*Rinde su cuarto informe de labores el magistrado presidente Bernardo Alfredo Salazar Santana. *Demanda autonomía financiera para hacer frente a los nuevos retos que enfrenta el Poder Judicial. *En los próximos dos años se comenzará a transitar hacia una plena Justicia Digital.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Al rendir su cuarto informe de actividades realizadas durante el Año Judicial 2019-2020, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Alfredo Salazar Santana, insistió en la necesidad de que se haga “el reconocimiento de la autonomía financiera del ámbito judicial” para hacer frente a los nuevos retos que enfrenta el Poder Judicial.
Este informe se realizó ante el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y con la presencia de los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, José Ignacio Peralta Sánchez y Francisco Rodríguez García, respectivamente, así como un reducido número de invitados a causa de la Pandemia de Covid-19.
El magistrado presidente del STJE dijo que el tema de la autonomía financiera se ha tratado ya en diversas reuniones con el Senado de la República, con el propósito de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconozca la autonomía presupuestaria de los Poderes Judiciales y así, hacer frente a los nuevos retos que enfrenta el Poder Judicial.
Durante su informe, Salazar Santana hizo una síntesis de las acciones realizadas por el Poder Judicial del Estado durante este año judicial.
En el ámbito financiero, Salazar Santana destacó que en el rubro del presupuesto, para el ejercicio fiscal 2020, el presupuesto aprobado al Poder Judicial del Estado fue de 216 millones de pesos del cual cerca del 72% está destinado a servicios personales.
De ese presupuesto, sólo se han ejercido 174 millones 613 mil 826 pesos con 07 centavos, restando un monto por ejercer de 41 millones 295 mil 345 pesos con 32 centavos.
“Es de señalarse que a la fecha en que se rinde el presente informe, se han destinado un 1 millón 849 mil 083 pesos más al rubro de pensiones y jubilaciones, de modo que el gasto ejercido fue mayor al aprobado. De manera que, el presupuesto proyectado para la operatividad del cierre del ejercicio del 2020, asciende a la cantidad de 280 millones 834 mil 442 pesos”.
COVID
Se refirió a la contingencia por el SARS-CoV-2, señalando que se visibilizó la realidad a la que se enfrentan los Poderes Judiciales en términos de Justicia Digital.
“Si bien, la administración de justicia se enlistó como una actividad esencial y las instituciones judiciales tanto de la Federación como de cada entidad federativa adoptamos medidas tendientes a armonizar los derechos a la salud y de acceso a la justicia, lo cierto también es que coincidimos en el mismo punto de partida: el tránsito del papel a la incorporación de trámites electrónicos en el quehacer jurisdiccional, garantía de justicia más pronta y expedita”.
En este sentido, informó que se ha desarrollado el plan de modernización del Poder Judicial del Estado, a efecto de incorporar las tecnologías en los procesos jurisdiccionales y administrativos, principalmente el expediente electrónico y los juicios en línea, para lo cual se requiere de recursos financieros adicionales y reformas legales; en este sentido, “en los próximos dos años se comenzará a transitar hacia una plena Justicia Digital”, dijo.
Para comenzar a materializar ese plan de modernización, se realizaron adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a efecto de incorporar el sistema electrónico para la tramitación de los procesos judiciales mediante el uso de las tecnologías de la información.
“Sabemos que no todas las personas tienen acceso a las tecnologías, ya sea porque no están familiarizados con su uso o porque no cuentan con los recursos económicos para acceder a las mismas; en esos casos, como autoridades tenemos el deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia, por lo que estamos obligados a generar condiciones para que puedan utilizarlas. En este sentido, hemos considerado que la plataforma para los trámites judiciales electrónicos sea lo más amigable posible, ya que, si es compleja para navegar o ser consultada, nos queda claro que nosotros mismos estaremos obstaculizando el acceso a la justicia”, señaló.
Dijo que para hacer frente a la contingencia, desde un principio se establecieron medidas para dar trámite a aquellas situaciones prioritarias y urgentes en las materias familiar y penal, tanto de primera como de segunda instancia; además que, se previeron dinámicas en cada órgano jurisdiccional y área administrativa a efecto de que, aun cuando no hubo atención al público, se diera continuidad al quehacer propio de esta Institución.
En este sentido, del 18 de marzo al 29 de junio del presente año, período durante el cual se trabajó a puerta cerrada, con guardias, o desde sus casas, y dentro del cual estuvieron suspendidas las actividades judiciales, así como los plazos y términos, los órganos jurisdiccionales de los tres partidos judiciales, en sus distintas materias, realizaron 9 mil 765 acciones con carácter urgente, 12 mil 806 no urgentes y 16 mil 777 acciones que van desde la reprogramación de audiencias hasta la elaboración de acuerdos y proyección de sentencias.
Dentro de las jornadas de notificación se llevaron a cabo 7 mil 111 notificaciones en primera y segunda instancia; y las Oficialías de Partes recibieron 1 mil 014 demandas y 4 mil 792 promociones.
Se debe entender que la realidad de la pandemia impone la aplicación de esas medidas, que no podemos permitirnos que en aras de trabajar como se hacía en otras circunstancias, se ponga en riesgo la salud y la vida de los trabajadores del Poder Judicial de los usuarios del servicio.
De parte del STJE existe el compromiso de incorporar mecanismos para que el funcionario judicial tenga su firma electrónica certificada. “Pedimos a los abogados litigantes hagan lo propio, ya que ello permitirá que se puedan hacer trámites en línea, así como hacer notificaciones electrónicas y diligenciar exhortos y comunicaciones oficiales”.