ESTADO SIN DERECHO
Por: Carlos Orozco Galeana
La declaración última que hizo antes de emigrar el exprocurador de justicia, Felipe de Jesús Muñoz, en el sentido de que los crímenes contra Silverio Cavazos y Fernando Moreno Peña “estaban durmiendo el sueño de los justos”, fue la más espectacular de todas las que produjo este funcionario.
Causó estupor porque su opinión evidenció un incumplimiento de ley, la negación del estado de Derecho como realidad; o sea, el Estado se zafó, se zafa del Estado de Derecho para convertirse en un ente baladí, espectador e indiferente ante una sociedad exigente de justicia, legalidad y certidumbre.
Cualquier abogado sabe que el Estado de derecho es el imperio de la ley, derecho y ley entendidos como expresión de la voluntad general. John Adams acuñó la frase “gobierno de leyes, no de hombres”, cuando redactó la Constitución de Massachusetts, USA, en 1780, para sintetizar adecuadamente la idea de Estado de Derecho. Vale decirlo junto con Diego Garcia Ricc, (CNDH 2011), que con él se revaloriza la ley, pues se considera a ésta como expresión de la razón, capaz de responder a las demandas de certeza y seguridad. La ley ha de ocupar un papel prioritario para la organización de la sociedad y para la regulación de los derechos del hombre. Además, ha de convertirse en el mecanismo para eliminar la arbitrariedad, la impunidad y los privilegios.
Esas nociones son muy importantes para crear un marco de discusión en torno a las puntualizaciones del exprocurador local. La falta de investigación no solo de los dos asuntos referidos, sino de cientos más donde es factor la impunidad, significa, en primer término, la ausencia de un estado de derecho que proteja la vida y el patrimonio de todos. Cualquiera puede cometer un delito con la certeza de que no se le perseguirá como debe ser, con toda la fuerza de la ley, ni se le castigará sino hasta cuando, seguro, lo disponga la divina providencia. Aterroriza que para aplicar justicia se señale al mismo gobernador del estado como si no hubiera instituciones justicieras.
Colima padece la ausencia de ese imperio de la ley que debe regir en toda sociedad políticamente organizada. El país es sacudido por una ola de criminalidad pocas veces vista en nuestra historia. Manzanillo es un infierno. Enero será récord histórico en muertes. Pero más grave aún es que cundan los ejemplos, por desgracia, de que la violencia se ataca con más violencia. Hoy en plena calle se martiriza, quema y asesina a supuestos ladrones y violadores a causa de la falta de justicia. La vida humana vale poco.
Lo peor que nos está ocurriendo como sociedad es que la justicia no se aplica en casos en que las culpabilidades están a la vista. Uno pregunta: si los casos de agresión a dos exgobernadores que andaban protegidos, sufrieron graves atentados ¿cómo le irá a ciudadanos indefensos ante cualquier acción ilegal que implique una amenaza, un daño patrimonial o a la propia vida? ¿Y los militares, por qué no vienen a protegernos al menos una temporada?
El cambio de procurador pudo ser muy importante si el engranaje jurídico que sustenta a la PGJ se pone a funcionar correctamente y le da prioridad a la averiguación de los casos urgentes que “duermen el sueño de los justos”.
El estado de derecho es la carta de presentación de todo gobierno y la aplicación de la justicia es su expresión más vertical e íntegra. Si ha de recuperarse la confianza en la autoridad, será porque la ley se cumple y no hay intocables. Los discursos ya no sirven.
Piénsese que nuestra sociedad sufre una gran perturbación porque la violencia aumenta cada día y daña por parejo a hombres, mujeres y niños. Solo con el cambio de procurador es difícil que las cosas se compongan, pero es una oportunidad para hacer un alto en el camino, examinar estrategias, revisar procedimientos y corregir lo que se haya hecho mal.