Dichas clausuras se realizaron con fundamento en el artículo 170 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, donde además los inspectores actuantes procedieron al aseguramiento precautorio de cuatro unidades de maquinaria pesada e igual número de vehículos de carga y transporte, específicamente trascabos, palas mecánicas y camiones de volteo, utilizados para las obras y actividades descritas.
Con el apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y encabezadas dichas actuaciones por el propio Delegado Federal de esta Procuraduría, Alberto Eloy García Alcaraz, se llevaron a cabo las clausuras totales temporales, luego de que los infractores de la legislación ambiental vigente no presentaron la correspondiente autorización en materia de impacto ambiental que extiende la Semarnat.
En ambos casos, en superficies de tres hectáreas de terrenos forestales de áreas cerriles, orientadas de sur a norte, fueron observados trabajos de extracción de mineral de hierro y de cambio de uso de suelo, mismos que fueron efectuados con maquinaria pesada, con lo que se afectaron los elementos naturales del ecosistema forestal, debido a las excavaciones, compactaciones, cortes, movimientos de materiales y remociones de la vegetación forestal y suelo.
Tales acciones fueron ejecutadas de manera irregular y sin ningún tipo de control, otorgando una conformación irregular a los terrenos en cuestión, con cortes de distintas dimensiones, con alturas de 2 a 10 metros, y excavaciones menores hasta de profundidades de 4 metros, generando desniveles y depresiones en dichos predios. Asimismo, en la parte media de los mismos, se observaron varios apilamientos de mineral, derivado de las actividades de exploración y extracción.
Además de los montículos detectados de mineral de hierro, fueron encontrados dos camiones de volteo de 12 metros cúbicos de capacidad, cargados con dicho producto extraído de los predios inspeccionados, que iniciaban su traslado fueran de éstos rumbo al Puerto de Manzanillo.
Los trabajos de explotación del mineral derivaron en un marcado desnivel de los terrenos debido a cortes y excavaciones, estimándose en una superficie de una hectárea, siendo removidos aproximadamente 50 mil metros cúbicos de materiales, observándose evidencias de inestabilidad de los terrenos y disposición de material terrígeno, con afectación de vegetación forestal, principalmente especies como papelillos, ciruelo, parotilla, guásima y habillo, entre otras.
Por lo anterior, los infractores tendrán que sujetarse a los procedimientos jurídicos administrativos correspondientes que conllevan multas económicas y, eventualmente, denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Con acciones como ésta, la Profepa refrenda su compromiso en la protección y preservación del equilibrio en los ecosistemas, así como con la procuración de justicia, en el marco de un estricto cumplimiento de la legislación ambiental vigente, de acuerdo a las instrucciones giradas por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el Procurador del Medio Ambiente, Hernando Guerrero Cázares.