Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Asociaciones Civiles del Estado de Colima se solidarizaron con el Instituto Colimense de las Mujeres, cuya directora Mariana Martínez Flores y la licenciada Alejandra Robles Linares, quienes han recibido amenazas y han sido violentadas de manera pública, al acusarlas sin fundamento que son omisas en el feminicidio de Perla Julissa o de proteger al presunto responsable.
Estas son la Asociación Colimense de Universitarias; Consejo Ciudadano 100 por Colima; Fundación IUS Género; Las Rosas Rojas; Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México; Colegio de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres; Federación de Egresados de la Universidad de Colima.
Así también la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima y el Colegio Colimense de Psicólogos.
En el posicionamiento firmado por dichas asociaciones manifestaron el apoyo y solidarizciòn a la directora del ICM, Mariana Martínez y la licenciada Alejandra Robles.
“Quienes han sido amenazadas junto con sus familias y violentadas públicamente en redes sociales por personas o agrupaciones desconocidas, que las acusan infundadamente de ser omisas en el Feminicidio de la joven Perla Julissa, o de proteger al presunto, o presuntos feminicidas”, detalla el documento.
Dentro de este señala:
“En este tenor hacemos las siguientes precisiones:
1. Como primer punto, es necesario hacer del conocimiento que dentro de las funciones establecidas en el Decreto número 355 de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres, se encuentran autorizar programas, realizar acciones, evaluarlos, signar convenios con organizaciones nacionales e internacionales, en favor del desarrollo de las Mujeres. Como dependencia creada para beneficio y apoyo de las mujeres, el ICM tiene como objetivo que se haga justicia y esclarezcan los hechos sucedidos a la joven Julissa, no obstante, nos parece importante aclarar que a la institución que le corresponde investigar con exhaustividad estos hechos delictivos, máxime en tratándose de menores de edad presuntamente involucradas, integrar la carpeta de investigación con la experticia y diligencia debida y rendirle cuentas a la ciudadanía, es la Fiscalía General de Justicia del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Delitos por razones de Género y Trata de Personas, no al Instituto Colimense de las Mujeres.
2. En esta tesitura, no existe omisión alguna del Instituto Colimense de las Mujeres al no pronunciarse sobre la culpabilidad de una o varias personas, y por tanto no es competencia de la Titular. Incluso de hacerlo, ,estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia. En este sentido, exhortamos a las autoridades competentes a que de manera oportuna, esclarezca sin dilaciones, los actos constitutivos de delitos en el Feminicidio de Perla Julissa, y se alleguen de todas las pruebas necesarias para tal efecto.
3. En este orden de ideas, las imágenes y declaraciones que están circulando en redes sociales son una forma de ejercer violencia política hacia la titular del multicitado Instituto en el ejercicio de un cargo público, así como de la madre del menor de edad, presuntamente involucrado en el feminicidio, sin fundamentos ni argumentos sólidos, (pues ella no es sujeta a investigación alguna sobre el feminicidio de Julissa) criminalizando sin pruebas, afectándola a ella y a su familia con estas infundadas aseveraciones, y promoviendo la violencia comunitaria contra dos mujeres, incitando al odio y a la violencia, quienes ya han recibido amenazas hacia ellas y sus familias, negándoles así el derecho que tienen a vivir una vida libre de violencia.
4. Como ciudadanas/os tenemos el deber de ser conscientes e informarnos correctamente de los acontecimientos y dependencias responsables, antes de compartir una información que no tiene sustento y dejar de atormentar a otras mujeres que nada tienen que ver con los hechos delictivos, pues ello vulnera la vida no solo laboral, sino personal, de las mujeres y de sus familias.
Finalmente, como colectivas, somos las primerias solidarias con la familia de Perla Julissa y exigimos desde nuestro pronunciamiento de fecha 11 de mayo del presente año, se esclarezcan los hechos de la joven Julissa y se haga justicia, porque este asunto nos atañe a todas, y se castigue con la penalidad de Feminicidio a la persona o personas responsables. Las mujeres del Estado de Colima, tenemos el derecho humano a una vida libre de violencia y las autoridades de los tres poderes y niveles tienen la obligación de garantizarla.
Exigimos que todas las denuncias interpuestas por violencia política, así como las medidas y órdenes de protección que se dictan por la Fiscalía General de Justicia del estado sean investigadas con el principio de exhaustividad, garantizando así, el pleno goce de los derechos políticos de las Mujeres Colimenses”.