La semana pasada, miles de peces aparecieron muertos en la laguna, un fenómeno que también se presentó anteriormente en la laguna de Juluapan.
Días después la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSyB) se apresuró a dar a conocer un informe de la Administradora Portuaria Integral (API) en donde señalaba que fue un vertedero de aguas negras operado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo (Capdam) la causante del ecocidio.
Según la autoridad estatal el agua no presentaba ningún problema en los niveles de oxígeno o plomo, pero el comandante de la sexta región naval, Jaime Mejía, opina que la causa se debió “al sobrecalientamiento del agua y a la falta de oxígeno”.
La SSyBS sostuvo que la responsabilidad de llevar a cabo más análisis es de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin embargo, el subdirector de esta dependencia en Colima, Eleazar Castro, aseguró en entrevista radiofónica que los estudios tardan al menos una semana y que los parámetros de acidez (niveles PH) son normales para la vida acuática por lo que descartó presencia de sustancias tóxicas.
La Capdam negó ser la culpable del derrame de aguas negras y alegó que operan de acuerdo a los lineamientos oficiales requeridos.
Pero los investigadores de la Universidad de Guadalajara, Raquel Gutiérrez Nájera y Martín Gómez tienen otra hipótesis.
En una entrevista concedida a Proceso Jalisco el año pasado, aseveran que es la contaminación de la empresa minera Peña Colorada la que provoca este tipo de fenómenos, concretamente por la presa de jales.
“Los vecinos de Las Pesadas denunciaban que la corrida de aguas hacia la parte baja envenenaba los manantiales de los que se abastecen ellos y sus animales. Desde entonces salió a relucir que entre los contaminantes había metales pesados, así como residuos de mercurio y otras sustancias que se manejan en los procesos de extracción de hierro”, afirma Raquel Gutiérrez.
Según ella, el manejo de sus jales y residuos peligrosos es inadecuado, carece incluso de una planta de tratamiento de aguas. A ello se debe, insiste, que ese material afecte las tomas de agua de las comunidades indígenas, y luego el líquido que fluye hacia el océano Pacífico y a Manzanillo.
Insistieron en que debe ser la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) la dependencia que debe actuar en consecuencia, sin embargo, para ellos la empresa minera opera con los mecanismos adecuados y que la muerte de los peces fue “por causas naturales”.
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