La demanda de amparo es contra actos de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y está firmada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y por los diputados Ricardo Cantú y Alberto Anaya, del PT, entre otros.
Los legisladores del PT y MC piden a la autoridad se conceda la suspensión provisional, a fin de restituir a los suscritos en el goce de las garantías constitucionales supuestamente violadas.
Asimismo que en su momento se otorgue la suspensión definitiva del acto reclamado, en los términos solicitados, hasta en tanto se resuelva en forma definitiva el juicio de garantías.
También que en su oportunidad se les conceda el amparo y la protección de la justicia federal, ordenándose a los responsables garantizar el derecho de los legisladores de participar en el proceso de elaboración del dictamen en los plazos ordinarios.
La demanda, presentada ante un juez de distrito en materia administrativa, argumenta que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el cual fija el procedimiento para discutir y votar la iniciativa laboral del Ejecutivo, viola sus derechos humanos como legisladores.
Lo anterior toda vez que presuntamente se les impidió participar en la elaboración del dictamen y debate de la reforma.
Por ello, al restringir el derecho de participación, discusión y análisis, en el proceso de dictaminación de la iniciativa preferente de los legisladores la Junta de Coordinación Política ignora el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, según la demanda.
El juicio de amparo no solicita al juez de distrito intervenir u opinar sobre la oportunidad política de la iniciativa en dictamen o sobres méritos de fondo, sino únicamente impedir que un trámite legislativo violente el derecho de participación política de los legisladores e indirectamente de los electores.
Señala que cuando llegó la iniciativa preferente no existía una Comisión del Trabajo, por lo que la Junta de Coordinación Política estableció el mecanismo de discusión e incluso los tiempos, por lo que ordenó un dictamen antes del 26 de septiembre y la votación en el pleno el 27.
Así la presidencia de la Comisión de Trabajo, a cargo del PRI, se encargó de elaborar el dictamen sin la participación de legisladores de los partidos de izquierda.
En el amparo se pide que se suspenda el acuerdo de la junta y que se regrese al estado anterior, es decir que no se apruebe la reforma laboral en el plazo de 30 días.
Fuente: EXCÉLSIOR