Por: Mario Acevedo Manzano
Decíamos en la primera parte de este artículo que, más que amenazas, la Alcaldesa electa debe buscar la cooperación de quienes ocuparon la Alcaldía de Manzanillo para hacer un buen gobierno en beneficio de los Manzanillenses y quienes fueron Alcaldes tienen la obligación moral de cooperar con el Gobierno municipal electo, tanto en el tema de la indemnización a los Ejidatarios de Salahua por la expropiación de las 10 has hecha por el gobierno federal al final de la década de los ochenta del siglo pasado como en todos los demás asuntos de la administración pública municipal en donde cada uno de los ex alcaldes tiene la suficiente experiencia para darla a conocer a la nueva Alcaldesa y lograr el mejor gobierno posible en beneficio de todos.
En el caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) el mismo Decreto de expropiación señala la obligación indemnizar al Ejido y los Ejidatarios cometen el error de ceder la posesión de sus tierra al Ayuntamiento sin un acuerdo previo de pago, al optar por la vía Judicial las partes se atienen al resolutivo de Jueces y Magistrados situación que guarda hasta la actualidad, en realidad, los Ejidatarios han equivocado su estrategia de cobro, pues, a la falta de pago por tantos años, lo mejor para ellos, debe ser recuperar sus terrenos por medio de una lucha política en donde la autoridad municipal acepte el pago por medio de un Convenio aprobado por el Cabildo y el Congreso del Estado a largo plazo en donde los ingresos obtenidos por el saneamiento sean garantía de pago y un parte de estos se dediquen a pagar el total de la deuda por los terrenos expropiados. En los 30 años trascurridos desde la expropiación a la fecha, las 10 has expropiadas se reducen a 8 por en canal realizado en el predio por la CNA, ¿Quién pagara por esas dos has? todo lo anterior, se debe resolver en un plan de cooperación y entendimiento entre Ejidatarios, Autoridades municipales, federales y Congreso del Estado, hasta logar esos acuerdos, se marca la ruta de la solución a este grave problema provocado por un Ejido que en su momento no supo defender su patrimonio y una autoridad municipal omisa a su responsabilidad de pagar los terrenos expropiados.
Los Ejidatarios por su parte, deben entender el beneficio social que representa el saneamiento de las aguas residuales y aportar lo que les corresponda para contribuir a una mejor calidad de vida de los manzanillenses, ellos a su vez, recibieron tierras expropiadas a particulares, y estos, nunca fueron indemnizados, las plusvalía de sus terreros les dieron muchas ganancias por la tierra recibida, también a ellos les corresponde aportar algo de sus beneficios para el desarrollo comunitario. Por su parte la Alcaldesa electa no debe comprar pleitos ajenos y mucho menos convertirse en vengadora por los supuestos agravios de gobiernos municipales anteriores o tratar de hacer en su gobierno un ajuste de cuentas, en realidad, su obligación es hacer el mejor gobierno para los manzanillenses y eso lo sabremos al final de su mandato cuando sea comparado su gobierno con los anteriores, mientras tanto, deberá seguir el ejemplo de AMLO buscando la conciliación entre todos los actores políticos de Manzanillo, pues está demostrado, se puede hacer más en la Paz que en la Guerra.
Notas cortas
Fernando Antero Valle va por su quinta diputación plurinominal, igual esta Jorge Luis Preciado, ¿hasta cuándo terminará de pagar el PAN por sus servicios? Jamás han ganado una elección y de haberla ganado, ni quien dijera nada, pero, ¿acaso no existen más panistas jóvenes que merezcan una candidatura? Si los hay, pero las mafias del panismo se reparten las candidaturas como botín de Piratas, el panismo de a pie y suda la camiseta tiene la palabra.
La PGJE está evaluada por una ONG como una de las mejores de toda la República, da gusto saber que puede acabar la corrupción en los árganos de procuración de Justicia, esto y las nuevas disposiciones del Secretario de Seguridad Publica para capacitar a un equipo de expertos en criminalística demuestran el buen trabajo de Nacho Peralta en Seguridad pública.