Recula el Congreso…
Por: Juan Ramón Negrete Jiménez
A los diputados de la Comisión de Responsabilidades de la Quincuagésimo Octava Legislatura, no les quedó de otra más que voltearse a ver entre ellos, morderse las uñas y hacer de tripas corazón, para reconocer que habían regado el tepache, en el asunto del ex Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Rigoberto Salazar Velasco, ya que no podían iniciarle en el Congreso, Juicio Político y de Responsabilidad, por su intervención directa en el proceso electoral ordinario, que culminó con la anulación de la elección de gobernador del estado.
No sé si recuerda aquella sesión cuando la presidenta de la Comisión de Responsabilidades, la panista Julia Licet Jiménez Angulo, desde la máxima tribuna del estado, afirmó que a partir de esa fecha “… y por la obligación que conlleva mi función como Presidenta de la Comisión de Responsabilidades de este H. Congreso, tengo a bien informarles del inicio de juicio Político y de Responsabilidad en contra del Procurador General de Justicia del Estado, licenciado Marco Santana Montes y el C. Rigoberto Salazar Velasco, entonces Secretario de Desarrollo Social.”
Aquél día, las cámaras y los reflectores de todos los medios de comunicación, los acaparó la legisladora albiazul, quien se regodeaba al momento de hacer el anuncio de que llevaría a juicio a dos funcionarios de una administración estatal priísta, no tanto para sentar un precedente por haber intervenido en un proceso electoral, sino para tratar de golpear a sus adversarios políticos ante la proximidad de la elección extraordinaria que se tendría que desarrollar para elegir al gobernador del estado.
El 9 de noviembre en este mismo espacio escribí que la acción que estaba emprendiendo la diputada Julia Licet Jiménez, no era cualquier cosa, y que era algo que debía preocupar a los abogados del Poder Legislativo, ya que la pifia legislativa en que incurrió la presidenta de la Comisión de Responsabilidades, no había sido cualquier cosa.
En aquella ocasión yo dije que la presidenta de la Comisión de Responsabilidades, “…por sus pistolas anunció “del inicio de juicio Político y de Responsabilidad” en contra de (en ese entonces) un funcionario y un ex servidor público, sin embargo está fuera de toda legalidad, y muestra de cuerpo entero la ignorancia de la legisladora y de sus asesores jurídicos que le permitieron subir a la máxima tribuna del estado a exhibirse…” ( http://ipuntocom.mx/desde-la-curul-26-45/).
Ya reconocieron su incompetencia…
Bueno pues le cuento que este pasado viernes 15 de abril, en el pizarrón de avisos del Congreso, que hace las funciones de estrados, se colocaron TRECE Cédulas de Notificación por Estrados, de igual número de procedimientos de sanción administrativa instaurados en la Comisión de Responsabilidades de la Quincuagésimo Octava Legislatura.
La colocación de las cédulas de notificación se hizo en lo oscurito, sin avisarle a nadie, aprovechando la ausencia de todos los diputados, los trece panistas que estaban en su coco wash, en Manzanillo, donde les estaban haciendo un lavado para tratar de convencerlos de que se mantengan unidos como fracción mayoritaria, y los restantes que no acudieron porque ya era viernes, pero bueno, eso es otro asunto.
De las trece cédulas llama la atención la correspondiente al expediente 04/2016-B, donde aparece como denunciante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señalando como servidor público a Rigoberto Salazar Velasco, ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima.
En la resolución el Congreso del Estado de Colima se declaró incompetente para iniciar el procedimiento de la aplicación de sanciones administrativas en contra de Rigoberto Salazar Velasco, ex Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, en acatamiento de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 22 de octubre del año 2015. ¿Recuerdan que se los dije?
En esa cédula de notificación por estrados, la Comisión de Responsabilidades, la cual por cierto se aprobó desde el pasado 17 de marzo, un día antes de que los diputados y todo el personal del Poder Legislativo se fueran de vacaciones de Semana Santa, la dan a conocer casi un mes después, 29 días más tarde, para ser exactos, el 15 de abril.
Los diputados en su resolución, destacan que la Comisión de Responsabilidades, “declara no contar con competencia para iniciar el procedimiento (de) la aplicación de sanciones administrativas en contra de Rigoberto Salazar Velasco, en ese entonces Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima”.
Y añade que “lo anterior ha quedado expuesto en razón de que esta Comisión únicamente se encuentra facultada para conocer dos tipos de procedimientos, siendo éstos el Juicio Político y la Declaratoria de Procedencia; tal y como lo establece el artículo 215 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativa; contra servidores públicos que se encuentren dentro de los supuestos contemplados en los numerales 121 y 122 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Colima”.
Agrega un segundo punto de la resolución, donde la Comisión de Responsabilidades acordó girar oficio número 765/2016“dirigido al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, mediante el cual se le remite copia certificada de la Resolución Definitiva del Juicio de Revisión Constitucional Electoral y Juicio de Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano, correspondiente a los expedientes números SUP-JRC-678/2015 y SUP-JDC-1272/2015 respectivamente, emitida por la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión celebrada el día 22 de octubre del año 2015; lo anterior a efecto de que dé inicio al procedimiento administrativo correspondiente en los términos de ley”.
La resolución la firmaron los integrantes de la Comisión de Responsabilidades de la LVIII Legislatura del Estado, diputados Julia Licet Jiménez Angulo, presidenta; Octavio Tintos Trujillo y Riult Rivera Gutiérrez, secretarios; Norma Padilla Velasco y Santiago Chávez Chávez, vocales.
Siempre les dije que no eran parte de sus facultades el iniciar y menos como lo quiso hacer Julia Licet Jiménez, este juicio político y de responsabilidad en contra de Rigoberto Salazar y del ahora ex procurador de Justicia del estado, Marcos Santana Montes, pero no lo querían entender.
Si bien la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue la que anuló la elección de gobernador del estado, ya que según el máximo tribunal jurisdiccional, quedó comprobada la intervención de Rigoberto Salazar, en los comicios locales, por lo que se ordenó se aplicaran las sanciones a que haya lugar y decía que se diera vista al Congreso del Estado, no era para que los diputados se trataran de erigir en agentes del ministerio público investigador, qué bueno que aunque les llevó casi cinco meses, están recomponiendo el camino.
… y que les prescriben las sanciones
Bueno le decía que en estrados del Congreso hay otras doce cédulas de notificación, referentes a procedimientos de sanción administrativa radicados todos en la Comisión de Responsabilidades bajo los número 02, 03, 04, 04 (repetido el número), 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 y 13/2015, todos ellos referentes a sanciones en contra de ex servidores públicos de distintos municipios y de un organismo operador de agua.
Estos procedimientos de sanción administrativa, hablarían muy bien de la Comisión de Responsabilidades, ya que todos estos ex servidores públicos, se encontraron como probables responsables de hacerse acreedores a alguna sanción administrativa durante la calificación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, calificadas por los diputados de la Quincuagésimo Séptima Legislatura local.
Las cuentas públicas se aprobaron el 21 de noviembre de 2014 y se publicaron en el periódico oficial “El Estado de Colima”, el 29 de noviembre de aquél mismo año.
Pero como nuestros actuales diputados andaban más perdidos en otras cosas, como el pelear la gubernatura interina, o luego irse a la campaña extraordinaria y otros menesteres, pues ándale que se les fue el tiempo y ahora que quisieron entrar al análisis de las sanciones, ¡ya estaban fuera de tiempo para instaurar los procedimientos, pues habían prescrito!
Sí, a pesar de que en la calificación de las cuentas públicas de 2013, encontraron probables irregularidades contra ex servidores de los Ayuntamientos de Coquimatlán, Cuauhtémoc, Colima, Armería, Armería (está duplicado, pero una cédula está mal) Poder Ejecutivo del Estado (Gobierno del Estado), Minatitlán, Comala, Tecomán, Ixtlahuacán, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán y Villa de Álvarez, pues ándale que a los diputados se les pasaron los tiempos.
Hicieron mal su trabajo OSAFIG y la Comisión de Responsabilidades…
En las resoluciones colocadas en estrados, los diputados que integran la Comisión de Responsabilidades, emitidas apenas este 4 de abril de 2016, aducen que “…por la inexistencia de legalidad del dictamen realizado por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y la Comisión de Responsabilidades; y aprobado por el pleno de esta soberanía, SE DECLARA IMPROCEDENTE para instaurar el procedimiento y prescrita la facultad constitucional y legal para aplicar las sanciones propuestas en el decreto número 417 (cambia el número según el ayuntamiento de que se trata), POR LO QUE SE ORDENA EL SOBRESEIMIENTO DEL MISMO y en consecuencia el archivo el expediente como asunto totalmente concluido para todos los efectos legales procedentes…” (Las mayúsculas son colocadas por el columnista).
¡Qué le parece!, seis meses después de que entraron en funciones los actuales diputados y de que les entregaron todos los dictámenes pendientes de resolver, apenas se dieron cuenta que estaba mal hecho el trabajo realizado por el OSAFIG y por los diputados de la anterior Comisión de Responsabilidades y que además se les había pasado el tiempo y en consecuencia ya habían prescrito las sanciones que se proponía debían aplicarse a los ex servidores.
Como si esto asunto fuera cualquier cosa, ni la Comisión de Responsabilidades, ni el Congreso del Estado, han informado públicamente, como si lo hacen en otros asuntos donde pretenden sacar raja política, aquí, apenas lo están dando a conocer a través de cédulas de notificación por estrados y en lo oscurito, como pretendiendo que nadie se dé cuenta.
Y por si fuera poco, el trabajo que realizó la Comisión de Responsabilidades y los abogados del Congreso, pareciera que hicieron las notificaciones con los pies, existen cambios de nombre a los que se señalan en la cédula de notificación y los señalados en los decretos aprobados por el pleno del Congreso.
Está duplicado por ejemplo el expediente 04/2015, uno está en contra del servidor público “C. Carlos Donato Castañeda Castrejón (sic), servidor público del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colima, Col., administración 2012-2015”, y están absolviendo al “C. Donato Castañeda Castejón…”, (ya no aparece el nombre de “Carlos Donato y varía el segundo apellido”), de las sanciones propuestas en el decreto número 412.
En el otro expediente 04/2015, también colocado en estrados, se señala que el procedimiento de sanción administrativa es en contra de los servidores públicos: “CC. Luis Campos Guzmán, José de Jesús García Romero, Mariano Virgen Castrejón, Aram Núñez Castillo y Uriel Raúl Rangel Hernández, servidores públicos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Armería, Col., administración 2012-2015”.
Y en la resolución de este expediente se está absolviendo nuevamente al “C. Donato Castañeda Castejón…”, de las sanciones propuestas en el decreto número 412.
Después está un expediente 05/2015, nuevamente haciendo referencia de los CC. Luis Campos Guzmán, José de Jesús García Romero, Mariano Virgen Castrejón, Aram Núñez Castillo y Uriel Raúl Rangel Hernández, servidores públicos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Armería, Col., administración 2012-2015, y ahora sí los están absolviendo a todos señalando que quedan prescritas las sanciones contempladas en el decreto número 414.
En una posterior entrega le ampliaré la información de quienes se beneficiaron con esta dormida que se dieron los diputados, y habrá que ver si alguna autoridad podría iniciar procedimiento de sanciones administrativas en contra de quienes, teniendo la obligación de procurar que esto no ocurriera, por descuido dejaron que prescribieran las sanciones en contra de ex servidores públicos que habían sido señalados probables responsables de diversas anomalías en las administraciones municipales y estatal.
Para cerrar…
**Mucho trabajo van a tener los diputados esta semana, ya que si otra cosa no sucede, a las 11:00 de la mañana de este lunes habrá de comparecer la Secretaria de Movilidad del Gobierno Estatal, Gisela Méndez, por el asunto de los Choferes PRO, Uber, entre otros, a ver si no los vuelve a dejar plantados.
Para las 13:00 horas de este mismo día, deberá comparecer el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado, Carlos Noriega García, para que explique las razones por las cuales el titular del Ejecutivo del Estado, ordenó una auditoría externa a la administración de Mario Anguiano, a una empresa privada, a la que le van a pagar más de 1.7 millones de pesos, sobre todo ahora que las finanzas estatales están asfixiadas, vamos a ver qué tal se ponen.
**Para este martes las diputadas Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y Martha Sosa Govea, encabezarán el tercer foro que sobre el descuento generalizado en el transporte urbano, habrá de desarrollarse, ahora en el puerto de Manzanillo, en el local de los agentes aduanales, foro al que habrá de llevar a los muchachos de Acción Juvenil del PAN, de PANAL, de MORENA, de MC y el PRD, que lo mismo los movilizaron a Tecomán, que las abrieron espacio en el foro de Colima, para tratar de seguir menguante la fuerza de la Federación de Estudiantes Colimenses.
**Además, este martes los diputados lo menos que quieren es estar en Colima capital, ya que a partir de las 18:00 horas, seis de la tarde, asociaciones civiles y religiosas, así como grupos, movimientos y asociaciones eclesiales, realizarán la denominada “Marcha por la Vida y la Familia”.
La marcha será de la glorieta del Rey Colimán a la Piedra Lisa, donde protestarán en contra del aborto y de los matrimonios igualitarios, que fueron los dos primeros foros que realizó el Congreso local.
Los grupos religiosos ya adelantaron que se manifestarán en contra del aborto y en contra de las uniones de parejas de personas de un mismo sexo. Se espera nutrida esta marcha ya que incluso se estuvo promoviendo a través de las diversas publicaciones que tiene la iglesia católica.
Cuando se celebró el foro en el Congreso del Estado, ya le relaté de como hubo grupos rezando, y entonando cánticos y llevando hasta imágenes, para que el “Señor” les abriera el pensamiento a los diputados… se llegaron a dar gritos en contra de las minorías que se manifestaron a favor de que se legisle sobre estos dos controversiales temas. Ya le contaré cómo se desarrolla esta marcha.
Finalmente el miércoles, a las 17:00 horas, en el Congreso local comparecerá el Auditor Superior de Hacienda, Armando Zamora González, a fin de que exponga los avances que llevan las auditorías excepcionales en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno, y de la administración estatal de los ejercicios 2014 y 2015, así como el endeudamiento extraordinario.