TAREA POLÍTICA

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LA NUEVA COCA

Por: José Luís Santana Ochoa

Ante la más que evidente explotación  que malandrines vienen haciendo de minas ferrosas, con el resultante daño ecológico y el robo en despoblado de importantes recursos naturales en perjuicio de la entidad y de la nación, el Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado, Rafael Gutiérrez Villalobos, se ha dado a la tarea de sobrevolar las zonas mineras, gracias a la cual ha detectado “ por lo menos dos empresas chinas que están perforando minas en el territorio sin permisos ni estudios de impacto ambiental”, claro indicio de que “puede haber más perforaciones mineras sin que el gobierno  se dé cuenta”.

“Hay empresas de denominación asiática que han venido a generar condiciones de movimientos de tierra inadecuados y no traen el manifiesto ambiental. Estamos trabajando y detectando cuáles vienen y hacen desorden y cuáles sí ayudan”, ha declarado Gutiérrez Villalobos, un funcionario centrado en fomentar la economía del estado pero también en  proteger el medio ambiente haciendo  revisiones periódicas y reportes a las autoridades federales que son las encargadas de sancionar, pues “si las permitimos crearán un desorden en la sustentabilidad ecológica”.

Tranquiliza saber que la SEFOME tiene detectada la ubicación de los minerales en territorio colimense, mapeo que le permite hacer revisiones periódicas y entregar  reportes a las autoridades federales que son las encargadas de sancionar, pues “si las permitimos crearán un desorden en la sustentabilidad ecológica”. Lástima que las susodichas sean tan lentas e ineficaces en su accionar, a pesar de las valiosas tareas de cuadyuvancia que en la materia viene realizando el funcionario estatal que reconoce  que las mineras permitidas “han cumplido las compensaciones pactadas”, pero al mismo tiempo denuncia que hay otras que llegan a operar sin permiso y sin estudio de impacto ambiental, “por eso cuidamos que autoridades competentes cierren minas que no tienen estudio de impacto”.

Además de la carencia de permisos y estudios de impacto ambiental, en la minería de Colima hay robo de importantes volúmenes de material y sospechas de la participación del crimen organizado en el negocio, incluida su exportación a través del  puerto de Manzanillo, todo lo cual le corresponde investigar a la Autoridad Federal.

Por supuesto que la minería ilegal que denuncia el titular de la SEFOME no es privativa de Colima ni del país. El problema es tal en Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia,  que ya se habla de ella como “la nueva coca de Latinoamérica” porque reporta más ingresos económicos que el  tráfico de drogas.  La minería ilegal ya mueve más dinero que todo el narcotráfico en Perú donde hay más de 40 mil mineros informales que explotan yacimientos y socavones ilegales generando  deforestación, daños ambientales y la creación de mafias, según el diario chileno El Mercurio que también reporta que  un 20 por ciento del oro extraído en Perú y hasta el 96 por ciento del que se produce en Colombia provienen de yacimientos ilegales que no se atienen a las normas ecológicas. Para el presidente colombiano Juan Manuel Santos, “la minería criminal se ha vuelto el combustible de buena parte de la violencia del país, alimenta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al Ejército de Liberación Nacional y a las bandas criminales”.