe tener un responsable, que hay que terminar con el anonimato y cerrar el paso a la extorsión, al fraude y a la suplantación de identidad.
El problema comienza cuando el Estado exige confianza precisamente en un entorno donde lo que abunda es la desconfianza hacia el gobierno por incapaz, corrupto, mentiroso y autoritario; destructor de instituciones.
El15 de agosto comenzó la cancelación de líneas y sí se irá dando según la terminación. Después del vencimiento correspondiente, la suspensión puede aplicarse en un plazo de 72 horas, dejando únicamente servicios limitados de emergencia y atención.
Es decir: quien desconfíe y no entregue la información exigida no sólo protesta; pierde, poco a poco, su comunicación.
Lo que Morena no entiende es que la resistencia de millones de usuarios no necesariamente expresa simpatía por la delincuencia ni una defensa del anonimato criminal. Expresa, antes que nada, una pregunta elemental: ¿por qué debemos entregar más datos personales a un sistema que no garantiza seguridad ni protección.
El gobierno asegura que no creará una base de datos única y que la información quedará bajo resguardo de las compañías telefónicas. Pero vivimos en la era de las filtraciones, los hackeos, el robo de bases de datos, la ingeniería social y la suplantación de identidad. En el mundo digital nadie puede afirmar seriamente que existe una seguridad invulnerable. Basta con que una empresa, una plataforma o un funcionario tenga una falla para que información privada termine en manos equivocadas.
Nuestro país ya vivió una experiencia que debería obligar a la prudencia. En 2022, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el sistema normativo que creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido como PANAUT. La Corte concluyó que el esquema generaba riesgos para la privacidad, la intimidad y la protección de los datos personales y que no superaba la prueba de proporcionalidad.
Además, las consecuencias de las suspensiones pueden ir mucho más allá de la incomodidad de quedarse sin llamadas.
Hoy un teléfono celular es prácticamente una llave de acceso a la vida económica. Con él se reciben códigos de verificación bancaria, se confirman transferencias, se recuperan contraseñas y se realizan operaciones financieras. Sin servicio móvil pueden interrumpirse comunicaciones empresariales, ventas, pedidos, entregas y la coordinación de trabajadores.
Pensemos en los conductores de plataformas, repartidores, mensajeros y prestadores de servicios que dependen de una aplicación y de una conexión permanente. Pensemos en pequeños negocios que reciben pedidos por mensajería instantánea, en vendedores que cobran mediante sistemas digitales, en familias que utilizan el celular como único medio de contacto y en personas que necesitan sus aplicaciones bancarias para operar cotidianamente.
La suspensión masiva o paulatina de líneas no registradas puede producir un efecto en cadena: menos comunicación, menos actividad económica, problemas para autenticar operaciones, interrupciones laborales y mayores dificultades para quienes tienen en el teléfono una herramienta básica de trabajo. La propia autoridad ha reconocido que una línea suspendida pierde acceso a llamadas, mensajes y datos móviles, incluyendo aplicaciones de mensajería y bancarias, hasta que se cumpla la vinculación.
¿Se ha calculado con seriedad el impacto económico de esa decisión? ¿Existe un protocolo para evitar que trabajadores de plataformas pierdan ingresos? ¿Qué ocurrirá con negocios que dependen exclusivamente de su número móvil? ¿Cuántas personas podrían quedar temporalmente desconectadas de sus bancos, clientes, proveedores o familiares?
El problema es que, una vez más, el gobierno parte de una premisa peligrosa: el ciudadano debe obedecer primero y preguntar después. Eso confirma que este gobierno es de improvisados autoritarios y locos.
La seguridad pública es una obligación del Estado. Combatir la extorsión es indispensable. Perseguir el fraude es urgente. Pero el fracaso para detener a los delincuentes no puede resolverse trasladando al ciudadano la carga de demostrar que no es delincuente.
El verdadero reto no consiste en saber quién tiene un teléfono. Consiste en demostrar que, quienes gobiernan, pueden proteger los datos, las libertades y la seguridad de quienes se los entregan. Puede fijar fechas límite, puede suspender líneas. Pero hay algo que ningún decreto puede imponer: La confianza.
Y cuando Morena pretende conseguirla mediante la amenaza de desconectar a quien desconfía, el mensaje que transmite deja de ser el de la seguridad y empieza a parecerse demasiado al del autoritarismo: entrégame tus datos, acepta mis condiciones o desaparece de la red. Su autoritarismo es tal, que ningún amparo vale y eso le saldrá caro a la 4T.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.