AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

La corrupción en México es una problemática que, lejos de ser reciente, hunde sus raíces en la historia misma del país. Para comprender los inicios de este fenómeno, es necesario remontarse a los primeros contactos entre las civilizaciones originarias y los conquistadores europeos, así como analizar cómo las instituciones y estructuras sociales sentaron las bases para prácticas corruptas que se perpetuaron a lo largo de los siglos.

Antes de la llegada de los europeos, en Mesoamérica existían sociedades complejas y jerarquizadas, como las mexicas, mayas, zapotecas y purépechas, entre muchas otras. Estas civilizaciones tenían sistemas de gobierno centralizados y funcionarios encargados de la recaudación de tributos, la administración de justicia y la organización de la vida social. Aunque no existen registros abundantes sobre prácticas corruptas en el sentido moderno, los documentos prehispánicos muestran que el nepotismo, el favoritismo y los abusos de poder podían aparecer en la administración estatal. La falta de sistemas de rendición de cuentas y la centralización del poder facilitaban que ciertos funcionarios se beneficiaran personalmente de sus cargos.

Con la conquista española en 1521, se impuso un nuevo orden político, social y económico. El virreinato de la Nueva España se convirtió en un territorio vasto y diverso, administrado por representantes de la Corona que debían gobernar en nombre del rey. Sin embargo, la distancia con la metrópoli, la abundancia de recursos naturales y la escasa vigilancia generaron condiciones propicias para la corrupción.

La figura del encomendero, por ejemplo, fue clave en los primeros años coloniales. Se les otorgaban tierras y comunidades indígenas para que recaudaran tributos y evangelizaran a la población, pero muchos encomenderos abusaron de su poder y explotaron a las comunidades sin rendir cuentas ante la autoridad. La venta de cargos públicos, la aceptación de sobornos y el desvío de recursos se convirtieron en prácticas comunes tanto entre funcionarios civiles como eclesiásticos.

Durante la Colonia, la administración se caracterizó por la proliferación de cargos burocráticos y la creación de instituciones como las audiencias, los cabildos y los corregidores. Aunque la Corona española implementó mecanismos como la “visita” (auditorías y supervisión por funcionarios enviados desde España), la aplicación de la ley era irregular y muchas veces dependía de intereses personales o de grupo. La corrupción se manifestaba en la obtención de licencias, permisos para comerciar, el acceso a tierras y minas, e incluso en la justicia, donde los jueces podían ser sobornados para dictar sentencias favorables.

Al mismo tiempo, la Iglesia católica, que acumuló poder y riqueza durante la época colonial, tampoco fue ajena a prácticas corruptas. La venta de indulgencias, el cobro de diezmos y la acumulación de bienes materiales en manos de órdenes religiosas contribuyeron a la percepción de que el acceso al poder y la riqueza estaba mediado por relaciones personales y favores.

Con la independencia de México en 1821, la joven nación heredó muchas de las estructuras de la administración colonial. Los primeros gobiernos republicanos enfrentaron continuos cambios de autoridades, luchas de poder internas y conflictos armados que debilitaron las instituciones y fomentaron prácticas corruptas para mantener el control político y económico.

Durante el siglo XIX, se intensificó la costumbre de otorgar cargos públicos como recompensa a lealtades personales o militares, en lugar de por mérito o capacidad. Los cambios constantes de gobierno y las luchas entre liberales y conservadores dificultaron la consolidación de una burocracia profesional y abrieron espacio para el nepotismo, el clientelismo y la malversación de fondos públicos.

En la segunda mitad del siglo XIX, durante el largo gobierno de Porfirio Díaz, México experimentó importantes transformaciones económicas y sociales. El Porfiriato trajo consigo estabilidad política y crecimiento económico, pero también el fortalecimiento de una élite que controlaba el acceso a la riqueza y el poder mediante redes de favores, concesiones y corrupción institucionalizada.

El sistema político del Porfiriato dependía de la lealtad personal al presidente y su círculo cercano. La asignación de concesiones de ferrocarriles, minas y tierras a empresarios nacionales y extranjeros se hacía muchas veces a cambio de sobornos o favores. La prensa, la justicia y los gobiernos estatales estaban subordinados al poder central, y la falta de contrapesos reales permitía que la corrupción se perpetuara sin mayores consecuencias.

La Revolución Mexicana trajo consigo un cambio profundo en la estructura del Estado y la sociedad mexicana. Sin embargo, el conflicto armado y la reconstrucción nacional también generaron oportunidades para el enriquecimiento ilícito y el uso político del recurso público. Surgieron nuevas élites políticas y militares que aprovecharon su posición para obtener recursos y favores.

A lo largo del siglo XX, la consolidación del partido hegemónico (el Partido Revolucionario Institucional) permitió la creación de una maquinaria política que dependía en gran medida del clientelismo y la manipulación de recursos públicos para mantener el control electoral y social. Aunque existieron avances importantes en el desarrollo del país, la corrupción continuó como un elemento estructural de la vida pública.

Los inicios de la corrupción en México no pueden explicarse por una sola causa ni por un solo periodo histórico. Se trata de un fenómeno complejo que se fue gestando a lo largo de los siglos, alimentado por la debilidad de las instituciones, la falta de transparencia y la ausencia de una efectiva rendición de cuentas. Entender estas raíces históricas es fundamental para enfrentar los retos actuales y construir una sociedad más justa, equitativa y honesta.

La corrupción, en sus múltiples formas, ha marcado la historia de México. Superar este legado requiere no solo reformas legales, sino también un cambio profundo en la cultura política y social del país, donde la ética, la responsabilidad y la participación ciudadana sean los pilares de una nueva relación entre personas y poder público.

Como puede observarse, la corrupción en México se fue gestando poco a poco hasta exacerbar los ánimos a partir del gobierno de Carlos salinas de Gortari y llegando a la cúspide en el gobierno de Peña Nieto.

El Papa Francisco dijo una vez que la corrupción es un mal más grande que el pecado. Y relacionado con el slogan de campaña de José López Portillo que decía: La solución somos todos, el pueblo lo transcribió como “la corrupción somos todos”.

Algunos se han atrevido a decir que las y los mexicanos llevamos la corrupción en las venas, pero sería tanto como solaparla y ya vimos, con los gobiernos del cambio verdadero que la corrupción se puede acabar, sólo falta la voluntad social que, por la vía de la denuncia razonada, fundada y motivada, es posible, no fácil.

Y menos con una oposición que busca la sentencia antes que la investigación, el castigo antes que el proceso legal que demuestre la culpabilidad o la inocencia. No es fácil.

AL MARGEN

Riult Rivera sigue con la actitud del avestruz, escondiendo la cabeza a los señalamientos de los que es objeto. ¿Será que se siente culpable y no encuentra cómo desmentirlos?

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.