Por: Juan Ramón Negrete Jiménez
Ignorantia facti, non iuris excusatur.-
(Se excusa la ignorancia del hecho, más no la del derecho)
¿IGNORANTES O…?
Es para preocupar la situación que se está viviendo al interior del Congreso del Estado, donde los diputados de la Quincuagésimo Octava Legislatura, se empujan entre ellos, para no estorbarse y ver a quien le sale mejor la pifia, o comete el yerro más sonado, y lo hacen con tal ligereza que hasta pareciera normal que se viole un día sí, y al otro también lo que señala el librito, que debería ser la biblia para los diputados, que se llama Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento.
Quizá por esas ansias de tratar de ser la estrella de la película o de sorprender a los reporteros con afirmaciones temerarias y rimbombantes para ganarse “la de ocho” en los medios, lo único que hacen es mostrar su desconocimiento en la cuestión legislativa.
Pero claro no podía ser de otra manera, cuando la mayoría azul, está más preocupada por entregarles reconocimientos a los ciudadanos, la mayoría simpatizantes o militantes en activos del blanquiazul, que azuzados o encarlangados por los propios diputados panistas fueron alborotados para que se inscribieran como aspirantes a gobernador interino, cuando sabían que constitucionalmente era algo que estaba fuera de la legalidad, y que fueron utilizados por los blanquiazules para tratar de apoderarse de la gubernatura interina en la mesa, en lugar de poner atención a lo que realmente interesa a los colimenses.
Lo ocurrido en la última sesión del Congreso no es pecata minuta y debe preocupar a los abogados del Poder Legislativo, porque como bien se afirmala ignorancia de la Ley no exime de responsabilidad, y la pifia legislativa en que incurrió la diputada Julia Licet Jiménez Angulo, presidenta de la Comisión de Responsabilidades, no fue cualquier cosa.
Pero sabe qué es lo peor, que parece que no actuó sola… pero vamos por parte.
La mayoría panista en el Congreso del Estado, cree que está en el Poder Legislativo, para cobrarse todas las afrentas y sacar todo ese resentimiento acumulado en contra del partido que aún gobierna en la entidad, ya lo dijo otra diputada de ese partido, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, cuando querían imponer gobernador, que el tricolor había avasallado al PAN “desde 1857 que el PRI había estado en el poder”, por ello, sin reparar en formas, quieren aplicar aquella máxima de que “el fin justifica los medios”.
Resulta que en la última sesión, la presidenta de la Comisión de Responsabilidades, sí a la que le corresponde impartir justicia a servidores públicos y ex servidores públicos, en el punto final de la sesión, en Asuntos Generales, tuvo la genial ocurrencia, quien sabe quién la alborotó para eso, para subir a la tribuna y leer un escrito, lo cual es facultad de todos los diputados, en las sesiones ordinarias.
Sin embargo lo que Julia Licet Jiménez leyó, sigo sin poder descifrar si fue un posicionamiento personal, porque no fue iniciativa de ley, ni fue iniciativa de decreto, tampoco fue iniciativa de acuerdo, ni tampoco fue iniciativa de acuerdo económico, que son las figuras que contempla el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, quién sabe que figura tendría el escrito, el caso es que, así lo dijo:
“…en mi carácter de presidenta de la Comisión de Responsabilidades de esta Quincuagésimo Octava Legislatura…”, “… y por la obligación que conlleva mi función como Presidenta de la Comisión de responsabilidades (sic) de este H. Congreso, tengo a bien informarles del inicio de juicio Político y de Responsabilidad (sic) (las negritas son mías) en contra del Procurador General de Justicia del Estado, licenciado Marco Santana Montes y el C. Rigoberto Salazar Velasco, entonces Secretario de Desarrollo Social.”
El documento que leyó la diputada panista dirigido a sus “compañeros diputados, medios de comunicación y a la población colimense”, no trae en ninguno de los 9 párrafos que lo componen, ningún fundamento jurídico, como lo ordena el Artículo 123, fracciones b), y c), del Reglamento de la Ley Orgánica, o en qué se estaba basando para iniciar este Juicio Político y de Responsabilidad.
¿DE VERAS NO LO SABRÁN, O ES MALA LECHE?
La presidenta de la Comisión de Responsabilidades con este escrito, por sus pistolas anuncia “del inicio de juicio Político y de Responsabilidad” en contra de (en ese entonces) un funcionario y un ex servidor público, sin embargo está fuera de toda legalidad, y muestra de cuerpo entero la ignorancia de la legisladora y de sus asesores jurídicos que le permitieron subir a la máxima tribuna del estado a exhibirse.
Según Julia Licet Jiménez, con este solo escrito, que ni siquiera estaba firmado por ella y que no lo entregó ni a la presidencia, ni a la Oficialía Mayor, la presidenta de la Comisión de Responsabilidades por sí sola se arroga para ella, no solo las facultades de los cinco integrantes de esa comisión (dos de ellos de un partido distinto al de ella, son del PRI), sino del pleno del Congreso.
No sé si la diputada del PAN sepa que la Constitución Política del Estado, en el Título XI, Capítulo Único, “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus artículos 119, 120, 121, 122 y 125, señalan quienes serán sujeto de responsabilidades y concretamente en su artículo 122, en el primer párrafo, dice que “De los delitos y faltas oficiales en que incurran los funcionarios a que se refiere el artículo anterior, conocerán el Congreso como Jurado de Acusación (otra vez, las negritas son mías) y el Supremo Tribunal de Justicia, en acuerdo pleno, como Jurado de sentencia.”, ¡ah, qué caray!.
Y para que no quede ninguna duda de cómo debe procederse en estos casos, el artículo 80, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le plasma que: “Cuando el Congreso actúe erigido en jurado de acusación o declaración de procedencia en los términos de la fracción XXXVI del artículo 33 de la Constitución, las sesiones serán ordinarias o extraordinarias, según el caso.”
Y en el artículo 101 de la misma Ley Orgánica, en el Capítulo II, denominado “En materia de responsabilidades”, les restriega en la cara como se debe actuar y dice: “Artículo 101.- Para conocer sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos, a que se refiere el capítulo único del título XI de la Constitución, (que ya se lo transcribí líneas arriba) en materia de juicio político, el Congreso deber (sic) erigirse previamente en jurado de acusación, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos”.
Si usted observa no es con corazonadas o con ocurrencias, subir en el espacio de asuntos generales y decir “…tengo a bien informarles del inicio de juicio Político y de Responsabilidad…”, como lo hizo la panista, como se debe actuar legalmente para iniciar un procedimiento, que sabe qué es lo peor, que por esa ignorancia y esas ansias de novillero y ese afán de exhibicionismo, puede darle al traste a la acción legal que debe instaurarse en contra e los señalados, en caso de que efectivamente sean encontrados responsables de lo que se les acusa.
Como parece que no lo han hecho los diputados panistas, ni sus asesores jurídicos, la mayoría blanquiazules, porque nadie subió a corregir a Julia Licet Jiménez, es que en la página 90 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el Capítulo XXIII, “Del juicio político y de la declaración de procedencia”, dice en su artículo 215, que “…corresponde a la Comisión de Responsabilidades (a toda, no solo a la presidenta) instruir, con el auxilio de la Oficialía Mayor, los procedimientos de los asuntos en los que la Legislatura deba erigirse en jurado de acusación o de procedencia, en contra de los servidores públicos a que se refieren los artículos 121 y 122 de la Constitución”.
Y enseguida en esa parte del Reglamento, se abre la Sección A, “Del procedimiento de Juicio Político”, donde de los artículos 216 al 223, se vacía todo el proceso a seguir, para instaurar el procedimiento de juicio político.
La panista Julia Licet Jiménez, no dijo que haya ninguna denuncia presentada ante la Oficial Mayor del Congreso y que en caso de haberla que se hubiera turnado a la Comisión de Responsabilidades de acuerdo al Artículo 217 del Reglamento, señala que “…turnada la denuncia a la Comisión de Responsabilidades, está (sic) dictaminará si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7º de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2º de la misma Ley, así como si la denuncia es procedente, y por lo tanto amerita la incoación del procedimiento”.
La diputada panista dejó de lado todo eso y de su ronco pecho sube a tribuna a decir se inició juicio político y de responsabilidades en contra del Procurador del Estado, Marcos Santana Montes y el ex Secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar Velasco.
Valga decir que la diputada en su escrito sí menciona que inicia este juicio político y de responsabilidades “para dar cumplimiento a lo mandatado por la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su resolutivo cuarto. Que a la letra dice:
“CUARTO.- Dese vista a la Legislatura del Estado de Colima a efecto de que se investigue al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y al Procurador General de Justician ya acreditada en el proceso electoral dos mil catorce-dos mil quince para el cargo de Gobernador.”
Hasta aquí creo que ha quedado claro, que la legisladora panista ha errado el mecanismo, pero por si hubiera alguna duda, sobre todo de los amigos de la legisladora o sus asesores, el artículo 228 del mismo Reglamento, en la Sección C, donde están plasmadas las “Disposiciones comunes para el Juicio Político y la Declaración de Procedencia”, le dice claramente en el primer párrafo, que “Por ningún motivo podrá dispensarse trámite alguno de los establecidos en los capítulos relativos al juicio político y al de procedencia.”
Y yendo más allá, el artículo 235, la dice a la Comisión de Responsabilidades (a toda, no solo a la presidenta), que “La Comisión o la Asamblea no podrán erigirse en órgano de acusación o jurado de procedencia, sin que antes se compruebe, fehacientemente, que el servidor público, su defensor, o el denunciante, han sido debidamente citados”.
¿ACTUANDO POR CONSIGNA?
Pero bueno le decía que desde mi punto de vista la presidenta de la Comisión de Responsabilidades, no había actuado sola, porque en la misma sesión, cuando ya había hecho su espectacular anuncio de que se iniciaba el juicio político y de responsabilidades, subió otro diputado panista (bueno él decía que era perredista) Luis Ayala Campos, y da lectura a un punto de acuerdo, finalmente aprobado por los 14 diputados del PAN y MC donde, eso sí “de manera respetuosa”, exhortan al Titular del Poder Ejecutivo “a efecto de remover al licenciado Marcos Santana Montes titular de la Procuraduría General de Justicia del estado, para estar en posibilidades de valorar y sancionar las responsabilidades correspondientes por su intervención ya acreditada en el proceso electoral 2014-2015”.
Así de claro, por un lado la presidenta de la Comisión de Responsabilidades dice que inicia Juicio Político y de Responsabilidades, y por el otro, quieren que el gobernador del Estado, despida o destituya al Procurador para valorar y sancionar las responsabilidades, entonces ¿para qué es el juicio político?
La Comisión de Responsabilidades se erige, porque así lo decide su presidenta, en gran jurado de acusación, no muestra ningún expediente, lo único que tienen es la sentencia de la Sala Superior, que le da vistas al Congreso para que investigue, ojo, no dice son culpables.
Tanto el hoy ex procurador, como el ex secretario de Desarrollo Social, no han sido oídos ni vencidos, ¡ah! pero el juicio sumario ya está.
Marcos Santana, como Rigoberto Salazar, ya fueron crucificados en los medios, ya nomás faltó escuchar aquella frase lapidaria de “¡a los leones!”, como ocurría en el antiguo circo romano o “a la horca, al patíbulo”, como ocurría con los malhechores del viejo oeste, porque así lo quiso la presidenta de la Comisión de Responsabilidades. Hasta aquí ya traté de mostrarle más o menos qué es lo que se debió hacer, así que usted juzgue.
El Procurador General de justicia del estado, Marcos santana Montes, presentó su renuncia al gobernador, según dijo, para enfrentar sin el fuero constitucional las acusaciones que sobre él pesan, habrá que esperar que en esta semana la Presidenta de la Comisión de responsabilidades, convoque al pleno para erigirse en jurado de procedencia, si es que ya tiene un expediente elaborado con la denuncia, de lo contrario se habrá exhibido de manera gratuita y todo por querer llevarse las palmas y tener esos cinco minutos de gloria…. Ya veremos.
PARA CERRAR… TÓMELO CON RESERVA
Antes de concluir le informo que el asunto que le comenté en la pasada columna acerca de que Jorge Luis Preciado Rodríguez, no será candidato a la gubernatura del estado e incluso que el propio Partido Acción Nacional pudiera ser sancionado no permitiéndole participar en el proceso extraordinario, está cobrando fuerza.
El Partido Revolucionario Institucional, el pasado fin de semana envió una excitativa a la FEPADE, a fin de que agilice las investigaciones y se apliquen las sanciones, a quienes la Sala Superior del Tribunal Electoral, señaló como responsables de haber alterado documentos oficiales del INE para prefabricar pruebas y tratar de engañar a los magistrados.
En una próxima entrega le informaré más al respecto, ya que al parecer siguen apareciendo otras chuecuras, entre ellas, al parecer se está investigando el que el PAN y su precandidato a la gubernatura, trataron de prefabricar otra prueba.
Se habla de que hubo ofrecimientos de mucho dinero para tratar de corromper a un alto funcionario, se dice que concretamente le ofrecieron tres millones de pesos para que aceptara, pero de eso y otras lindezas se lo comentaré en otra entrega, lo que le puede anticipar es que al parecer estuvieron involucrados funcionarios del INE involucrados, solo espero contar con unas pruebas de ello y se lo haré saber. Le anticipo se pondrá bueno el jolgorio.
En otro asunto hoy solo le digo que el consejo general del Instituto Nacional Electoral, no aprobó la convocatoria para la elección extraordinaria para gobernador del estado de Colima, el pasado viernes como le había dicho, porque no han terminado de elaborarla según lo afirmó el presidente de este órgano electoral, Lorenzo Córdova, será hasta este miércoles 11 de noviembre cuando los consejeros Arturo Sánchez y Pamela Sanmartín, presenten el calendario, en donde estarán plasmadas las fechas para desarrollar las distintas etapas que comprenderá la jornada electoral extraordinaria.
“Desde la Curul 26” estaremos muy pendientes de lo que ocurra, por lo pronto le informo que mañana habrá sesión en el Congreso del Estado, será de mero trámite, al parecer van a sacar algunas pensiones y un dictamen relativo con un amparo en contra del Congreso.
Para concluir le recomiendo que esta semana no pierda de vista los nombres de Enrique Michel Ruiz, Jaime Vázquez Montes y Jesús Dueñas Llerenas, hasta la próxima.