TAREA PÚBLICA

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GUATEMALA, LA LECCIÓN

Por: Carlos Orozco Galeana

El Congreso de Guatemala  retiró la inmunidad al presidente Otto Pérez por lo que el mandatario se vio obligado a renunciar antes de  responder ante la ley por los delitos que se le imputan, siendo el más destacable: liderar una mafia que saqueaba al Estado desde las aduanas, con una ganancia de 120 millones de dólares. Previamente, un juez le impuso  una medida de arraigo para impedir una posible fuga mientras se desarrolla la investigación. Hoy duerme en una presión militar.

El suceso, sin precedentes en la historia contemporánea de ese  país, se dio 12 días después de que la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala denunciaran al mandatario y ordenara prisión para la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Otto pataleó y tramitó amparos para defenderse y con el fin de entorpecer el proceso, pero no fructificaron y enfrenta ya la justicia. Mi admiración para el pueblo guatemalteco que desea sacudirse la corrupción y las mafias que actuaban desde adentro del mismo Estado.

El dato que me pareció extraordinario fue el consenso que adquirió la acción contra el aún presidente. Asistieron 132 de los 158 diputados del Legislativo. La decisión fue abrumadoramente mayoritaria, un solo voto en contra, el del diputado del Partido Patriota (en el poder), Gregorio Nolasco. Consenso total.

Pero la Fiscalía del Estado, tras privar de la inmunidad inherente a su cargo al presidente Otto Pérez,  ordenó el arraigo del mandatario por “ temor de que intente abandonar el país y se sustraiga a la justicia”. La Fiscalía determinó que Pérez Molina era el máximo jefe de la mafia que operaba en las aduanas. “Ya no se puede llegar más alto en esa estructura mafiosa”, dijo la entidad que aseguró que los cargos son por cohecho, asociación ilícita y defraudación tributaria.

En tanto, en la Plaza Mayor de la capital guatemalteca y en pueblos y ciudades de provincia, se vive una auténtica fiesta popular, en lo que se considera una victoria del pueblo en contra de las mafias que han secuestrado la dirección del país. El pueblo acudió  feliz a votar (70%).

O sea, el pueblo se  rebeló contra su presidente y está a punto de enjuiciarlo por corrupción. Qué pena, pero que gran decisión. Ponen el ejemplo a varios países del continente donde se gobierna sin ley que  controle y cuyos dirigentes fracasan en el cumplimiento de sus responsabilidades y caen en el abismo de la ilicitud. Hay mucha tela de dónde cortar. En España, recuérdese que la infanta Cristina vive todavía un proceso por ser presumiblemente tapadera de su esposo el príncipe; en Chile, la presidenta Bachelet está desacreditada por servir a los propósitos corruptos de su hijo, que anda muy ocupado en hacer negocios sirviéndose de la influencia de  su señora madre. Todas las puertas se le abren, como a los hijos de la señora Martha Sahagún en su tiempo.  En Brasil, Dilma está agobiada pues ya no es novedad la corrupción en los altos niveles de su gabinete donde hay políticos de numerosos partidos. Y en México, a pesar de que el presidente  Peña Nieto ofreció disculpas a los mexicanos por los asuntos inmobiliarios que todos conocemos, queda la percepción de que difícilmente se recobrará la confianza en el régimen que encabeza.

Este episodio, triste para la región centroamericana, es a la vez un elemento importante. Se manda el mensaje de que los guatemaltecos quieren un país donde se respete la ley, se superen los bajos índices educativos, se incremente la productividad y se mejore el ingreso per cápita –  el 118 de entre 196 países – y, sobre todo, que haya honradez en el manejo de la cosa pública, como lo postuló el presidente  costarricense al referirse al hecho que comento.

El mensaje de los guatemaltecos es que quien quiera el poder tiene que ajustarse al derecho, respetar a los ciudadanos y rendirle cuentas. Y que no admite la corrupción en sus hombres públicos. Gran lección de ese pueblo para  todas las naciones que dudan en sacudirse a los malos gobiernos cuando traicionan la voluntad popular y usan el poder para beneficio propio y de los suyos más cercanos, preferentemente.