Michel Camarena detalló que en las observaciones generales solamente se mencionan detalles, como palabras que se pusieron de manera incorrecta; y que el articulado se haga conforme a la normatividad jurídica que se viene haciendo en el Senado; mientras que en las de forma se hacen 32 observaciones a igual número de artículos de los 52 que contempla la propuesta de ley reglamentaria de la Comisión de Límites. “Ahí sí son observaciones de forma que tienen que ver, de manera muy importante, con la redacción de los propios artículos”, indicó.
Explicó que en especial se están enviando cuatro observaciones de fondo que, independientemente de las anteriores, el Senado de la República debe analizar con mucha profundidad, para poder tener una ley reglamentaria más acorde a lo que los propios legisladores están planteando.
La primera tiene que ver con el sentido que en el proyecto de dictamen se señala, que los hechos controvertidos que no se hayan combatido se presumirán por ciertos; y aclaró: “aquí nosotros le estamos agregando que sea así, pero que sea salvo prueba en contrario, lo que significa que si hay pruebas documentales públicas o pruebas que podamos concatenar con otras pruebas y estas nos lleven a una verdad plena de las cosas, deben prevalecer la prueba plena, la prueba absoluta sobre la presunción.
“Esto quiere decir que no sólo por el hecho de que no hayas controvertido un hecho, ya lo vas a tener por cierto cuando se deriven otras pruebas importantes; entonces, nosotros por eso le agregamos, ‘salvo prueba en contrario’ y como consecuencia que debe prevalecer la prueba pública, la prueba plena sobre la presunción.”
Un segundo tema –abundó- es sobre la elaboración del dictamen. En la elaboración del dictamen, el proyecto que se está sometiendo a consideración dice que se tomarán en cuenta, para la aprobación del dictamen, las pruebas que las partes hayan aportado, pero además los aspectos económicos, sociales e históricos que también haya sobre la zona; “nosotros aquí hacemos dos observaciones muy importantes: la primera, que también se deben tomar en cuenta como pruebas las acciones de gobierno, es decir los actos que en ejercicio soberano haga el Gobierno.”
En ese sentido mencionó como ejemplo la seguridad pública, el registro civil, la atención médica; es decir, todos los servicios que desarrolla el estado a favor de la comunidad, pero siempre y cuando éstos se plasmen en pruebas, “que es una cuestión importantísima porque son los actos que verdaderamente ejerce el gobierno a favor de la comunidad como un acto verdaderamente soberano”, puntualizó.
Y el otro aspecto es que la cuestión económica, social, política e histórica se tomen en cuenta cuando se aporten documentos que acrediten estos hechos; por ejemplo, en lo económico las obras desarrolladas en la zona, no sólo el hecho de que lo digan, sino que se acredite; en lo social, los beneficios que se llevan a la sociedad, que sean beneficios realmente tangibles, que se puedan acreditar.
En cuanto a lo histórico, refirió que “son todos los antecedentes, que aquí tenemos muchísimos nosotros, desde el acta constitutiva de la Federación en 1824, y sin duda con esto vamos a acotar la facultad de la autoridad; nosotros lo hemos dicho varias veces, aquí había una facultad discrecional, la facultad discrecional que no es acotada se llama arbitrariedad, la facultad discrecional que es acotada se llama legalidad.”
El Secretario General de Gobierno afirmó que se le está apostando a que haya legalidad en la apreciación de estos actos de gobierno que, indudablemente, son importantes a la hora de emitir el dictamen de Senado de la República, el cual tendrá que ser aprobado por las dos terceras partes de los senadores presentes.
Un tercer aspecto de fondo es que el Senado de la República, cuando menos en el proyecto, dice que no se admitirá ningún tipo de recursos al admitir pruebas, rechazarlas o calificarlas. Al respecto, declaró:
“Nosotros estamos proponiendo que en ese caso se admita un recurso de reconsideración ante la misma comisión, que haga la valoración de estos medios de prueba y se resuelva de manera inmediata; esto con la finalidad de que las partes, es decir, los estados, tengamos la oportunidad de ver cuáles son los criterios de valoración de las pruebas, porque si no nos quedamos en total estado de indefensión a la hora de que la Comisión de Límites haga la valoración de sus pruebas; por eso consideramos que ante la propia comisión se debe promover un recurso de consideración y que nos escuchen como partes, como estado, nuestros argumentos por qué a las pruebas se les tiene que admitir y por qué también los alcances de esta misma prueba.”
El último tema expuesto, al que Michel Camarena consideró como “de verdadero fondo”, son las pruebas documentales públicas que, en el caso del proyecto del dictamen dice que éstas deben apegarse a la realidad, lo que calificó de algo muy subjetivo:
“Nosotros lo que estamos señalando aquí, de manera muy concreta, es que las pruebas documentales públicas como tales, tienen valor probatorio pleno; y las pruebas documentales públicas solamente perderán validez cuando sean declaradas falsas o cuando las pruebas tengan algún daño, algún deterioro; pero no que éstas se apeguen a la realidad, porque esto es subjetivo y nosotros le estamos apostando a lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que han dicho las autoridades federales y las autoridades estatales en materia de valoración de pruebas. Una prueba documental pública tiene valor probatorio pleno, salvo que se acredite que son falsas.”
Héctor Michel Camarena reiteró que la postura del proyecto es que las pruebas documentales públicas se apeguen a la realidad y opinó: “yo creo que eso contraviene todas las posiciones normativas del país, por eso estamos sugiriendo que estos cuatro puntos, que nosotros consideramos de fondo, se tomen en cuenta para que podamos avanzar con más certidumbre.” Tal es la postura de Colima respecto al proyecto de Ley Reglamentaria para la Comisión de Límites.
Recalcó que son apreciaciones muy respetuosas que se está haciendo a la Cámara y que se espera que las tomen en cuenta, tanto las apreciaciones de forma como las apreciaciones de fondo mencionadas con anterioridad.
El funcionario estatal mencionó que después de un estudio muy minucioso con los juristas de Colima, durante varias reuniones, se llegó a estas conclusiones; que aunque en lo general se coinciden con el proyecto, las observaciones realizadas son de vital importancia no sólo para el conflicto Colima-Jalisco, sino para todos los que se presenten en lo sucesivo, considerándola como una herramienta jurídica que con estas observaciones mejorará sustancialmente. “Le apostamos a eso, a que los Senadores que han demostrado muy buena voluntad para esto, las analicen, las valoren y, si lo consideran pertinente, pues puedan hacer las correcciones pertinentes”, dijo.
Por último, el secretario general de Gobierno, Héctor Michel Camarena, informó que las propuestas y observaciones hechas por la Comisión para la Defensa de la Integridad Territorial del Estado de Colima se enviaron el día de ayer, y se pedirá al Presidente de la Comisión de Límites del Senado y al Presidente de la Comisiones de Estudios Legislativos, que reciban a la comitiva colimense en la ciudad de México para exponer sus aportaciones.